edición: 2595 , Miércoles, 14 noviembre 2018
25/05/2016

Francia aumenta la presión sobre Google en su batalla fiscal contra el gigante tecnológico

Un equipo de investigadores allana las oficinas de la empresa buscando pruebas sobre su actividad
Carlos Schwartz
Las autoridades fiscales francesas efectuaron un registro en la sede del gigante tecnológico Google en París con un sorprendente número de técnicos. De acuerdo con la legislación del país el registro se puede extender hasta 24 horas incluyendo sus servidores y la dimensión del equipo que intervino pone en evidencia el esfuerzo del Gobierno por encontrar pruebas suficientes como para bloquear el procedimiento por el cual las ventas en Francia acaben en los libros contables de la sede europea de la empresa en Dublín, Irlanda. La estrategia francesa pasa por demostrar que la empresa tiene un establecimiento permanente en el país y por tanto debe tributar de forma íntegra por su actividad en ese territorio.
Reino Unido alcanzó este año un acuerdo fiscal integral con Google que la oposición laborista considera poco edificante porque el Gobierno de David Camerón alcanzó un pacto de mínimos por el cual la empresa debe pagar 130 millones de libras por ingresos por debajo de sus obligaciones fiscales desde el año 2005 a pesar de que Reino Unido es el segundo mayor mercado de la empresa.

París por el contrario no está dispuesto a allanar las cosas para la multinacional, y vale la pena recordar que no es la primera vez que las autoridades registran la sede de empresas tecnológicas estadounidenses. Google y Microsoft ya han padecido registros el año pasado y en 2011. Italia por su cuenta alcanzó un pacto fiscal  con Apple a finales del pasado año que supone pagos de la multinacional por importe de 318 millones de euros para zanjar las diferencias labradas en las actas de inspección.

La Comisaría de la Competencia no ha intervenido en el terreno fiscal en su lucha contra Google, empresa a la cual ha abierto una serie de investigaciones que se centran en las estrategias de desarrollo de producto como el caso del sistema operativo para teléfonos inteligentes Android, o la comercialización de productos on line que afirma la Comisaría buscan el posicionamiento de su propia oferta ante los usuarios de las plataformas del buscador.

La cuestión fiscal ha quedado al margen de las iniciativas del departamento que comanda Margrethe Vestager, pero ha sido encarada por Francia y algunos otros gobiernos de la Unión Europea (UE). La fiscalía francesa que entiende en la causa afirmó que: “La investigación pretende verificar si Google Irlanda Ltd. tiene una base permanente en Francia y si, al no declarar parte de su actividad desarrollada en el país, ha dejado de cumplir con sus obligaciones fiscales, incluidos el impuesto de sociedades y el impuesto sobre el valor añadido”.

En la base de la iniciativa del Gobierno francés está la miserable recaudación fiscal obtenida de este empresa en 2014 cuando los impuestos pagados por la tecnológica totalizaron 5 millones de euros. En 2011 las oficinas de la tecnológica en Francia ya habían sido objeto de un registro con el mismo objetivo que el de esta semana, encontrar pruebas que permitan reclamar impuestos impagados. De acuerdo con fuentes del sector jurídico Francia ha valorado los impuestos evadidos por la multinacional en una cifra del orden de los 1.600 millones de euros. El Gobierno francés aspira a obtener una mayor recaudación fiscal del sector de la tecnología de Internet en el cual brillan con luz propia las grandes plataformas estadounidenses.

En años recientes tanto Francia como España han considerado la posibilidad de desarrollar el concepto de “establecimiento permanente virtual” para subsanar una situación en la cual por la peculiaridad de la red de redes se puede hacer negocio en un país sin establecimiento permanente en él. Sin embargo esa estrategia fiscal a escala nacional no se ha profundizado hasta ahora. Google ha lanzado recientemente algunas señales que inducen a pensar que es consciente de los límites con los que puede chocar si extrema el regate del balón a los pies de las autoridades fiscales de cada país.

En Australia la empresa anunció hace poco que anotará en su contabilidad local más ingresos que antes eran tributados en Singapur. El movimiento ha dejado entrever que la empresa es consciente de los conflictos que la “optimización fiscal” despierta entre las autoridades fiscales europeas, aunque está claro que estas no han desarrollado hasta ahora un criterio. La batalla por los recursos de las grandes multinacionales, en particular las tecnológicas que están a la cabeza de la obtención y preservación de caja fuera del país de origen de la empresa, ha adquirido en los años recientes una proyección internacional en la medida que el Tesoro de Estados Unidos quiere su parte en el reparto de la torta en Europa argumentando que donde las empresas de nacionalidad estadounidense deben tributar es en Estados Unidos.

Google por su parte emitió un comunicado en el que afirma que “Cumplimos con la legislación fiscal de Francia, así como con la de cada uno de los países en los que operamos. Cooperamos plenamente con las autoridades fiscales en París para responder a sus preguntas como de costumbre”. Los analistas del mercado de las tecnológicas y los expertos fiscales consideran que las autoridades de Francia han entrado en una segunda fase de su ofensiva contra las empresas del sector de Internet en la cual intentan obtener la información que hasta ahora no han logrado recoger sobre la actividad de la empresa en el país. En febrero el ministro de finanzas francés Michel Sapin señaló que un ajuste de cuentas con Google implica una cantidad mucho mayor que la que zanjó la cuestión en el Reino Unido.

En un asunto paralelo que no acaba de entrar en contacto con los esfuerzos de las autoridades fiscales de algunos países, la UE investiga los acuerdos entre algunas empresas tanto estadounidenses como europeas, que han obtenido trato preferente con “trajes a la medida” para su tratamiento fiscal que entrarían de lleno dentro de la categoría de ayudas estatales ilegales de acuerdo con las normas de la competencia de la unión monetaria.

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