edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
03/01/2017
LA OREJA DE LARRAZ

Europa pondrá orden en los fondos de pensiones de empresa a partir del próximo 12 de enero

Xavier Gil Pecharromán
El próximo día 12 de enero entrará en vigor la Directiva que obligará a los fondos de pensiones de empleo o empresa (cuyo promotor es cualquier entidad, corporación, sociedad o empresa y cuyos partícipes son sus empleados) que quieran transferir sus carteras a otros países a que obtengan antes el aval de una mayoría de sus partícipes y beneficiaros.
La normativa comunitaria, recientemente publicada en el Diario oficial de la Unión Europea (DOUE) busca aclarar las actividades transfronterizas de los fondos de pensiones de empleo, garantizar la buena gobernanza y la gestión de riesgos, aportar información clara y relevante a los clientes y asegurar que los supervisores disponen de las herramientas necesarias ejercer sus competencias.

Los fondos proporcionan prestaciones por jubilación en paralelo a los sistemas de seguridad social y otros esquemas privados, y pueden operar en varios estados de la UE, siempre que cumplan con la legislación del país en que están radicados, así como la de aquel en el que operan.

Se busca a facilitar la actividad transfronteriza de los fondos de pensiones de empleo  y la transferencia transfronteriza de planes de pensiones, mediante la clarificación de los procedimientos pertinentes y la supresión de los obstáculos innecesarios, podría tener repercusiones positivas para las empresas afectadas y sus empleados, con independencia del Estado miembro en que trabajen, gracias a la centralización de la gestión de las prestaciones de jubilación.

Las actividades transfronterizas de los fondos de pensiones de empleo  se deberán entender sin perjuicio de la legislación social y laboral nacional en el ámbito de los planes de pensiones de empleo del Estado miembro de acogida que sea aplicable a la relación entre la empresa que ofrece el sistema de previsión (empresa promotora) y los partícipes y beneficiarios.

Los conceptos de actividad transfronteriza y transferencia transfronteriza de planes de pensiones son distintos y deben estar regulados por disposiciones diferentes. Si una transferencia transfronteriza de un plan de pensiones conlleva una actividad transfronteriza, se deben aplicar las disposiciones relativas a la actividad transfronteriza.

Si la empresa promotora y el fondos de pensiones de empleo  están ubicados en el mismo Estado miembro, el simple hecho de que los partícipes o beneficiarios de un plan de pensiones residan en otro Estado miembro no constituye en sí una actividad transfronteriza.

Los Estados miembros deben tener en cuenta la necesidad de proteger los derechos de pensión de los trabajadores destinados temporalmente en otro Estado miembro.

A pesar de la entrada en vigor de la Directiva 2003/41/CE, la actividad transfronteriza se ha limitado debido a las divergencias en las legislaciones social y laboral nacionales. Por otra parte, persisten obstáculos prudenciales importantes que hacen que resulte más oneroso para los fondos de pensiones de empleo  gestionar planes de pensiones a nivel transfronterizo. Además, debe mejorarse el nivel mínimo actual de protección de los partícipes y beneficiarios.

Este aspecto resulta sumamente importante, ya que los riesgos de longevidad y de mercado se están asumiendo cada vez más por los partícipes y beneficiarios que por los fondos de pensiones de empleo  o las empresas promotoras (en lo sucesivo, «empresa promotora»). Además, debe aumentarse el nivel mínimo actual de información facilitada a los partícipes y beneficiarios.

Las normas prudenciales fijadas en la presente Directiva pretenden, en igual medida, garantizar un elevado grado de seguridad para todos los futuros pensionistas mediante la imposición de normas de supervisión estrictas y hacer posible una gestión sana, prudente y eficaz de los planes de pensiones de empleo.

Los fondos de pensiones de empleo  deben estar completamente separados de las empresas promotoras y operar de acuerdo con el sistema de capitalización con el único objetivo de proporcionar prestaciones de jubilación. Los fondos de pensiones de empleo que operan con ese único objeto deben gozar de la libertad de prestación de servicios y de la libertad de inversión, sujetos únicamente a unas normas prudenciales coordinadas, con independencia de que dichos fondos de pensiones de empleo tengan o no personalidad jurídica.

De conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros deben conservar la plena responsabilidad de la organización de sus sistemas de pensiones, así como del papel reservado a cada uno de los «tres pilares» del sistema de pensiones en cada Estado miembro.

En el contexto del segundo pilar, también deben ser plenamente responsables del papel y las funciones de las diversas instituciones que efectúan el pago de las prestaciones de las pensiones de empleo, tales como los fondo de pensiones de empleo sectoriales o promovidos por las empresas, y las empresas de seguros de vida.

La presente Directiva no tiene por objetivo cuestionar tales prerrogativas de los Estados miembros, sino animarlos a establecer regímenes de pensiones de jubilación adecuados, seguros y sostenibles, y a facilitar la actividad transfronteriza.

Las normas nacionales relativas a la participación de los trabajadores por cuenta propia en los fondos de pensiones de empleo  difieren. En algunos Estados miembros, los fondos de pensiones de empleo  pueden bien operar mediante acuerdos con asociaciones profesionales cuyos miembros desarrollan una actividad por cuenta propia, o bien nutrirse directamente tanto de trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia.

En diversos Estados miembros, un trabajador por cuenta propia que actúa como empresario o presta sus servicios profesionales a una empresa puede adherirse a un fondos de pensiones de empleo. En algunos Estados miembros, los trabajadores por cuenta propia no pueden afiliarse a un fondos de pensiones de empleo  a no ser que cumplan determinadas disposiciones, incluidas las que impone la legislación social y laboral.

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