edición: 2788 , Viernes, 23 agosto 2019
29/06/2009
OBSERVATORIO DE ECONOMIA

Formación profesional: una necesidad para la empresa

CIRCULO DE EMPRESARIOS
En el marco de una economía globalizada en la que, además, la tecnología desempeña un papel esencial, la formación profesional adquiere una relevancia superior a la que ha tenido en el pasado. España (y las empresas españolas) ya no puede competir sobre la base de unos costes laborales bajos como los que se ofrecen en algunos países, por ejemplo India y China. Nuestras posibilidades mantener e incluso potenciar nuestra presencia en los mercados mundiales pasan necesariamente por la capacidad de aportar un capital humano formado, especialmente en el ámbito tecnológico. Esta es una cuestión que no afecta sólo a los directivos empresariales, sino que se pone también de manifiesto en los mandos intermedios. Y ahí es donde una formación profesional de calidad, adaptada a las necesidades del mercado y muy volcada en aspectos tecnológicos, constituye un factor diferencial de competitividad. Además, la formación profesional es un medio esencial para mantener y mejorar la empleabilidad de las personas a lo largo de toda su vida laboral, puesto que incluye la etapa inicial de formación reglada y la que se recibe cuando ya se forma parte del mercado de trabajo (formación continua y ocupacional).

Durante mucho tiempo la formación profesional en España ha permanecido, desafortunadamente, en una situación de desprestigio y descuido, tanto político como social, en contraste con lo que sucedía en otros países industrializados (notablemente, Alemania). El resultado ha sido un claro desajuste entre el tipo de formación que reclama la economía española y las cualificaciones de los trabajadores, manifestado a través de la coexistencia de la sobreeducación con una insuficiente oferta de personas con determinadas cualificaciones. Aunque es cierto que el despegue de la formación profesional se ve condicionado por elementos como la composición del tejido empresarial español, o la estructura sectorial de nuestra economía, no podemos permitirnos el lujo de renunciar a tener una formación profesional de alta calidad. Se convertiría ésta en uno de los catalizadores del cambio de patrón competitivo que tanto necesita la economía española.

Tres son los aspectos que resultan determinantes de la calidad del sistema de formación profesional: el vínculo entre formación profesional y mercado de trabajo, la capacidad de adaptación a lo largo de toda la vida profesional (lo que los británicos denominan lifelong learning) y la creciente importancia del componente tecnológico para el desarrollo profesional. Para conseguir una mejor formación profesional que aúne esas características y acabar, así, con el desprestigio social que ha sufrido en el pasado, es necesario adoptar medidas generales (que afectan al conjunto de la formación profesional) y específicas (centradas en alguna de sus fases).

En términos generales, el sistema de formación profesional debe ser capaz de adaptarse con agilidad a las cambiantes demandas del mercado, con un mayor énfasis en programas de prácticas en empresas, otorgando mayor importancia a los mecanismos de mercado de creación y desaparición de cualificaciones y siendo capaz de integrar mejor a profesionales de la empresa en el ámbito de la docencia. Además, es preciso adoptar una visión integral de la formación, estableciendo mecanismos que permitan un mejor acceso de personas con formación profesional a la Universidad y, de forma más general, “pasarelas” desde cualificaciones adquiridas con la experiencia laboral a cualificaciones más amplias que puedan adquirirse en el ámbito educativo. No olvidemos que mientras que la Universidad proporciona sobre todo conocimientos, la formación profesional proporciona fundamentalmente capacidades. Además, la mejora de la formación profesional pasa por dotar a los centros de una mayor autonomía de organización y funcionamiento a la vez que se establecen mecanismos permanentes de evaluación de los resultados de este tipo de formación en términos de empleabilidad, salario y carrera profesional. Tales mecanismos permitirían dotar de gran transparencia a todo el sistema, lo que indudablemente sería un potente incentivo para su mejora y elevaría la eficiencia del gasto público y privado en este tipo de formación.

Desde una perspectiva más específica, la formación reglada debería proporcionar no sólo competencias propias de la correspondiente especialización, sino especialmente capacidades más amplias y generales –manejo de la tecnología, comunicación oral y escrita en la lengua materna y en lenguas extranjeras (inglés sobre todo), trabajo en equipo, etc.- con las que poder hacer frente a las cambiantes condiciones del entorno laboral. Los trabajadores en puestos medios son los que se ven afectados más directa e inmediatamente por la introducción de tecnologías nuevas. Por tanto, su empleabilidad depende esencialmente de la capacidad de utilizar los medios tecnológicos prevalecientes en cada momento, donde además el manejo de los mismos requiere de cierta fluidez en el uso de idiomas. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías permiten acceder a un volumen ingente de información y, por tanto, la agilidad en la selección y utilización de la misma resulta fundamental para la consecución de resultados óptimos, lo mismo que la polivalencia y versatilidad para trabajar en equipo. Ello pasa necesariamente por una mayor formación práctica en el seno de las empresas, lo que a su vez precisa de una auténtica implicación de las mismas. Además, esta etapa reglada es un espacio muy propicio para fomentar el espíritu emprendedor y empresarial, pues su estrecha vinculación con el mundo laboral facilita la difusión del valor de la iniciativa empresarial como opción frente el empleo por cuenta ajena.

En cuanto a la formación para el empleo –continua y ocupacional-, varios elementos contribuirían a su mejora. Por un lado, una redefinición del marco regulador de los contratos laborales, que aproximara los costes de contratos temporales e indefinidos (incrementando así el atractivo de la formación para trabajadores y empresas) y mejorara la regulación de los contratos a tiempo parcial (facilitando la compatibilidad entre empleo y formación). Además de esas medidas, podrían adoptarse otras para facilitar la financiación de los programas formativos de las empresas, especialmente los de las pequeñas empresas. Así, cabe continuar con financiación o cofinanciación pública en forma de bonificaciones en vez de subvenciones y aplicar incentivos de tal forma que el coste salarial y no salarial de la formación fuera cero. Y sería conveniente establecer mecanismos para el reconocimiento de las cualificaciones adquiridas vía experiencia laboral.

Por último, en el caso de la formación ocupacional resulta fundamental introducir los incentivos adecuados para que la misma deje de concebirse como un mero trámite vinculado con la percepción de las ayudas al desempleo. Para ello, debería establecerse un sistema más flexible, que permitiera al desempleado elegir la formación más acorde con sus necesidades y capacitación. Los resultados de un sistema como ése deberían estar sometidos a un escrutinio continuo, para determinar si efectivamente se incrementa la empleabilidad de quienes reciben esa formación.

· MÁS INFORMACIÓN

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Esta web no utiliza cookies y no incorpora información personal en sus ficheros

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2019 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...