edición: 2745 , Lunes, 24 junio 2019
24/02/2015
LA OREJA DE LARRAZ

La Comisión de Justicia del Europarlamento vota el nuevo procedimiento europeo de escasa cuantía

Javier Ardalán
El informe legislativo sobre el procedimiento europeo de escasa cuantía se pondrá hoy a votación por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. El objetivo de esta legislación propuesta es mejorar el acceso a la justicia y su eficacia en los litigios transfronterizos que involucran reclamaciones de cantidades menores.
El actual Reglamento se aprobó en 2007, en respuesta a la constatación de que los problemas causados por la ineficiencia de los litigios de escasa cuantía se amplifican cuando las demandas de escasa cuantía se presentan a través de las fronteras de los Estados miembros de la UE.

En esas situaciones surgen problemas adicionales, como el desconocimiento de las partes de las leyes y los procesos judiciales extranjeros, la creciente necesidad de traducción e interpretación y la necesidad de viajar al extranjero para comparecer en las vistas. Con el aumento del comercio transfronterizo en la UE en estos últimos años y el incremento previsto en los años venideros, se acentuará aún más la necesidad de establecer mecanismos de recurso eficaces en apoyo de la actividad económica.

Sin embargo, pese a los beneficios que podría aportar en términos de reducción de las costas y de los plazos de los litigios en las demandas transfronterizas, el proceso es aún poco conocido y sigue estando infrautilizado varios años después de la entrada en vigor del Reglamento.

El proceso europeo de escasa cuantía se aplica a todas las demandas con un elemento transfronterizo. Incluye los casos en que ambas partes están domiciliadas en el mismo Estado miembro y solo el lugar de ejecución del contrato, el lugar en el que se produce el hecho dañoso o el lugar de ejecución de la sentencia está situados en otro Estado miembro.

En particular, cuando el demandante puede elegir, en virtud del Reglamento (CE) del Consejo nº 44/2001, entre la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que el demandado y él están domiciliados y la competencia judicial del Estado miembro en que se ejecuta el contrato o se produjo el hecho dañoso, la elección efectiva del demandante en favor de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio común no debe privarle de la posibilidad de acudir al proceso europeo de escasa cuantía, que de otro modo sería accesible. Además, el proceso europeo de escasa cuantía debe ser también accesible para los asuntos sometidos a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE por o contra residentes de terceros países.

Los principales elementos de la revisión se centran en la extensión del ámbito de aplicación del Reglamento a las demandas transfronterizas por importe de hasta 10.000 euros; la ampliación de la definición de asuntos transfronterizos; la mejora del uso de la comunicación electrónica, incluida la notificación de determinados documentos; la obligación de los órganos jurisdiccionales de utilizar los sistemas de videoconferencia, teleconferencia y otros medios de comunicación a distancia para la celebración de las vistas y la práctica de la prueba.

También, forman parte de la propuesta: el establecimiento de unas tasas judiciales máximas para la tramitación del proceso; la obligación de los Estados miembros de establecer medios de pago a distancia de las tasas judiciales; la limitación del requisito de traducir el formulario que contiene el certificado de ejecución, exclusivamente al fondo de la sentencia; así como la obligación de información de los Estados miembros en materia de tasas judiciales, medios de pago de las tasas judiciales y asistencia disponible para cumplimentar los formularios.

El umbral de 2.000 euros limita el ámbito de aplicación del Reglamento. Aunque tiene menos importancia para los consumidores, puesto que la mayoría de sus demandas no superan los 2.000 euros, se limita en gran medida el acceso de las pymes al proceso. Solo el 20% de las demandas empresariales son inferiores a 2.000 euros, mientras que las demandas entre 2.000 y 10.000 euros representan aproximadamente el 30% de todas las demandas empresariales transfronterizas. La propuesta, a través de enmiendas se pretende elevar la cantidad menor hasta los 5.000 euros.
El 45% de las empresas envueltas en un litigio transfronterizo no acude a la Justicia porque las costas procesales no guardan proporción con la cuantía de la demanda, mientras que el 27% no lo hace porque el proceso llevaría demasiado tiempo. Mediante la extensión del proceso simplificado a las demandas transfronterizas por importe de 2.000 a 10.000 euros, las costas y la duración del litigio se reducirán considerablemente.

El Reglamento solo se aplica en la actualidad a los litigios en los que al menos una de las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado miembro distinto del Estado miembro del órgano jurisdiccional que conoce del asunto. Sin embargo, los litigios entre partes domiciliadas en el mismo Estado miembro con un importante componente transfronterizo y que, por lo tanto, podrían beneficiarse del proceso simplificado europeo quedan fuera del ámbito de aplicación del Reglamento.
La limitación actual impide la presentación de demandas en el marco del proceso europeo de escasa cuantía ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE por o contra residentes de terceros países, cuando no está previsto en Europa proceso nacional alguno para los nacionales del país de que se trate o para los ciudadanos de la UE.

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