edición: 2828 , Viernes, 18 octubre 2019
15/09/2011

Europa formará a 700.000 profesionales del derecho en legislación comunitaria

La Comisión Europea asegura que espera lograr su objetivo para el año 2020
La medida afectará a abogados, fiscales, jueces y otros trabajadores del mundo legal
Javier Ardalán

La Comisión Europea tiene un nuevo objetivo: formar a 700.000 profesionales del derecho en la legislación comunitaria para el año 2020. Una meta que se pretende lograr a través de la colaboración de gobiernos nacionales, consejos de la judicatura, colegios profesionales e instituciones de formación judicial, tanto a nivel comunitario y nacional, que deberán comprometerse a integrar la legislación de la UE en sus programas de formación y aumentar el volumen de cursos y participantes.

El proyecto de la Comisión es ambicioso si se tiene en cuenta que la cifra de profesionales que se pretende formar hasta la fecha límite corresponde a la mitad de las personas dedicadas a la profesión en toda la Unión Europea. Hay aproximadamente 1,4 millones de profesionales del derecho en la UE, incluidos los jueces, fiscales, abogados, notarios, ujieres y personal de los tribunales. Ante ello, “la Comisión quiere permitir que al menos la mitad de estos profesionales del Derecho participen en la formación judicial europea en el ámbito local, nacional o europeo para el año 2020”.

Además, se ha fijado un objetivo adicional de asegurar que todos los profesionales del derecho se beneficien de una formación de al menos una semana en la legislación de la UE durante su carrera. El programa, aprobado el pasado 13 de septiembre, les dotará así con herramientas para aplicar la legislación europea, como parte de su papel de jueces y abogados, entre otros, a nivel nacional.

Con ello se pretende “ayudar a construir la confianza mutua entre los distintos ordenamientos jurídicos de Europa y mejorar la aplicación de la legislación europea”. Algo que actuará en beneficio de los ciudadanos y empresas dentro del ámbito comunitario, ya que una formación europea genera más seguridad jurídica y un mayor grado de confianza por parte de los usuarios de la justicia, que podrán acceder, a la vez, a “decisiones rápidas” y con “respeto a las reglas”.
¿Qué abarca la formación?

Los abogados comunitarios conocerán, a través del programa, la legislación de la UE, incluyendo el derecho sustantivo y el procesal, junto con la jurisprudencia correspondiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, se pretenden inculcar conocimientos relativos a los sistemas judiciales nacionales. Una formación judicial que “es ante todo una responsabilidad nacional”, como se destaca en una Resolución del Consejo en 2008. Así, el Tratado de Lisboa (artículos 81.2.h y 82.1.c del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), pide a la UE "apoyar la formación de los magistrados y del personal judicial", tanto en materia civil como penal”.

La propia Comisión tiene la intención de facilitar el acceso a la financiación de la UE para apoyar proyectos de alta calidad de entrenamiento, incluyendo el e-learning. Bajo la nueva política multi-anual del marco financiero, la Comisión ha propuesto hacer de la formación judicial europea “una prioridad”. Así, la Comisión pondrá en marcha un programa de intercambio de dos semanas para los nuevos jueces y fiscales a partir de 2014, y apoyará la capacitación a través del portal europeo de Justicia – único escaparate de la UE de las leyes y el acceso a la justicia en todos los países de la Unión- y mediante el intercambio de directrices prácticas sobre metodologías de capacitación y evaluación.

La Comisión también fomentará la colaboración público-privada para desarrollar soluciones innovadoras de formación, basándose en las fortalezas de todos los proveedores de formación existentes, como la Red Europea de Formación Judicial (REFJ), la Academia de Derecho Europeo (ERA), la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (ENCJ), la Asociación de los Consejos de Estado y de las jurisdicciones administrativas supremas de la Unión Europea, la Red de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea, el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), el Consejo de Notarios de la Unión Europea (CNUE), Unión Internacional de Funcionarios Judiciales (UIHJ) y los intérpretes del Derecho Europeo y Translators Association (EULITA).

Todo ello, estima el órgano, puede recibir el apoyo extra de una formación lingüística. En este sentido, el sistema europeo de formación judicial incluye dos componentes complementarios: las actividades de capacitación judicial en general, ya sea organizada a nivel local, nacional o europeo, o los intercambios transfronterizos.

BASE LEGAL

La capacitación de jueces y abogados se perfila como vía de respuesta a una de las principales recomendaciones para la acción del Informe excomisario europeo Mario Monti, que el pasado mes de mayo de 2010 ya habló de una “Nueva Estrategia para el mercado único". En aquel Informe los líderes europeos analizaron cómo eliminar las dificultades que persisten, que obstaculizan la innovación y la amortiguación de potencial de crecimiento de Europa.

Pero el anclaje legal del programa de formación también se encuentra en el Programa de Estocolmo, que establece medidas para crear un espacio único de justicia en la UE, y que fue aprobado por los gobiernos nacionales en diciembre de 2009, llamando a una fuerte acción de la Unión para apoyar los esfuerzos nacionales de capacitación, así como el desarrollo de mecanismos de formación de nivel. El Parlamento Europeo también ha subrayado repetidamente que la formación judicial adecuada contribuye de manera significativa a mejorar el funcionamiento del mercado interior y facilitar a los ciudadanos para ejercer sus derechos.

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