edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
24/12/2009

Felipe Calderón prosigue la guerra para evitar que México se convierta en un narcoestado

Pedro González
Después de tres años de lucha sin cuartel contra los poderosos cárteles de la droga, el presidente mexicano está aún lejos de conseguir la victoria definitiva que prometiera al asumir el cargo. Operaciones como la consumada contra el Jefe de jefes Arturo Beltrán Leyva le permiten enarbolar victorias parciales, contrarrestadas rápidamente por repugnantes acciones de venganza, como la realizada por sicarios del cártel de Sinaloa contra la familia de uno de los infantes de Marina que participó, y murió, en la caza de Leyva. Pero, no hay datos ciertos de que los cárteles estén siendo aniquilados definitivamente, antes bien el ejército de sicarios que los defienden parece multiplicarse. Los envíos de droga que transitan por México camino de Estados Unidos no han disminuido, e incluso las zonas de cultivo propio de opio y marihuana en territorio mexicano se han doblado con respecto a 2006. Todo ello, junto al dato más escalofriante de los más de 15.000 muertos que ya se ha cobrado esta guerra, cuyo alargamiento en el tiempo ha empezado a provocar las primeras disensiones. Intelectuales de prestigio como el ex ministro de Asuntos Exteriores de México, Jorge Castañeda, cuestionan el empeño de Calderón en querer acabar con este cáncer, arguyendo que “es una guerra que no cumple con los requisitos para ser ganada”.

Sin embargo, el actual presidente mexicano ha elaborado y seguido la única estrategia posible ante la magnitud del reto, la envergadura del enemigo y la contabilidad de sus propias fuerzas. Aunque el tópico moleste a la sociedad mexicana, Calderón se encontró a su llegada con unas fuerzas de policía –quienes nominalmente debían combatir el narcotráfico- tan mal pagadas y corruptas como lo han sido siempre. Además, la mayor opulencia de los cárteles del Golfo y Sinaloa se traducía en sustanciales aumentos en las cantidades de dinero destinado por los cárteles a sobornar tanto a estos funcionarios como a los de la Justicia y a políticos con algún tipo de poder.

Esta es la razón fundamental por la que Calderón cambió de la noche a la mañana a los policías fronterizos de aduanas por militares y ha terminado otorgando a la Marina la tarea más delicada: la de capturar vivos o muertos a los principales jefazos del narcotráfico. Al mismo tiempo, ha expulsado de los cuerpos policiales a los elementos visiblemente más corruptos, aunque esa labor de cambio de mentalidad de los 400.000 funcionarios de las diversas policías es un trabajo que requerirá aún muchos años de esfuerzos.

La alternativa era contemplar la deriva de México hacia un narco-Estado, lo que tratándose de un país de su envergadura son palabras muy mayores. México no es Guinea-Bissau, ni siquiera Guatemala; es una potencia llamada a competir con Brasil por el liderazgo de toda América Latina, en su caso fronterizo además con Estados Unidos, donde Obama no ha movido aún un dedo porque desaparezca el muro levantado entre los dos países para impedir, entre otras cosas, la inmigración ilegal. La corrupción del narcotráfico lo infecta prácticamente todo, de manera que no existe institución a la que los capos de la droga no quieran infiltrar y corromper.

Como en el caso de otros países sacudidos por la misma plaga, México precisa del apoyo de la comunidad internacional, y especialmente del primer destinatario del negocio de la droga, es decir Estados Unidos. Se trata, pues, de una guerra global que se libra a partir de las zonas de producción, y aquí surgen de nuevo los nombres de siempre: Bolivia, Colombia y Perú, junto con los países de tránsito, o sea Venezuela, Honduras, Guatemala y Nicaragua, entre otros. En todos ellos se ha multiplicado la inseguridad y la violencia y, aunque el creciente número de delitos no siempre esté relacionado con el narcotráfico, no caben muchas dudas respecto de la perniciosa influencia de aquel sobre los causantes de ese clima, en el que la vida humana parece no valer nada.

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