edición: 2613 , Martes, 11 diciembre 2018
29/04/2011

Fiscalidad, exclusión social y seguridad pública, el talón de aquiles de las democracias iberoamericanas

Pedro González
América Latina registra incrementos de su actividad económica cercanos al 8-9%, pero tiene aún mucho trecho que recorrer respecto del camino democrático en el ejercicio del poder. Es eso al menos lo que denuncia el PNUD y la Organización de Estados Americanos, en el último informe sobre el estado de la democracia en el continente presentado en Madrid. A juicio de ambas organizaciones, América Latina ha de hacer frente a tres desafíos para el ejercicio democrático del poder: articular nuevas formas de participación política para contrarrestar la crisis de representación; fortalecer la organización republicana del Estado, es decir la independencia de los poderes, su control mutuo y las instancias de rendición de cuentas; e incrementar el poder político real del Estado, modernizando sus organizaciones y proveyéndolas de recursos humanos eficaces. Los avances en estos frentes y en el diseño y la ejecución de políticas públicas eficaces en tres campos clave – la fiscalidad, la exclusión social y la seguridad pública- son esenciales para la sostenibilidad de la democracia en la región.

En el debate político resurge con fuerza la idea de que la democracia va más allá de las elecciones: es una forma de organizar el poder para ampliar la ciudadanía en sus tres dimensiones –política, civil y social- y evitar o limitar la dominación de unos individuos o grupos sobre los demás.

El informe anual del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es sumamente contundente: “En el campo de la ciudadanía civil se consideran la vigencia de las libertades básicas, el acceso a la justicia y el acceso a la información pública; en el de la ciudadanía social, el deficitario acceso de las mayorías a servicios de salud, educación y protección social, y la enorme extensión de la pobreza y la desigualdad”.
También se registra una serie de déficits básicos bajo el epígrafe de “poder”: en primer lugar, la crisis de representación, emparentada con la debilidad de las opciones electorales, la sustracción de temas fundamentales de la agenda democrática al debate público, y la intervención de los poderes fácticos, sobre todo mediante la vía de la financiación de las campañas. En segundo lugar, las debilidades de los controles y contrapesos entre los poderes del Estado y las insuficientes transparencia y rendición de cuentas de los poderes públicos hacia la ciudadanía, que redundan en mayores oportunidades para la corrupción y, por consiguiente, en el desprestigio de la política, la función pública y, eventualmente de la propia democracia. El tercer déficit es el de la estatalidad, que refiere, más allá del tamaño del Estado, a su capacidad y poder para ejercer sus funciones, desde la más clásica de mantener el monopolio del uso (legítimo) de la fuerza dentro del territorio –hoy amenazada por la creciente penetración de ciertos poderes fácticos- hasta las más innovadoras, resultantes de la redefinición y actualización del Estado democrático, consistente en transformar los derechos de ciudadanía enunciados en leyes y constituciones en realidades cotidianas vividas por los ciudadanos.

A partir de este análisis, el informe del PNUD propone priorizar tres áreas de política pública para atacar los déficits de las democracias latinoamericanas: la fiscalidad, la exclusión social y la seguridad pública.
La fiscalidad es concebida como un instrumento para equilibrar los poderes económicos y políticos, aumentando la capacidad del Estado para generar ciudadanía. Lejos de ser materia contable o económica, los impuestos son una cuestión central para el sostenimiento de la democracia, tanto más en la medida en que América Latina es la región más desigual del mundo. El aumento de la capacidad fiscal y tributaria, la lucha contra la evasión y el diseño de una estructura tributaria más progresiva son, pues, elementos centrales de la agenda de la democracia.
Puesto que América Latina es la región del mundo con mayores desigualdades de ingresos, también son prioritarias en su agenda democrática, las políticas productoras de integración social, las cuales, a su vez, no pueden perdurar en el tiempo sin una nueva fiscalidad.

Finalmente, uno de los problemas que más inquietan a la ciudadanía de los países iberoamericanos es el de la inseguridad pública, que redunda en la vigencia incompleta del derecho más elemental de todos, el derecho a la vida, y que eventualmente podría provocar un deterioro del apoyo ciudadano a las instituciones democráticas. Si bien el problema tiene aristas diferentes en cada país, en todos los casos se registran serias limitaciones de la capacidad del Estado para mantener la vigencia de la legalidad frente a los embates de la delincuencia común y/o del crimen organizado. Partiendo del reconocimiento de la inexistencia de soluciones mágicas, el informe se adentra en la búsqueda de opciones alternativas al “garantismo extremo” y a la “mano dura”, es decir de soluciones que restauren la legalidad al tiempo que preserven los derechos de todos los ciudadanos.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...