edición: 2362 , Martes, 12 diciembre 2017
01/10/2013
Retribuciones congeladas

Funcionarios y pensionistas cargan contra el Gobierno ante los Presupuestos Generales de 2014

Los ciudadanos justifican el enfado de ambos sectores y coinciden en que se rebajará el esfuerzo que soportan de cara a las elecciones
ICNr

El Gobierno se la juega con dos sectores muy concretos de cara a los próximos comicios: pensionistas y funcionarios. Las medidas aprobadas durante lo que va de legislatura no ayudan a mantener contentos a ambos grupos, que ven cómo su capacidad económica se ve restringida cada vez en mayor medida sin que se dé un sólo paso a su favor. Los Presupuestos Generales del Estado de 2014 no son una excepción a esa regla, y la noticia de que la revalorización de las pensiones ascenderá sólo al 0,25 por ciento -frente a un IPC previsto del 1,5 por ciento- atendiendo al mínimo que admite la nueva regla aplicable, no sentó nada bien a los beneficiarios de la prestación. A ello se suma el descontento de un cuerpo de trabajadores de lo público que volverá a ver congelado su salario y que ya ha amenazado con una huelga para defender sus derechos. Mientras las malas noticias se suceden para ellos, el descuido hacia estos sectores comienza a copar cada vez más espacio en la red.

La última polémica vino de la mano del ministro de Hacienda, en análisis de los presupuestos para el año próximo. La presentación del proyecto en el Congreso de los Diputados durante la jornada de ayer sirvió al Ejecutivo para revelar la letra pequeña del texto y de ella se desprende esa subida mínima del 0,25 por ciento para las pensiones, una noticia esperada por los internautas, pero polémica en cualquier caso. Con esta revalorización, y teniendo en cuenta también la previsión de incremento del número de pensionistas y la variación de la pensión media, el Gobierno prevé un gasto en prestaciones contributivas de 112.102,61 millones de euros, un 5,4 por ciento más. Además, sumando prestaciones contributivas y no contributivas y clases pasivas, el gasto destinado por la Seguridad Social será de 127.483,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,9 por ciento. Así, en el ámbito no contributivo, el crédito destinado en el ejercicio 2014 se sitúa en 2.166,14 millones de euros (un 12,5 por ciento menos que en 2013), excluido País Vasco y Navarra. En este gasto también se incluye una revalorización del 0,25 por ciento.

Con este panorama, lo primero que tienen claro los lectores es que las promesas del Gobierno en materia de pensiones han quedado rotas: `¿No decía Báñez que los pensionistas no iban a perder poder adquisitivo? Otra mentira más de los políticos de este país, y creo que no hay cuaderno que pueda abarcar la cifra de éstas que llevamos ya´, resumió un lector. El problema que genera esta prestación es complejo y de difícil solución, y los internautas se hacen cargo de ello, pero la promesa rota, que es lo mismo que la mentira, se convierte en fuente de enfado para muchos ciudadanos. La peor lectura llega al comparar la subida de las pensiones con el aumento del precio de la vida y con noticias concretas sobre servicios que se encarecen, como la luz. De ahí que los lectores ironizaran en sus comentarios acerca del nulo efecto que esta supuesta subida va a suponer en la práctica: `¿Un 0,25 por ciento? Con eso mi padre, que cobra 800 euros, con alzheimer y sin asistenta social, podrá por fin acceder a una residencia de 2.000 euros´, señaló un lector. `Si a esto sumamos que la luz seguirá subiendo, significa miles de millones menos destinados al consumo. Es decir, más paro´, comentó otro.

Así, las llamadas `lineas rojas´ que el Gobierno juró y perjuró que no traspasaría quedan, nuevamente, violadas. Eso sí, la práctica totalidad de los internautas tiene muy claro que se intentará corregir -que no restituir a la situación anterior- ese desequilibrio entre prestación y coste de la vida, aunque por supuesto se hará de cara a las elecciones. `Las subirá el año de las elecciones para volver a preparar la batería de mentiras en su programa electoral, como la última de la señora Bañez, donde los persionistas no pierden poder adquisitivo y encima el Estado se ahorra 33.000 millones en pensiones´, comentó un internauta.

MENOS PODER ADQUISITIVO PARA LOS FUNCIONARIOS

Del lado de los funcionarios, la situación es muy similar, solo que la opinión de los internautas acerca de la congelación de su salario -por cuarto año consecutivo- es algo más dispar que en el caso de los pensionistas. `Estamos casi toda la sociedad con bajadas de ingresos aparte de IPC, así que podrán estar contentos los empleados públicos por no tener descenso en sus sueldos, sólo lo que les afecte el IPC´, comentó un lector. Así podría resumirse la visión de quienes defienden que el ajuste en el sector privado ha sido mucho más intenso que en el público. Y es que `con una población de 4,5 millones de parados (incluyendo liberados, amiguitos y demás familia) es lógico que tener un puesto fijo y vitalicio deje de ser un chollo´, apuntó un internauta. `Por lo menos éste año tienen la paga extra que los parados no tienen y muchos de los empleados por cuenta ajena, tampoco´.

Hubo incluso quien pidió para el funcionariado `congelación hasta que sus salarios queden al mismo nivel que la media de un trabajo homogéneo en la empresa privada´, algo `razonable y de justicia, ya que el salario de los funcionarios sale de los impuestos de empleados de empresas privadas que hacen trabajos similares y cobran menos, y no tienen comidas subvencionadas, ni transportes, etc.´
Con todo, no beneficia a nadie que el poder adquisitivo de un amplio sector de los ciudadanos se vea mermado un año más, y esa idea se encuentra muy extendida en los comentarios de los lectores.  Sobre todo, se considera extremadamente injusto que el grueso del funcionariado se vea obligado a ajustarse el cinturón mientras la cúpula permanece intacta. La idea de que la austeridad no ha llegado a calar lo más mínimo entre quienes la patrocinan se encuentra estos días en boca de muchos; de ahí que las quejas de los sectores afectados se consideren, en general, más que justificadas. Y es que, por mucho que la situación sea dura para el grueso de los contribuyentes, lo cierto es que los empleados públicos acumulan ya una pérdida de poder adquisitivo del 30 por ciento.

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