edición: 2494 , Viernes, 22 junio 2018
10/01/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Estrasburgo aboga porque los Estados incluyan a los interlocutores sociales en la planificación de las inspecciones de trabajo

Javier Ardalán

La Comisión de Empleo y Asuntos Laborales del Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta, que aún deberá debatida en el Pleno, en la que insta a los Estados miembros a incrementar el personal y los recursos de los organismos nacionales de inspección de trabajo, a alcanzar el objetivo de un inspector por cada 10 000 trabajadores, de conformidad con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Estima que, de conformidad con las normativas legales y las prácticas nacionales, los interlocutores sociales deben desempeñar un papel importante para velar por garantizar el cumplimiento de las normas vigentes; pide a los Estados miembros que garanticen la participación de los interlocutores sociales tanto en el diseño como en la formulación de los planes nacionales de inspección de trabajo como en las propias inspecciones.

Aboga por la creación de organismos de inspección de trabajo adicionales, de dimensión sectorial y con una participación tripartita, en los que estén representados los gobiernos, los trabajadores y las empresas, y porque, a título de proyecto piloto, se pongan en marcha en los Estados miembros que presentan los porcentajes más elevados de trabajo no declarado.

También, aboga por reforzar las sanciones contra las empresas que no respeten sus obligaciones en materia de derechos fundamentales (salarios, jornada laboral y salud y seguridad en el trabajo) y estima que las sanciones en estos casos deben ser efectivas, disuasorias y proporcionadas.

Insta a los Estados miembros a incrementar el personal y los recursos de los organismos nacionales de inspección de trabajo, a alcanzar el objetivo de un inspector por cada 10 000 trabajadores, de conformidad con las recomendaciones de la OIT. Y considera que las sanciones solo serán eficaces si los empleadores no obtienen ningún beneficio al contratar a trabajadores no declarados porque, en caso de que lo hagan, se exponen a pérdidas que superan ampliamente el coste de contratación de un trabajador declarado.

La economía sumergida en la Unión Europea supone un 8,8% del PIB, en torno a los dos billones de euros, según revela una propuesta de resolución del Parlamento Europeo, aprobada. No obstante, hay países en los que representa hasta el 30%, como Bulgaria, Croacia,  Lituania y Estonia). En España se sitúa en torno al 18,6% y en valores absolutos,  casi dos tercios del volumen se concentra en los cinco mayores países (Alemania, Francia, Italia,  Reino Unido y España), según el Documento de Trabajo de la Fundación de Estudios.
 
España se encuentra muy alejada del porcentaje de otros países como Austria y Holanda (por debajo del 10% del PIB), de Francia y Reino Unido (en torno al 10%) y de Alemania (13%). Solamente Italia, entre los  países grandes europeos, mantiene un nivel superior. En los países que muestran mayores niveles de economía sumergida también se dan altos  índices de corrupción. Probablemente actuar contra la economía no declarada signifique actuar al mismo tiempo sobre la corrupción.

Para que los contratos temporales sean objeto de una verdadera inspección, determina que  deben ampliarse las atribuciones de los inspectores en relación con la inspección de las empresas que celebran contratos temporales y la inspección debe incluir el cumplimiento de las normas tarifarias en materia salarial y de condiciones laborales y la aplicación de  salarios mínimos cuando lo requieran la legislación del Estado miembro o los convenios colectivos nacionales.
La proposición aboga por que los organismos nacionales de inspección de trabajo y otras autoridades competentes que elaboren planes de acción para luchar contra el trabajo no declarado, que cubran todas las formas de abuso tanto en relación con el trabajo por cuenta propia como por cuenta ajena.

Cuando los organismos nacionales de inspección se encarguen de los trabajadores migrantes y desplazados, los programas de formación dirigidos a los inspectores de trabajo considera que deben incluir módulos específicos sobre estos trabajadores, así como sobre el trabajo no declarado y la trata de seres humanos, puesto que se trata de problemas entre los que existe un fuerte vínculo, y, cuando proceda, también han de incluir módulos de aprendizaje de idiomas.

A escala de las políticas comunitarias, considera imprescindible que se implante una mayor fluidez y eficacia en los intercambios transfronterizos de información; se imponga una tarjeta europea de seguridad social a prueba de falsificaciones o de otro documento electrónico de ámbito europeo; y lleve a cabo un proyecto piloto sobre un sistema europeo de alerta rápida destinado a señalar las infracciones de las normas de protección de los trabajadores y los casos de trabajo no declarado, que favorecería el intercambio rápido de información entre los Estados miembros y se acompañaría de una lista negra.

Y, finalmente, recomienda crear una agencia europea que se ocupe de todo tipo de asuntos transfronterizos en el ámbito de las inspecciones de trabajo. Dicha agencia podría encargarse, por ejemplo, del control de los proveedores de servicios transnacionales y de las empresas ficticias, la introducción de programas europeos de formación especializada y la organización de controles transfronterizos.

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