edición: 3055 , Lunes, 28 septiembre 2020
20/02/2014
Incapaces de encontrar un modelo

Funcionarios de Industria y Economía han revisado criterios para nacionalizar el sector eléctrico como modelo alternativo

La posibilidad no se puede materializar por falta de recursos por parte del Estado para pagar las expropiaciones
Carlos Schwartz

De acuerdo con fuentes próximas a los ministerios de Economía y de Industria el Gobierno no logra definir un modelo para el sector eléctrico que establezca un equilibrio entre los intereses contrapuestos de las propias empresas de generación entre si, y entre estas y la Administración. La incapacidad para encontrar ese punto de equilibrio ha llevado a distintos funcionarios de ambos ministerios a sopesar la posibilidad de una nacionalización del sector. Sin embargo las fuentes señalan que la idea se ha descartado porque “no hay recursos estatales suficientes para hacer frente al coste de las expropiaciones que esa operación necesariamente implicaría”. Sin embargo, el hecho de que ese escenario se haya considerado, pone de relieve que el Gobierno se encuentra ante el sector eléctrica con una prueba infranqueable en la que no es capaz de establecer un modelo viable. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó recientemente en una rueda de prensa tras la suspensión de la subasta CESUR que la situación planteada en el sector eléctrico era una de las más complejas que había enfrentado su administración. La prueba palpable de este callejón sin salida es el descomunal déficit de tarifa acumulado en el sector.

Las cifras redondas en torno a ese déficit varían según las estimaciones entre los 28.000 millones de euros reconocidos oficialmente y los 30.000 a 33.000 millones estimados por instituciones privadas. El déficit de tarifa supone derechos de cobro contra los consumidores del sistema, y en el transcurso del tiempo esa cantidad debería ser pagada por los consumidores con cargo al recibo bajo el concepto de costes regulados, como parte de los denominados peajes. La cifra es del orden del coste anual del servicio de la deuda pública, y ella misma conlleva sus propios costes financieros en la medida que la liquidez que las compañías del sector recuperan para paliar en sus balances el efecto del déficit surge de la conversión en títulos de esa deuda y su colocación en el mercado. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha salido al cruce de las críticas para señalar que sin las medidas adoptadas por su ministerio el déficit de tarifa desde 2012 hasta el fin de 2013 hubiera alcanzado la cifra de 20.500 millones de euros, mientras que se ha quedado en los 8.669 millones. Pero la realidad es que el déficit no se ha eliminado y se sigue incubando en la propia deficiencia de los peajes que no alcanzan a cubrir los costes. El resultado de esa situación será la regeneración del déficit de tarifa en 2014 a menos que haya una tarifazo en los peajes.

Mientras, Industria afirma que la metodología que se ha elegido para establecer la tarifa de la energía eléctrica será más transparente que la subasta trimestral eliminada tras el alto precio fijado en diciembre. Sin embargo fuentes técnicas del sector eléctrico afirman que “el objetivo de tarificar de forma continua el consumo de energía mediante los contadores que permiten la lectura remota del consumo es técnicamente inviable”. Las fuentes señalan que no existe servicio en el mundo que se tarifique de esta forma y que el sistema dejará a los consumidores que cuentan con esos mecanismos de lectura a expensas de la volatilidad de los precios del mercado diario mayorista de energía. “Por el contrario, si los usuarios eligen una tarifa anual, el coste de la cobertura del precio por parte de los comercializadores tendrá un efecto igual o superior al de la subasta CESUR, ahora eliminada”.

Industria ha definido tres opciones en materia de suministro, el pago por el consumo en función del “precio horario del mercado” que en teoría saldrá de los precios practicados en las subastas intradía del mercado diario mayorista, los contratos bilaterales entre cliente y comercializadora, y el contrato estándar anual con una tarifa fija. Sin embargo la peculiaridad del mercado español es que la mayoría de los contratos existentes son sobre la base de la tarifa denominada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (antes Tarifa de Último Recurso, TUR) precio que deberá salir precisamente de la subasta mayorista, es decir del denominado “pool eléctrico” cuya volatilidad no tiene porqué ser inferior que el de la subasta CESUR. Utilizar por tanto una tarificación horaria dejará a los consumidores expuestos a esa volatilidad en lugar de darle la mínima cobertura que supone hacer una media de precios diarios. “Esto huele a un negocio raro que alguien le ha vendido al Ministerio de Industria”, de acuerdo con una fuente del sector, quien añadió que “no hay quien lo entienda”.

La comparecencia del ministro durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso coincidió con el anuncio de resultados de Iberdrola en Londres, durante la cual los primeros ejecutivos de la empresa señalaron el deterioro de los márgenes del negocio en España por la reforma energética del Gobierno y durante la cual el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, descartó al mercado español por sus incertidumbres en la regulación como un eje de desarrollo e inversión por parte de la empresa. La política de inversiones definida por la eléctrica pone de relieve el grado de tensión entre las empresas de generación y la Administración. “Las inversiones irán destinadas principalmente a los proyectos energéticos y países que disfruten de una regulación predecible y estable”, dijo Sánchez Galán, quien por otra parte afirmó en alusión directa a las opiniones oficiales que “El regulador dice que sobran inversiones en redes y generación y si el regulador dice eso para qué lo vamos a hacer”. El sistema eléctrico requiere de una inversión continuada para el mantenimiento y mejoría de las redes, sin esa inversión el deterioro del sistema genera riesgos de suministro ante lo cuales el Gobierno no parece tener previsión alguna.

El broche de la intervención de Galán fue la afirmación de que estaría encantado de regresar al marco legal estable que reconoce la retribución exacta a la generación. Es decir a un sistema de precios pactado entre la Administración y el sector eléctrico sobre la base de la retribución de la generación por sus costes.

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