edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
06/10/2009
Buenas prácticas para la facturación

Facturas transparentes para garantizar la eficiencia energética

La UE presenta directrices voluntarias para las buenas prácticas en la facturación de energía
En España, la CNC ha expedientado a nueve compañías por abuso de posición dominante
Beatriz Lorenzo

Un mercado caracterizado por la existencia de monopolios que limitan la libertad de elección de unos consumidores vulnerables. El panorama energético europeo adolece de falta de transparencia y carece de sistemas nacionales impositivos o de seguridad social que tengan en cuenta los riesgos relacionados con la pobreza energética. Los precios son en ocasiones poco razonables, difícilmente comparables entre sí y a menudo no se basan en el consumo real de energía. La inexistencia de una facturación tipo o estandarizada, fomenta los desajustes y las prácticas comerciales desleales que la Unión Europea quiere erradicar, como ha explicado durante la presentación en el Foro Ciudadano de la Energía, celebrado en Londres los días 29 y 30 de septiembre, de una serie de directrices voluntarias para las buenas prácticas en facturación de energía.

La desinformación de las facturas y las dificultades para cambiar de proveedor son dos de los problemas más arraigados en Europa, donde sólo un 8% de los consumidores de electricidad han cambiado de proveedores en los últimos dos años pese a que dos de cada cinco están insatisfechos con el servicio recibido. La transparencia de la información dada por la compañía al cliente y las facilidades para moverse con libertad a través de un mercado altamente competitivo tanto en precios, como en calidad de los servicios ofertados, son sin duda los primeros pasos esenciales para sanear el mercado europeo de la energía.

Entre las recomendaciones propuestas por la UE, se incluyen una serie de elementos que todas las facturas de energía deberían de incluir, pero que en la práctica raramente lo hacen. Así, para permitir al cliente escoger con libertad entre las ofertas de los distintos proveedores las facturas deberían incluir detalles tales como la duración del contrato, el plazo de preaviso para cambiar de suministrador o la indicación del precio base por cada kilovatio-hora. Una facturación transparente y basada en los precios competitivos es vital para la confianza de los consumidores. Eurelectric, la asociación europea del sector de la electricidad, se ha mostrado totalmente favorable a las directrices de la UE-instándola incluso a incorporarlas a la legislación en caso de que la industria haga caso omiso de ellas- y ha recalcado la necesidad de definir perfectamente las funciones tanto de los gestores de red como de los proveedores de energía, teniendo el cliente en todo momento acceso a la información precisa sobre el consumo.

Desde que las primeras directivas sobre el gas se aprobaran en 1990, la Comisión Europea ha sostenido siempre que la liberalización del mercado energético incrementa la eficiencia del sector y la competitividad de la economía europea en su conjunto. Sin embargo, la concentración del mercado sigue reflejando la “vieja estructura” caracterizada por los monopolios nacionales o regionales, dominados por lo general por empresas integradas verticalmente.

A través de “paquetes energéticos” como el presentado en 2007 la Comisión Europea ha dejado claro que favorece la división de la producción en las empresas energéticas como la mejor manera de garantizar una competencia leal y precios más bajos para los consumidores. Sin embargo, muchos estados miembros liderados por Francia y Alemania han ido rechazando sistemáticamente las peticiones de la Comisión, mientras que Reino Unido, Dinamarca y los Países Bajos se han mostrado favorables a ellas. La Asociación Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión (ETSO) también ha pedido a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva sobre la electricidad. Además, según ESTO, los estados miembros deben garantizar el suministro de electricidad con suficiente capacidad de generación para satisfacer la demanda de los consumidores.

PROTECCIÓN CONTRA LA INTEGRACIÓN VERTICAL

Por su parte, también el Parlamento Europeo ha instado a los Estados miembros a que promuevan la instalación de contadores inteligentes que ofrezcan a los consumidores una información clara sobre su verdadero consumo de energía y contribuyan así a una mayor eficiencia energética. El Parlamento destaca que las autoridades reguladoras nacionales deben ser independientes y tener competencias para aprobar los principios que determinen los costes de red o las tarifas reales de las redes. Los reguladores nacionales también deberían supervisar los precios y proteger a los consumidores contra prácticas comerciales desleales.

Según las últimas medidas parlamentarias aprobadas el pasado mes de marzo, los países de la UE que hayan llevado a cabo la separación patrimonial de sus grupos energéticos-tal es el caso de España-, podrán tomar medidas nacionales para protegerse de las grandes empresas verticalmente integradas. Los países tendrán un año y medio para aplicar la normativa que regula los mercados del gas y la electricidad, salvo las disposiciones relacionadas con la certificación de operadores de terceros países, cuyo plazo de aplicación es de tres años y medio.

La nueva normativa atenúa la propuesta inicial de la Comisión, que quería obligar a desmembrar todos los grupos energéticos de la UE para impulsar la competencia. La oposición radical de Francia y Alemania hizo que al final se haya optado por un compromiso de mínimos, al que se ha sumado la Eurocámara dando marcha atrás en su apoyo al Ejecutivo comunitario, que permitirá que convivan en el mercado comunitario tres modelos distintos en pie de igualdad.

Para aceptar este compromiso, los estados que aplican la separación patrimonial, entre ellos Países Bajos, Portugal, España o Dinamarca, exigieron una "cláusula de condiciones de competencia iguales". El objetivo era garantizar la no conversión de sus empresas en presa fácil para los grandes grupos energéticos verticalmente integrados de países como Alemania o Francia.

La nueva legislación incluye también la denominada cláusula anti-Gazprom, un mecanismo para restringir la entrada en Europa de empresas energéticas extranjeras, como la rusa Gazprom o la argelina Sonatrach, con el objetivo de evitar que se aprovechen indebidamente de la liberalización del mercado interior y actúen por motivos políticos y no comerciales.

CONTADORES ENGAÑOSOS

Concretamente en España todavía humea el fuego de la polémica que ha sacudido recientemente los cimientos del panorama energético nacional. Los contadores que envían datos bimestrales –y que provocan que una de cada dos facturas sea una simple estimación del gasto y la otra tenga que ajustar los estimado el mes anterior- se han convertido en un quebradero de cabeza agravado por los errores por la facturación de consumos de 2008 bajo las tarifas de 2009, lo que supone un agravio para el consumidor.

La tarificación del consumo ha sido calificada de irregular por diversas asociaciones de consumidores. En concreto, tanto Facua como la OCU (Organización de Consumidores y Usarios) han detectado varios errores en la tarificación mensual del consumo con la entrada en vigor de la factura mensual, llegando a pedir su supresión hasta que se solucionen estos problemas.

Los últimos coletazos de la porfía energética tuvieron lugar ayer mismo, con la incoación de un expediente sancionador por parte de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) contra Endesa, Iberdrola, Gas Natural, HC, E.On, Electrabel, Aceca, Elcogas y Nueva Generadora del Sur por presunto abuso de posición dominante entre 2004 y 2008. El expediente se abre después de que la Dirección de Investigación de la CNC haya llegado a la conclusión de que existen indicios de que estas compañías podrían haberse servido de su situación de dominio para obtener unos ingresos superiores a los del mercado al desplazar su oferta a las restricciones técnicas.

Ante esta situación, la OCU ha anunciado ya que pedirá al Ministerio de Industria una "revisión profunda del precio de la electricidad" . La OCU asegura que esta situación genera "un grave perjuicio a los consumidores", ya que "la diferencia de precio ha sido finalmente pagada por millones de consumidores a través de la tarifa eléctrica y del mecanismo del déficit tarifario".

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