edición: 2784 , Lunes, 19 agosto 2019
09/05/2017
LA OREJA DE LARRAZ

Europa se dota de un convenio de Derecho Penal para combatir el robo de bienes culturales

Xavier Gil Pecharromán
El Consejo de Europa ha aprobado un nuevo convenio de derecho penal para prevenir y combatir el tráfico y la destrucción ilícitos de bienes culturales, en el marco de la acción de la Organización para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada.
Se prevé con esta convención que se pueda prevenir y combatir la destrucción, el daño y el tráfico de bienes culturales al prever la penalización de ciertos actos. También, se pretende fortalecer la prevención del delito y la respuesta de la justicia penal a todos los delitos relacionados con bienes culturales. Además, se busca promover la cooperación nacional e internacional en la lucha contra los delitos relacionados con los bienes culturales y por tanto, para protegerlos.
 
Cada Estado miembro se asegurará de que cuando se cometan intencionadamente la importación de bienes culturales muebles, cuya importación esté prohibida en virtud de su derecho interno por el hecho de que ha sido robado en otro Estado, excavado o retenido.
 
La Convención sobre las infracciones relativas a los bienes culturales, que estará abierta a la firma de cualquier país del mundo, también tiene por objeto fomentar la cooperación internacional para combatir estos crímenes que están destruyendo el patrimonio cultural mundial.
 
El tratado se abrirá a la firma de los Estados en Nicosia (Chipre), el 19 de mayo, durante el 127º período de sesiones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que reunirá a los ministros de Asuntos Exteriores de los 47 Estados miembros de la organización.
 
El presente Convenio se aplica a la prevención, investigación y enjuiciamiento. Las infracciones penales contempladas hacen referencia a los bienes culturales muebles e inmuebles.
 
La Convención será el único tratado internacional que se ocupe específicamente de la penalización del tráfico ilícito de bienes culturales y establece una serie de delitos que todos los países firmantes deberán incluir en sus códigos penales, como el robo, la excavación sin la autorización correspondiente, la importación y la exportación ilegales, así como la adquisición y la colocación ilegales en el mercado. También penaliza la falsificación de documentos y la destrucción o daño de bienes culturales cuando se cometen intencionadamente.
 
El tratado considera circunstancias agravantes que los delitos sean cometidos por profesionales que abusan de la confianza depositada en ellos o por funcionarios públicos responsables de la conservación de los bienes culturales. Otras circunstancias agravantes se refieren a las comisiones de delitos en el marco de una organización criminal o cuando el autor es reincidente.
 
La nueva convención prevé medidas preventivas tales como el establecimiento de inventarios nacionales accesibles al público de los bienes culturales y la introducción de la obligación de los comerciantes de arte y antigüedades, casas de subastas y otras personas involucradas en el comercio de segunda mano de establecer registros de sus transacciones.
 
Con el fin de asegurar su efectiva implementación, el tratado establece un mecanismo de seguimiento, compuesto por representantes de los Estados Partes.
 
Cada uno velará por que las personas jurídicas sean consideradas responsables de los delitos contemplados en esta Convención cuando sean cometidos en su beneficio por cualquier persona física que actúe individualmente o como parte de un órgano de la persona jurídica. Esa persona jurídica debe haber actuado sobre la base de un poder de representación de la persona jurídica, siendo una autoridad para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica o siendo una autoridad para ejercer el control dentro de la persona jurídica.
 
Aparte de estos casos, cada Estado se obligará a velar porque una persona jurídica pueda ser considerada responsable cuando la falta de supervisión o control por parte haya hecho posible la comisión de una infracción penal en beneficio de esa persona jurídica por una persona física que actúe bajo su autoridad.
 
Cada uno de los firmantes se compromete a velar por que las infracciones penales contempladas en esta Convención, cuando sean cometidas por personas físicas se sancionan de forma  efectiva, proporcionada y disuasoria, con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de la infracción. Estas sanciones incluirán penas privativas de libertad, que puedan dar lugar a la extradición.

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