Europa suspende en reciclaje y gestión sostenible de los
edición: 2535 , Lunes, 20 agosto 2018
30/11/2009
Desarrollo sostenible

Europa suspende en reciclaje y gestión sostenible de los residuos

La Comisión recibe periódicamente denuncias de ciudadanos y del Parlamento Europeo sobre la mala gestión de los residuos
Las pautas de reciclaje son también vitales para afrontar de una forma sostenible la crisis económica
Beatriz Lorenzo

El progresivo deterioro del medio ambiente y la amenaza cada vez más evidente del cambio climático ya no pueden obviarse. Si bien las políticas comunitarias sobre protección del medioambiente y gestión de residuos llevan ya tiempo ganando importancia a pasos agigantados, la proximidad de la Cumbre de Copenhague ha acelerado la preocupación y los debates acerca del tema.  En su día, ya el Tratado de Amsterdam situaba el principio de desarrollo sostenible y el objetivo de un nivel elevado de protección del medio ambiente entre las máximas prioridades europeas, pero la idea había cuajado de forma tibia en los estados miembros. La Comisión Europea publicó este mes dos informes que revelaban que muchos Estados miembros aplican y cumplen de forma deficiente el Derecho comunitario en materia de residuos. La evaluación comunitaria pone el acento  en la necesidad de que los Estados miembros acometan mayores esfuerzos para conseguir que la gestión de residuos cumpla las normas previstas por el Derecho comunitario. La correcta aplicación de la legislación sobre residuos es vital para la protección del medio ambiente y la salud humana, y no es suficiente con la existencia de una legislación en vigor, las normas necesitan también de una aplicación práctica. Sin embargo, todos los datos apuntan a que no se presta importancia suficiente a la aplicación de la legislación sobre residuos. La Comisión recibe periódicamente denuncias de ciudadanos y del Parlamento Europeo sobre la mala gestión de los residuos y el reciente llamamiento comunitario para que los Estados se tomen en serio el cumplimiento de la legislación en materia de residuos se estaba convirtiendo en algo urgente. Es necesaria una gestión correcta de los residuos para conseguir objetivos tan importantes de cara a la lucha contra el cambio climático como la preservación de los recursos naturales, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la protección de la salud de los ciudadanos.

Las áreas en las que la aplicación y el cumplimiento del Derecho Comunitario en materia de residuos ha demostrado ser más deficiente son aquellas relacionadas con la Directiva marco sobre los residuos, la Directiva sobre el vertido de residuos y el Reglamento sobre el traslado de residuos. La infraestructura necesaria para el tratamiento de los residuos es escasa y deficiente, y los residuos no se recogen de modo selectivo, haciendo caso omiso a las indicaciones sobre reciclaje y reutilización de productos, sobre todo en lo que respecta a los equipos eléctricos y electrónicos, los vehículos al final de su vida útil o los envases. También se da un alto número de casos de traslados ilegales de residuos. Las pautas de reciclaje y reutilización no solamente son de vital importancia para la preservación del medio ambiente, sino que también contribuirían a reducir la espiral de consumo despiadado y a afrontar de una manera sostenible la crisis económica. 

En algunos Estados miembros que se adhirieron a la UE después de 2004, la situación es especialmente problemática por depender en gran medida de los vertederos, tener una infraestructura inadecuada de tratamiento de los residuos y no existir la costumbre de separar y reciclar los residuos. La situación dista de ser mejor en muchos de los Estados miembros más antiguos, que continúan infringiendo las normas europeas en materia de gestión de residuos y en los que el desvío ineficiente de los residuos biodegradables de los vertederos sigue contribuyendo al cambio climático.
Si la situación se invirtiese y  las indicaciones de la Comisión se aplicaran y cumplieran correctamente, el Derecho comunitario en materia de residuos podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 30 %. Podrían evitarse los altos costes de saneamiento tras los vertidos ilegales y sus efectos negativos en la atmósfera y el agua. La aplicación deficiente del Derecho comunitario en materia de residuos constituye, por lo tanto, una ocasión económica, social y ambiental perdida que la UE no se puede permitir.

MEDIDAS COMUNITARIAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Cuando se aplica correctamente la legislación, rinde claros beneficios medioambientales. Durante los últimos diez años, los porcentajes de reciclado y recuperación de residuos de envases no han parado de aumentar, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y facilitando el ahorro de recursos. La prohibición del depósito de neumáticos usados en vertederos ha incrementado la recuperación de estos productos hasta el 95 %, ha generado un fuerte mercado de materiales derivados de los neumáticos y ha disminuido los riesgos de incendios en los vertederos. La Comisión sigue llevando a los Estados miembros que infringen el Derecho medioambiental comunitario ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: más del 20 % de todos los asuntos relacionados con infracciones medioambientales se refieren a la gestión de residuos. También se está trabajando de forma coordinada para aumentar la concienciación de las autoridades nacionales, aclarar la legislación, facilitar directrices e intercambiar mejores prácticas.

Entre las medidas adoptadas por la Comisión para apoyar a los Estados miembros destacan los actos de concienciación y de intercambio de información, guías para los Estados miembros sobre varias cuestiones fundamentales relacionadas con el Derecho comunitario en materia de residuos, acciones conjuntas de control del cumplimiento legislativo y actividades de inspección en los Estados miembros en colaboración estrecha con la Red europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente (IMPEL). La Comisión también está estudiando la posibilidad de crear una agencia comunitaria que vigile la aplicación de la legislación sobre residuos para ayudar a abordar el problema del déficit inadecuado de aplicación y cumplimiento.

En lo que a legislación comunitaria se refiere, destaca Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006 relativa a los residuos, que recoge una serie de directrices, basadas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), para ayudar a las autoridades competentes y al sector privado a determinar si un producto constituye o no un  residuo. Los Estados miembros deben prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de residuos. Deben fomentar la prevención, el reciclado y la transformación de los residuos para poder reutilizarlos. Informarán a la Comisión de los proyectos de normativa que puedan llevar aparejado el empleo de productos que puedan ser causa de dificultades técnicas y costes excesivos de eliminación y que puedan fomentar la disminución de las cantidades de algunos residuos, el tratamiento de los mismos para reciclarlos o reutilizarlos, la producción de energía a partir de determinados residuos y el empleo de los recursos naturales que pueden ser sustituidos por materiales de recuperación.

Asimismo, las empresas o establecimientos que se ocupen del tratamiento, almacenamiento o depósito de residuos por cuenta ajena deben obtener una autorización de la autoridad competente, que regule principalmente los tipos y cantidades de residuos que hayan de tratarse, las prescripciones técnicas generales, así como las precauciones que deban tomarse. Las autoridades competentes podrán verificar periódicamente si se respetan estas condiciones de autorización. La misma vigilancia de la autoridad competente se reserva a las empresas de transporte, recogida, almacenamiento, depósito o tratamiento de sus propios residuos o de los de terceros. Las autoridades competentes designadas por los Estados miembros para aplicar estas medidas deben establecer uno o varios planes de gestión de residuos, que se referirán en particular a los tipos, cantidades y origen de los residuos que deban aprovecharse o eliminarse, las prescripciones técnicas generales, todas las disposiciones especiales relativas a residuos particulares, los lugares y las instalaciones adecuados para la eliminación de los residuos.

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