edición: 2391 , Miércoles, 24 enero 2018
23/06/2011

Europa garantizará el Derecho al olvido para proteger a los internautas de abusos relativos a sus datos personales

Un Dictamen europeo resalta la necesidad de renovar la Directiva de 1995 para adaptarla a nuevas necesidades
Javier Ardalán

El Derecho al olvido se ha convertido en uno de los grandes retos legales en materia de protección de datos. Un concepto reciente que responde a uno de los grandes temores de los usuarios de Internet a la hora de facilitar información privada: la pérdida de control sobre los datos personales facilitados en la web. El Derecho al olvido pretende dotar a los internautas de herramientas para borrar su rastro en la red, mediante un mayor control sobre la información que sobre ellos se hace pública a través de este nuevo medio, en el que la falta de regulación y su propia complejidad dificultan el ejercicio de las garantías de rectificación y eliminación de datos. La Unión Europea ya ha presentado una iniciativa parlamentaria que pretende reconocer este nuevo derecho y crear vías eficaces para garantizar su protección.

En esta línea se hizo público ayer, en el marco de la Unión Europea, el Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) sobre la Comunicación de la Comisión “Un enfoque global de la protección de los datos personales en la Unión Europea”, presentada el pasado 4 de noviembre de 2010. Un texto en el que se apoya, entre otras cosas, la idea de reforzar los derechos individuales de cara a proteger a los usuarios de la web contra un uso abusivo de la información privada que circula en Internet. Y ello porque “los instrumentos jurídicos existentes no garantizan plenamente una protección eficaz necesaria en un mundo digitalizado y cada vez más complejo”, tal y como reza el propio dictamen.
 
La Comunicación sobre protección de datos analizada por el SEPD tiene por objeto definir un marco que permita a la Comisión revisar el régimen jurídico de la UE en materia de protección de los datos personales en todos los ámbitos de actuación de la Unión, teniendo en cuenta, en particular, los retos que plantean la globalización y las nuevas tecnologías. Denuncia que, a pesar de que la Directiva actual en esta materia –un auténtico “hito” normativo que vio la luz en 1995- sigue teniendo vigencia y cumpliendo con el objetivo de proteger este derecho -y, con ello, la realización del mercado interior-, quince años más tarde la rapidez de la evolución tecnológica y la globalización han modificado los medios de almacenamiento de datos, creándose con ello nuevos retos.
 
En concreto, el advenimiento de un universo digitalizado lleva aparejado un incremento de la obtención, uso y transformación de los datos personales de un modo “muy complejo y en absoluto transparente”, aclara el dictamen. Las redes sociales son uno de los principales focos de quejas en este sentido, debido a su alta implantación y al hecho de que, normalmente, éstas establecen sus propios criterios –normalmente dispares- en materia de eliminación de datos en caso de que un usuario decida eliminar su perfil público. Y no siempre es fácil materializar este derecho.

El dictamen recuerda que normalmente las personas no saben o no comprenden cómo se desarrollan los procesos en materia de datos a través de la web, ni quiénes obtienen esa información privada, ni de qué medios disponen los ciudadanos para controlar la situación. Por ejemplo, el uso de cookies o chivatos, y de otros dispositivos similares que sirven de control de las actividades de navegación y que se utilizan con objetivos publicitarios, es uno de los puntos oscuros de la web que no cuenta aún con una respuesta legal contundente.
 
La clave reside en reforzar este nuevo derecho individual, y ello pasa por mejorar las garantías en torno al acceso, rectificación, eliminación o bloqueo de datos. A pesar de que se trate de un derecho consagrado, no existe una necesaria armonización de las condiciones bajo las cuales éste puede ejercerse. “Esta cuestión es especialmente difícil en el medio en línea, donde los datos a menudo se conservan sin que se haya informado previamente al interesado o sin que éste haya dado su consentimiento”, afirma la Comunicación.
 
En este sentido, la Comisión ha recibido distintas denuncias de personas que, en algunos casos, no han podido recuperar datos personales de los prestadores de servicios online –fotos, por ejemplo- y a quienes se les ha impedido ejercer ese derecho de supresión de datos. Por ello, estos derechos deben hacerse “más explícitos, claros y, eventualmente, reforzarse”. Otro frente es el relativo a las peticiones de datos por parte de las webs para que el usuario lleve a cabo cualquier tarea en ellas, que debe reducirse al mínimo necesario. Se propone también obligar a un verdadero acceso a los datos almacenados, y clarificar el propio concepto de “Derecho a ser olvidado”, es decir, el derecho a que las personas a que sus datos no se traten, y a que se supriman cuando dejen de ser necesarios con fines legítimos. La idea es ofrecer a los individuos el derecho explícito a retirar sus datos –listas de amigos, imágenes…-de una aplicación o de un servicio, de modo que los datos retirados puedan transferirse a otra aplicación u otro servicio, “siempre que ello sea técnicamente posible, sin que los responsables del tratamiento lo obstaculicen”. Es decir, garantizar la “portabilidad de los datos”.
 
AUMENTAN LAS DENUNCIAS ANTE LA AEPD
 
La preocupación ciudadana por los abusos en relación a la utilización de datos personales tiene su incidencia estadística. En 2010, en total, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recibió un total de 89 tutelas relacionadas con el Derecho al olvido, según la memoria de la institución. Ello supone un incremento del 56 por ciento en relación a 2009, lo que deja claro que se trata de un derecho cada vez más reclamado por los usuarios.
 
La propia AEPD colaboró en la mencionada Consulta, resaltando como uno de los puntos clave del nuevo paradigma mediático la creciente aparición de datos personales de los internautas en buscadores y redes sociales. En este sentido, pidió medidas de obligado cumplimiento para los responsables del tratamiento de datos, de forma que se garanticen mecanismos sencillos para ejercitar este derecho. Entre ellas, la adaptación de los instrumentos tecnológicos de forma que se impida que se indexen contenidos de datos personales.
 
Otro punto que debe resolverse es a quién corresponde eliminar una determinada información en caso de que ésta aparezca a través de buscadores, cuando el usuario ya ha pedido su retirada. El caso paradigmático es el de una persona que desee eliminar una noticia –o una sentencia que le sea desfavorable, o cualquier otro documento hecho público en la web-, en caso de que dicha información haya sido rectificada posteriormente y haya dejado de ser veraz. Se trata de un tipo de conflicto relativamente frecuente que ya ha enfrentado a la AEPD con Google, el buscador por excelencia, que se niega a eliminar de sus listas lo que existe en Internet al considerarlo censura. En sentido contrario, la autoridad española en materia de protección de datos reclama la responsabilidad de los buscadores, aunque, según denuncia Google, la postura de la Agencia española es distinta a la de la mayor parte de sus homólogas europeas, que responsabilizan a la empresa o página web que generó la información, y no al buscador. Una materia más de las muchas que merecen armonizarse bajo un mismo régimen a escala europea, y que promete no tardar demasiado en llegar.

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