edición: 2306 , Martes, 19 septiembre 2017
29/07/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

Futbolistas profesionales y ocupación efectiva

DATADIAR
Vamos hoy a centrarnos en una curiosa sentencia del Tribunal Supremo (Sentencia de 28 de abril de 2010) que ha servido para clarificar las características de un colectivo, no por minoritario, menos conocido. Nos referimos a los futbolistas profesionales. La cuestión consistía en determinar si la no tramitación por el Club Deportivo (un importante equipo de 1ª división del norte de España) de la licencia federativa suponía un incumplimiento de las obligaciones empresariales del Club por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pudiendo considerarse motivo suficiente para que el trabajador instase la resolución del contrato de trabajo, con derecho a la indemnización correspondiente a un despido improcedente. El futbolista (con una dilatada carrera en el fútbol español) alegaba que la falta de la licencia le impedía participar en las competiciones oficiales, lo que redundaba en perjuicio de su formación profesional y del derecho a la ocupación efectiva.

El derecho a la ocupación efectiva está recogido con carácter general para todos los trabajadores en el Estatuto de los Trabajadores, de modo que estamos ante un derecho básico en toda relación laboral. Los futbolistas profesionales constituyen ciertamente una relación laboral “especial”, pero “relación laboral” en todo caso, y sometida, por tanto, a la normativa laboral común a todos los trabajadores, sin perjuicio de las especialidades que se pudieran establecer, derivadas de las singulares características de la actividad profesional a la que se dedican.

En este sentido, el régimen especial de los deportistas profesionales reconoce el derecho de estos trabajadores a la ocupación efectiva, precisando que “salvo en los casos de sanción o lesión, no podrán ser excluidos de los entrenamientos y demás actividades instrumentales o preparatorias para el ejercicio de la actividad deportiva”.

La sentencia va a centrarse en determinar si la no tramitación de la licencia federativa equivale a “falta de ocupación efectiva”, lo que supone analizar “en qué” consiste tal ocupación efectiva para un deportista profesional, teniendo en cuenta lo establecido en la normativa específica que los regula.

Así, partiendo de lo anteriormente expuesto se va a entender que el deportista profesional no tiene “un derecho” a participar en los partidos oficiales, pues la ley solo habla de “entrenamientos y demás actividades instrumentales o preparatorias”. De ahí que si el trabajador tiene la habilitación jurídica suficiente para participar en competiciones oficiales por estar en posesión de la pertinente y obligatoria licencia federativa, y no juega habitualmente por una decisión técnica impuesta por el entrenador del equipo, que no considera conveniente contar con su participación para disputar competiciones oficiales, tal hecho no vulnera, a juicio del tribunal, el derecho a la ocupación efectiva.

Ahora bien, si la imposibilidad de participar en competiciones oficiales no tiene origen en una decisión técnica de quién tiene facultad para ello, sino que deriva de una “imposibilidad jurídica”, desde el momento en que al jugador profesional se le impide el acceso al presupuesto jurídico que le habilita para ello, cual es tramitar y estar de alta en la licencia federativa, tal omisión empresarial supone privar a un deportista profesional del derecho a ejercer normalmente su profesión.

Así lo estima la sentencia que afirma que la acción de participar en los entrenamientos o sesiones técnicas del equipo únicamente constituye, a estos efectos, una actividad preparatoria para estar en las mejores condiciones en vista a participar en la competición oficial. De ahí que la “baja federativa” suponga excluir al deportista profesional de toda expectativa para poder ejercer su actividad principal con menoscabo para su formación, dignidad y futuro profesional.

De donde debe concluirse que el hecho de que el Club demandado no haya tramitado la pertinente licencia federativa del deportista profesional demandante, viola su derecho a la ocupación efectiva, en cuanto le priva de toda expectativa a participar en las competiciones oficiales.

Se entiende así producido un incumplimiento grave de las obligaciones empresariales, de donde deriva la compensación económica que deberá abonar el Club, ante la extinción de la relación laboral instada por el jugador. Esta indemnización es equivalente a la del despido disciplinario. En este caso ascendió a una cantidad de 845.853,65 € más los salarios de tramitación.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2010 sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo. (D.O.U.E., nº 180, 15 de julio de 2010).
La Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad (3), garantiza la aplicación en los Estados miembros del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, o que contribuyan al ejercicio de esa actividad. En lo que se refiere a los trabajadores autónomos y a los cónyuges de los trabajadores autónomos, la Directiva 86/613/CEE no ha sido muy eficaz y su ámbito de aplicación debe reconsiderarse, pues la discriminación por razón de sexo y el acoso también se producen al margen del trabajo asalariado. En aras de la claridad, la Directiva 86/613/CEE debe sustituirse por la presente Directiva.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de insolvencia punible. Alzamiento de bienes. Capitulaciones matrimoniales. Liquidación de la sociedad de gananciales que se declara nula. Tribunal Supremo. Sentencia 6 de abril de 2010.
La persona acusada en primer lugar se dedicaba a la mediación inmobiliaria. Conociendo la capacidad económica de la querellante le solicitó y obtuvo de ella un préstamo ascendente a 24.000 euros, en garantía de cuya devolución la deudora le entregó un cheque por igual importe. Tras el impago del cheque fue sustituida la promesa de pago de la deuda por una letra de cambio, asimismo desatendida a su vencimiento. Para el cobro judicial de la deuda la acreedora promovió diligencias preliminares señalando el Juzgado la comparecencia de ambos cónyuges, si bien que el mismo día del señalamiento los esposos puestos de acuerdo procedieron a otorgar capitulaciones matrimoniales para hacer ilusorio el pago de la deuda. La acusada vendió la vivienda que le fue adjudicada por precio figurado de 90.000 euros muy inferior al de mercado. Finalmente la acusada adquirió otra casa por importe reconocido de 144.000 euros que el mismo día de la compra hipotecó en garantía de un préstamo concedido a terceros por determinada entidad bancaria, respondiendo la vivienda de un principal ascendente a 168.000 euros, superior por tanto al valor de adquisición. En base a los hechos descritos, la Audiencia condenó a los cónyuges acusados como autores responsables de sendos delitos de Insolvencia punible, en su modalidad de Alzamiento de bienes, imponiendo en cada uno las penas de un año de prisión y multa de 12 meses; accesorias, costas procesales incluidas las correspondientes a la acusación particular, declarando la nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales y de las inscripciones registrales a que se hubiera dado lugar como consecuencia de la misma, dejando a salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe.

Mercantil

Contrato bancario: Contrato complejo de concesión de crédito para la realización de operaciones de compra y venta de valores. Tribunal Supremo. Sentencia 11de mayo de 2010.
Señala el Tribunal que no hay ningún problema de afectación de los valores adquiridos a la garantía del crédito. Lo dice claramente la resolución recurrida cuando se refiere a que las operaciones (ventas para volver a comprar aquellos valores que los actores consideraran de mejor rendimiento) «siempre realizadas a través del banco implicaban el que los valores adquiridos quedaban siempre adscritos o pignorados a la póliza de crédito y para responder de la misma, objetivo que no desaparecía con la última orden de venta realizada a través del banco y que en nada podía perjudicar al mismo». Y obviamente no puede cuestionarse que, habida cuenta la finalidad del contrato y su operatividad práctica, eran las entidades acreditadas, y no el banco, las que decidían la oportunidad de la operación de venta. Por ello no hay desacierto en la apreciación del juzgador «a quo» de que «existía el acuerdo de permitir a los actores el poder «jugar con los valores adquiridos mediante la póliza de crédito«». Es cierto que el banco se reservó una facultad limitativa de la disposición, pero, en cuanto referida al mantenimiento de la garantía, se hallaba condicionada a su ejercicio en forma, lo que no consta haya tenido lugar.

La calificación del abordaje como colisión imputable a ambos buques es correcta, a la vista de los hechos considerados probados. Tribunal Supremo. Sentencia 17 de mayo de 2010.
El capitán del buque demandado, a pesar   de haber observado al pesquero, no duda en abandonar el puente de mando en el que se encontraba cuando en aquel momento lo más importante era mantenerse alejado de él y evitar cortarle la proa. El  incumplimiento de tales obligaciones de carácter imperativo llevadas a cabo por el capitán del buque demandado , fueron causantes de la colisión con el pesquero. Ello no es óbice para olvidar a su vez las obligaciones que al patrón de este último barco le correspondía realizar conforme establece el Reglamento internacional para prevenir los abordajes, cuando ambos buques se encuentran a la vista, como ocurre en el presente caso, según el cual el pesquero, aun cuando en estos casos tiene preferencia de paso respecto al mercante, debiendo por tanto mantener el rumbo, no ha cumplido con lo establecido en la regla 17-b) del citado Reglamento, que determina que deberá efectuar una maniobra que mejor pueda ayudarle a evitar el abordaje, cuando éste no pueda evitarse por la maniobra del buque que cede el paso. Por ello la calificación del abordaje como colisión imputable a ambos buques es correcta, a la vista de los hechos considerados probados. Y la participación de uno y otro en el resultado final no merece ser corregida en casación.

Civil

La notificación de la cesión del precontrato se hizo fehacientemente, y el  ejercicio de la opción se hizo en el plazo pactado. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de abril de 2010.
En este caso la notificación de la cesión del precontrato se hizo fehacientemente, y el  ejercicio de la opción se hizo en el plazo pactado. . Los concedentes del derecho de opción tuvieron conocimiento tardío de la cesión, pero su falta de notificación al practicarse no da lugar a la nulidad del precontrato de opción; se hizo la notificación, aunque con retraso; la parte optante, demandante y recurrente, no estaba obligada por el pacto de cuyo precontrato no era parte y mal podía pechar con consecuencias gravosas. E igualmente, el ejercicio del derecho de opción se hizo dentro del plazo pactado, notarialmente, pese a que llegara a conocimiento de los concedentes más tarde. Pese a ello a declaración de nulidad de la posterior compraventa a la sociedad codemandada no procede. La nulidad es un tipo de ineficacia del contrato que se produce, como dispone el artículo 6.3 del Código civil cuando va contra una norma imperativa o prohibitiva, no todo disconformidad con la ley implica nulidad. Distinto es el caso de la ineficacia  stricto sensu por falta de poder de disposición, como es el de la venta de cosa ajena. Los hermanos concedentes del derecho de opción carecían de poder de disposición sobre la finca objeto del mismo, pese a lo cual la vendieron a un tercero y éste resulta ser tercero hipotecario, protegido por la fe pública registral que proclama el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.  Por tanto, la compraventa no es nula y el adquirente está protegido como tercero hipotecario.

La sociedad optante, demandante ejercito el derecho de opción en el plazo pactado en el precontrato suscrito. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de mayo de 2010.
La optante podrá ejercitar su derecho de opción, para lo que deberá pagar el precio total de 50 millones de pesetas, incluyendo el mobiliario, del que se deducirá la parte del importe de la prima de la opción que haya sido abonada hasta ese momento. Dicho pago se efectuará contra el otorgamiento, en Notaría de Mijas o Fuengirola a designar por la optante, de la correspondiente escritura pública de compraventa por la que se transmitirá el inmueble y el mobiliario, libre de cargas y arrendatarios, como cuerpo cierto, y se entregará la posesión de los mismos, al corriente en el pago de impuestos municipales, cuotas de comunidad de propietarios y demás gastos inherentes a la finca. La optante, deberá avisar con al menos noventa días de antelación a la cedente, de la fecha y Notaría en que desea proceder a dicho otorgamiento, no pudiendo tener lugar éste, en ningún caso, después de 31 de diciembre de 2002. La optante queda facultada para que la escritura de compraventa se otorgue a favor de la persona o entidad que libremente designe. Por tanto, no hay duda que el pago del precio se efectuará contra el otorgamiento... de la correspondiente escritura pública de compraventa, no antes. Conforme al propio concepto de la opción de compra, cuando se ejercita ésta -perfección del precontrato- se celebra más tarde la compraventa -consumación del precontrato- y es en este momento cuando se paga el precio y se transmite la cosa.

Laboral

Los distintos periodos de servicios prestados en razón a contratos temporales son computables a los efectos de antigüedad en la empresa pero no son computables a los efectos de antigüedad en la categoría. Tribunal Supremo. Sentencia 19 de mayo de 2010.
Modificado el pedimento inicial mediante la concreción de su contenido subjetivo, la resolución que pudiera recaer  en las presentes actuaciones afectaría a los trabajadores  que en su momento hubieran suscrito contratos temporales  con o sin interrupciones superiores a veinte días y que no se vean afectados por los factores diferenciadores a los que antes se ha hecho referencia. La cuestión así planteada carecería de elementos caracterizados individualmente  que exijan  una respuesta  concreta para cada situación, y por el contrario faculta al juzgador para dar una respuesta general  e interpretativa  de la norma a cuyo amparo  y efectos  se  promueve la reclamación. En consecuencia, debe afirmarse que el supuesto es subsumible en lo que reiterada doctrina de esta Sala ha calificado como  ámbito subjetivo del conflicto colectivo. Procede dispensar distinto tratamiento a la antigüedad en la empresa  frente a la antigüedad en la categoría. El art.6 del Convenio en que se apoya la demanda  exige para pasar de una categoría a otra  la permanencia en ella de un tiempo mínimo, exigencia esa que,  como se argumenta con acierto en la sentencia, tiene por objeto asegurar que dentro de la categoría se han adquirido los conocimientos precisos, y por ello el tiempo de servicio efectivo en cada categoría se computa a partir de la fecha de efectividad  del nombramiento para la misma. En contra de lo que se alega en la demanda  de conflicto colectivo, del art.19.2 del convenio de empresa  no resulta lo que se postula en aquélla, pues cuando dicho artículo dispone que la antigüedad «contará igualmente  en todos aquellos derechos reconocidos  en la Normativa Laboral  que estén en función de la antigüedad en la empresa», se refiere precisamente a la antigüedad en la empresa  y no a la antigüedad en la categoría; para ésta es necesario obtener el nombramiento; tiempo de servicio efectivo en la categoría  que se computará, dice el artículo 6 referido, a partir de la fecha del nombramiento.

Resultan justificadas las nuevas medidas en cuanto al sistema de trabajo que nos ocupa, cumpliendo por tanto los requisitos del art. 41 ET, y respetando la normativa de la Ley de Riesgos Laborales. Tribunal Supremo. Sentencia 19 de mayo de 2010.
Contra la sentencia que desestima la demanda por la que se pretendía la nulidad del nuevo Manual de Mantenimiento Preventivo de Escaleras y Pasillos Mecánicos y que se volviera el antiguo método de trabajo, se interpone el presente recurso de casación ordinaria. En el caso que nos ocupa la empresa ha estudiado el puesto de trabajo y la actividad a desarrollar, ha oído al respecto a la parte social y, posteriormente, ha redactado e impuesto un manual de actuación específico para esa faceta particular de su actividad. La prueba pericial ha acreditado que las normas de ese manual no incrementan el riesgo de accidentes cuando el operario trabaja sólo o cuando lo hace de noche, máxime cuando en él está previsto que existen tareas para cuya realización el trabajador será auxiliado por otro y labores que deberán ser realizadas por dos técnicos en mantenimiento. Frente a esas conclusiones, no es posible aceptar las alegaciones sobre el mayor peligro del trabajo solitario, que tendrían que haberse instrumentado a través de la correspondiente revisión fáctica.

Administrativo

Reconocimiento del derecho al abono del permiso de paternidad ex artículo 49.C) del Estatuto Básico del Empleado Público. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de julio de 2010.
No se acredita por la Administración recurrente el grave perjuicio para el interés general que pudiera derivarse de mantener la doctrina aplicada por la sentencia recurrida, tanto más cuanto el supuesto de hecho contemplado, que es la concesión de un permiso de paternidad a disfrutar por funcionario local con habilitación nacional no parece que permita admitir, como una hipótesis bastante probable, que se puedan suscitar un muy elevado número de litigios sobre la misma cuestión, pues, al efecto, la parte recurrente se limita a afirmar que "es posible encontrar interesados en ésta recurrente y en otras administraciones que se encuentren en idéntica situación jurídica con la consiguiente extensión de efectos de la sentencia y el consiguiente perjuicio al interés general y al erario público".  Por otro lado, la sentencia recurrida no incurre en las desviaciones y vulneraciones que le reprocha la Diputación Provincial recurrente por cuanto el artículo 49.c) del EBEP, que contrariamente a lo alegado por la recurrente, se cita ampliamente en la sentencia recurrida, cuya errónea interpretación atribuye ésta al juzgador de instancia, considera el disfrute del citado permiso de paternidad como situación de "servicio activo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el período de duración del permiso, y, en su caso, durante los períodos posteriores al disfrute de éste, si de acuerdo con la normativa, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del período de disfrute del permiso" y es de aplicación al personal funcionario de las Administraciones de las Entidades Locales de conformidad con la previsión general contenida en el artículo 2.1 del EBEP. El citado artículo 49.c) EBEP se erige así como precepto directamente aplicable y no permite abrigar duda alguna sobre el contenido del permiso de paternidad por nacimiento de hijo, que es independiente del permiso de dieciséis semanas que pueden disfrutar el padre o la madre en los supuestos que contemplan los apartados a) y b) del artículo 49 del EBEP (permiso por parto y permiso por adopción o acogimiento), caracterizados como periodos de descanso en las situaciones de maternidad y paternidad.

Reversión. Terrenos expropiados en relación con los recintos Ferroviarios de Chamartin y Fuencarral. Desafectación tácita: inexistencia. Tribunal Supremo. Sentencia 6 de julio de 2010.
Los actores formulan su petición de reversión en escrito de 30 de Noviembre de 1.999. y la Sala de instancia tiene por probado que en esa fecha, los bienes a los que se refiere la reversión, continuaban destinados al servicio ferroviario para el que en su día se realizó la expropiación. Incluso en el apartado cuarto de los fundamentos jurídicos del escrito de demanda, es decir varios años después, los recurrentes aceptan que en esas fechas continuaba la permanencia en el uso ferroviario de las vías y estaciones en su día construidas en los terrenos expropiados, si bien en el motivo de recurso alegan que con la mera aprobación de la Revisión del PGOUM de 1.997 y con él del APR 08.03, se produjo irrevocablemente una modificación en la clasificación del suelo y sus utilidades, y por tanto la desafectación tácita en la que basan la reversión, considerando además expresiones de esta desafectación los convenios suscritos entre RENFE Y DUCH a los que hacen mención. Pero es que, además, la aprobación de la Revisión del PGOUM tampoco comporta la desafectación tácita de los terrenos incluidos en el ámbito del APR 08.03. Dicha Area de Planeamiento tiene por misión la fijación de objetivos a desarrollar mediante los correspondientes instrumentos de planeamiento, pero, a mayor abundamiento, de tales objetivos no se deduce, qué terrenos incluidos en el Area de Planeamiento continuarán destinados al servicio ferroviario, sin que los recurrentes hayan probado que no vayan a ser los suyos.

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