edición: 2784 , Lunes, 19 agosto 2019
14/06/2017

Francia y Alemania pugnan por el negocio de la contrapartida de derivados de las ECC británicas

La CE presenta un borrador de ley que inicia la batalla por la compensación de activos en euros
Carlos Schwartz
Bruselas ha dado a conocer el borrador de ley de la Unión Europea (UE) para determinar cuándo una entidad central de contrapartida (ECC) que compensa instrumentos financieros denominados en monedas de países miembros de la UE domiciliada fuera de la Unión puede ser obligada a cambiar su domicilio por territorio bajo control de la Comisión Europea (CE). Mientras la CE filtraba el contenido de este instrumento jurídico que debe ser aprobado por los países miembro y por el Parlamento Europeo, el negociador titular de la CE para la separación de Reino Unido afirmaba que para poder negociar la salida británica necesita un interlocutor y que no va a aceptar postergaciones a las conversaciones que deben dejar zanjada esta separación. A la luz de esta afirmación el contenido de la ley sobre el carácter sistémico de las ECC y su sujeción a las normas de la UE se presenta más bien como un dogal que busca disciplinar al Reino Unido que como una decisión taxativa. Los analistas consideraban la posibilidad de que la CE propusiera de forma directa que las ECC con carácter sistémico relevante que compensaban un volumen significativo de instrumentos denominados en euros fuesen lisa y llanamente obligadas a establecerse en un país miembro de la UE.
Bruselas ha optado por un modelo más complejo y sofisticado pero que en última instancia deja en manos de la CE la decisión de exigir o no a la ECC su traslado a una capital de la UE. Tanto Francia como Alemania aspiran a controlar parte o todo el lucrativo negocio de compensación y liquidación de las operaciones con instrumentos financieros como los derivados, las operaciones de financiación mediante recompra de deuda pública o las operaciones con acciones que se desarrollan en Reino Unido. La pieza realmente en disputa es la London Clearing House (LCH), una ECC propiedad de la London Stock Exchange (LSE) cuyo balance tiene un nominal de 250 billones de dólares, una cifra sin igual en Europa y muy próxima al volumen máximo en Estados Unidos.

Las cifras dan sin lugar a dudas una envergadura sistémica a LCH, a tal punto que los reguladores de Estados Unidos han dejado a la entidad sujeta a su propia inspección para verificar que se ajusta a las normas de compensación y liquidación estadounidenses para todas las operaciones que se hacen en dólares. El modelo por el que ha optado la CE va en esa dirección al establecer que debe ser la autoridad europea de valores y mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) quien determine si las ECC que operan fuera de la UE en monedas europeas tienen un carácter sistémico y deben efectuar sus recomendaciones a la CE quien puede eventualmente adoptar la decisión de que esa ECC debe operar en una nación de la UE.

Pero la ley abre la puerta a que la ECC permanezca fuera del territorio de la UE si el Gobierno del país en el que está domiciliada admite que esta quede sujeta a la normativa de la UE y de sus reguladores, como el Banco Central Europeo (BCE) y la propia ESMA en lo que hace a la compensación y liquidación de activos denominados en euros u otras monedas europeas.

En este sentido la ley, pese a sus condicionantes estrictos, no fuerza la salida de las entidades consideradas sistémicas sin las opciones previas que debería acatar la parte afectada. El consejero delegado del LSE, Xavier Rolet, señaló en referencia al proyecto de ley que “LCH ya tiene sucursal  en territorio de la UE, y no tendría sentido que se la forzara a trasladar su domicilio”. Esta es una referencia a las operaciones de LCH en Francia donde es propietaria de LCH Clearnet. El comisario europeo que presentó la ley, Valdis Dombrovskys, afirmó que si la ESMA decide que un operador no europeo tiene operaciones por “volúmenes sistémicamente importantes” de negocio denominado en euros se introduciría un sistema de “vigilancia reforzada”. Pero de hecho la ley se presenta como un instrumento de condicionamiento que puede ser aplicado como palanca para obtener de Reino Unido concesiones en otros terrenos. Es una suerte de amenaza pendiente.

Esta claro que no se trata solo del respeto a la normativa europea y la posibilidad de una supervisión supranacional, aun tras un abandono de la UE. Tampoco el único factor es la ambición germano francesa de captar una volumen significativo del negocio varias veces billonario del LCH.

Hay detrás de esta batalla un elemento político significativo que tiene que ver con el costo para Reino Unido de su acto de separación de la UE, y un presunto triunfo de las fuerzas  europeístas que se consideran abandonadas por una acción unilateral por la cual es necesario que el adversario pague un precio, cuanto más alto mejor. Estos enfrentamientos deberían tener en cuenta que hay de por medio un referendo con votación soberana que ha dado mayoría al acto de separación de un lado y que el encono de la batalla no va en el sentido de los intereses comerciales de todas las partes involucradas

Es curiosa una de las acusaciones en boga contra LCH: elevó los márgenes de garantía para las operaciones en euros de España y Portugal durante la crisis de la deuda pública. Es una argumentación muy controvertida. Bien sabe la banca española que cuando estaba sin liquidez alguna la ventanilla que mantenían abierta en la LCH de Londres los grandes bancos españoles daba liquidez a los bancos asfixiados hasta el límite. En esos momentos no había liquidez del BCE para dar y tomar. Ciertamente los spreads subieron para España y Portugal, pero los bancos europeos cerraron el grifo a los bancos de ambos países. Con lo cual acusar de aprovechamiento a LCH lo que oculta es el bloqueo liso y llano de liquidez para la banca española por parte de los hoy tan europeístas. Que Reino Unido se marche es una pérdida para la UE, se trata de la segunda economía de la región tras Alemania.

Que Bruselas pretenda obtener una ganancia política de la separación muestra que hay una dosis alta de estrechez de mira política por parte de ambos contendientes. Ninguno de los dos parece advertir cuáles son los intereses en juego que están por encima de sus ambiciones electorales.

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