edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
28/09/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Europa decide el lunes si España y Portugal pierden o no los fondos estructurales y de inversión

Javier Ardalán
El próximo lunes, 3 de octubre, los eurodiputados de las comisiones parlamentarias de Desarrollo Regional y Asuntos Económicos tienen previsto discutir con representantes de la Comisión Europea la posible suspensión de los fondos estructurales y de inversión a España y Portugal, tras la decisión del Consejo del 12 de julio de iniciar contra ambos países un procedimiento por “déficit excesivo”.
El Consejo ha confirmado que no habrán reducido sus déficits por debajo del 3% del PIB, el valor de referencia de la UE para los déficits públicos dentro del plazo recomendado. En ambos casos ha considerado que el esfuerzo presupuestario se ha quedado muy por debajo de lo recomendado.

El Consejo de Europa decidió que España y Portugal no habían tomado medidas adecuadas en respuesta a sus recomendaciones para corregir la desviación de sus déficit públicos, tal y como establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, e inició el procedimiento por déficit excesivo contra ambos países.

La decisión del Consejo obliga legalmente a la Comisión Europea a proponer una suspensión de parte de los compromisos en fondos estructurales y de inversión para 2017. El Parlamento Europeo ha invitado a la Comisión a este diálogo estructurado antes de la presentación de la propuesta, que será adoptada más adelante.

Posteriormente, el 6 de octubre, la Conferencia de Presidentes, compuesta por el presidente del Parlamento y líderes de los grupos políticos, decidirán sobre los próximos pasos a dar.

Las decisiones del Consejo acarrearán sanciones con arreglo al procedimiento de déficit excesivo. Estas sanciones se basan en el artículo 126, apartado 8, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Además, las multas deberían ascender al 0,2% del PIB, aunque Portugal y España pueden presentar, en un plazo de diez días, solicitudes motivadas para la reducción de las multas. El Consejo dispondrá de diez días para aprobar las multas.

España lleva sometida a un procedimiento de déficit excesivo desde abril de 2009, cuando el Consejo formuló una recomendación en la que pedía que el déficit se corrigiera en 2012 a más tardar.

No obstante, en diciembre de 2009 el Consejo prorrogó el plazo hasta 2013. La Comisión indicó que, según sus previsiones, el déficit de España en 2009 alcanzaría el 11,2% del PIB, cinco puntos porcentuales por encima de su estimación anterior.

En julio de 2012, el Consejo prorrogó el plazo un año más, hasta 2014, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias económicas adversas. La proyección de la Comisión era que el déficit público de España alcanzaría el 6,3% del PIB en 2012, en comparación con el 5,3% previsto anteriormente.

Ese mismo mes de julio, los Estados miembros de la zona del euro acordaron proporcionar hasta 100 000 millones de euros en préstamos para la recapitalización del sector de los servicios financieros de España.
A lo largo del periodo comprendido entre 2013 y 2015, la inflación baja o incluso negativa dificultó el cumplimiento de los objetivos presupuestarios, pero estas dificultades se vieron ampliamente compensadas por el crecimiento del PIB real, que fue superior al esperado.

El entorno de bajos tipos de interés también ayudó a España a reducir su déficit. Según las previsiones económicas de primavera de 2016 de la Comisión, el déficit público será del 3,9% del PIB en 2016 y del 3,1% del PIB en 2017.

Por lo tanto, España no está en condiciones de corregir su déficit en 2016, tal como se le había solicitado. El déficit de las Administraciones Públicas en relación al PIB cayó del 99,3% en 2014 al 99,2% en 2015 gracias a las ventas de activos financieros. Según las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, se espera que en 2016 el déficit de las Administraciones Públicas en relación al PIB aumente al 100,3% para disminuir posteriormente.

El Consejo ha concluido que la respuesta de España a su recomendación de junio de 2013 ha sido insuficiente. España no alcanzó el objetivo intermedio fijado para su déficit público en 2015 y no se prevé que corrija su déficit en 2016, como se le había solicitado. Su esfuerzo presupuestario queda muy por debajo de lo que recomendó el Consejo, y España incluso relajó la orientación de su política presupuestaria en 2015.

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