edición: 2614 , Miércoles, 12 diciembre 2018
06/08/2010
Ni Plan, ni negociación

Garoña se les queda en el ‘ángulo muerto’ a Zapatero, Sebastián y Montoro

Para Zapatero es innegociable; el Paner para 2020 descuenta su generación y la propuesta de la Subcomisión no alude a ella; ya no está en las ‘líneas rojas’ de la negociación del PP
ICNr

Consuman el ‘garoñazo’. En silencio y por omisión. Si el ministro Sebastián buscó en julio como ariete el supuesto Pacto de Estado con el PP para intentar cuestionar la cerrazón nuclear de Zapatero -aún a costa de retrasar hasta otoño la adjudicación del Almacén de residuos, ATC- y resucitar las opciones para la central burgalesa, el viaje a ninguna parte con Génova ha vuelto a convertirse en el cómplice del entierro de Garoña. Unos por otros, el Ministro y el PP le aplican el ‘mejor no meneallo’ con el que con el que Moncloa ha pretendido garantizar la inercia para el conjunto atómico español hasta que en 2020 venciera la siguiente licencia a 40 años, la de Almaraz. Un año después del Real Decreto que imponía el cierre de Garoña en 2013, a contrapié del CSN, está cada vez más cerca de hacerlo. Moncloa se niega a incluirla en cualquier paquete de negociación, el Plan de Acción de Energías Renovables 2020 prevé un aumento de la producción nuclear, pero descuenta la capacidad de generación burgalesa y ni siquiera la propuesta de la Subcomisión de Industria del Congreso se atreve a cuestionar su cierre. Si la Cámara Baja no lo cambia en septiembre, acabará en el ángulo muerto de Zapatero y castigada por el tijeretazo de Blanco, que fagocita también el 80% de los fondos destinados al ‘Plan Garoña’ alternativo a su cierre.

En Génova buscaban hacerse fuertes en las propias contradicciones atómicas que agrietan Ferraz y Moncloa desde hace más de un año. No era el Ayuntamiento de Trespaderme el único que 'desentonaba' con Jesús Caldera a favor de la prórroga hasta los sesenta años del reactor. Varios alcaldes de la zona, la Junta de Castilla y León y algún que otro de los barones del PSOE abogaban aún por discutir el cierre de la central de Nuclenor, sobre todo si el ATC acaba recalando en la región, o -para otros- a cambio de que no lo haga. La prórroga de Garoña era la primera de las condiciones que el responsable de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, le marcó a Industria. Pero, ahora que el PP busca apenas despertar del ‘coma’ al Pacto, Garoña se ha caído del menú de sus 'líneas rojas'. Ya sólo condiciona el retorno a la mesa de Sebastián a que no haya mayores cargas impositivas ni subidas del recibo de la luz.

Como avanzaba en su momento Cinco Días, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya estaba preparado para emitir un nuevo informe y reevaluar las condiciones de una prórroga a la central de Garoña. Pero el Paner 2011-2020 que Industria tiene que remitir a Bruselas -debió haberlo hecho en realidad antes del 1 de julio- ha optado por el 'laissez faire' nuclear para el mix energético español hasta 2025. Es verdad que prevé un aumento de la generación de fuentes nucleares de hasta un 5% en el horizonte de 2020, pero no será gracias a la potencia instalada, sino a los avances tecnológicos. Y es que el Paner y el documento propuesto por el Ministerio a los grupos del Congreso prevé que la nuclear aumentará más de un 5% su papel en la producción, aunque reducirá su potencia instalada en un porcentaje similar, un 5,8%, hasta los 7.256 MW, dando por descontada la aportación de la central de Garoña. Se contempla que los siete reactores nucleares que habría funcionando tras el cierre de Garoña sigan aún en 2020 con el mismo nivel de producción (en 2009 fue de 52.890 millones de kWh). De las ocho centrales españolas, Santa María de Garoña, de 466 megavatios (MW), es la única que en 2011 cumplirá cuarenta años. Del resto, Almaraz I alcanzará los cuarenta años en 2021, mientras que Ascó I y Almaraz II lo harán en 2023, Confrentes en 2024, Ascó II en 2025, Vandellós II en 2027 y Trillo en 2028.

Moncloa no ha querido ni tocar la idea de Bruselas de un impuesto, -aunque ahora es JPMorgan la primera en advertir del coste de una posible tasa por generación nuclear que está entre las opciones del Pacto de Estado-; no se ha definido un modelo de residuos europeos, ni menos aún objetivos mínimos comunes para los Veintisiete como esperaba el Comisario Günther Oettinger Gana tiempo con el nuevo techo de cristal para las centrales -40 años de vida útil-, que sólo consuma el horizonte ya de hecho de la vida técnica. Nada que no se pueda estirar con otra prórroga. Pero nada, también que no vaya a quedar por primera vez en manos del Gobierno, de espaldas a las decisiones del CSN.

Nada que la Subcomisión de Industria del Congreso de los Diputados, que negocia entre todas las fuerzas políticas un modelo energético a 25 años vaya a cambiar. En sus sesiones se escucharon durante julio los sables socialistas. El presidente Antonio Cuevas, ya había perdido la sintonía con Moncloa desde los primeros tiempos del 'affaire Garoña', hace más de un año: no era partidario del cierre de la central burgalesa, nila exclusión progresiva de la nuclear del mix energético español. De hecho, desde la Subcomisión aspiraban a resucitar una tercera vía nuclear para reducir una tasa de emisiones de CO2 que creció un 40% en los últimos veinte años y un puñado de diputados socialistas había levantado desde entonces la bandera atómica, aunque a título personal. Pero a la Subcomisión, en el cierre de sesiones antes de septiembre, los esfuerzos para derribar el inmovilismo atómico de Moncloa le duraron en pie menos de 48 horas en la mesa de las propuestas oficiales.

Es justo el tiempo que tardó Cuevas, tras las advertencias del Ministerio, en desmentir que la prórroga de la vida útil de los reactores españoles hasta los sesenta años estuviera en su borrador de propuesta. En uno de los documentos que este organismo manejaba se recogía la necesidad de que en el 2035 sigan operativas las centrales nucleares actualmente existentes, lo que implicaría alargar su vida más allá de los cuarenta años. Pero ni en Génova, ni en Ferraz se han ‘contagiado’ de los avances de la subcomisión del Congreso de los Diputados encargada de diseñar la estrategia energética para los próximos 15 a 25 años. De hecho, en el documento definitivo hasta ahora, que pasará a debate en septiembre, ha decidido aplazar la decisión sobre las prórrogas a la vida útil de las centrales nucleares hasta 2015 (no será hasta 2020 cuando cumplan 40 años los reactores ya instalados) y apostar por que todo el sector energético y no sólo el eléctrico pague el coste de las renovables. Un pacto que pasa por dar prioridad a la instalación de las tecnologías renovables más desarrolladas y que necesitan menos primas, como la eólica terrestre y, en cuanto al déficit de tarifa, además de mantener los compromisos de alcanzar la suficiencia tarifaria antes de 2013, apuestan por seguir el plan original del Gobierno para su colocación en el mercado desde septiembre.

Más aún, los silencios de Montoro, las presiones de Moncloa, el laissez faire de Miguel Sebastián y el tijeretazo de José Blanco han terminado por dejar en tierra de nadie a los planes del Ejecutivo para Garoña. Además de las supresiones de la A-11 variante de Aranda, la circunvalación de Burgos y dos tramos de la A-73, hay que añadir la decisión del Gobierno de no actuar en la carretera N-I y devolver al limbo los 650 millones de inversión en el desdoblamiento de esa carretera que prometían nutrir más del 80 del Plan Garoña. La respuesta oficiosa del Ministerio de Fomento es que ya han tomado la decisión de liberalizar la autopista AP-1 en 2018, cuando termina la concesión, y mantienen abierta la posibilidad de un peaje compartido. Pero ya se ha anulado hasta la licitación de su estudio informativo técnico. Lo sabe el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que a través de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) ha reservado una línea adicional de presupuesto de 20 millones de euros destinados a proyectos de pequeñas y medianas empresas del entorno de Miranda y afectados por el Plan Garoña. Una línea, en realidad, de préstamos participativos.

LA INERCIA DESTAPA LAS ‘VERGÜENZAS’ DEL CIERRE DE GAROÑA

La industria nuclear le sacude los muros a Zapatero. No sólo porque necesitará más fuentes de generación si recorta los objetivos de potencia y producción de las renovables (y el Paner lo hace ya en 4.700 Mw, un 7% menos sobre el modelo de Zurbano que publicitó en marzo), sino porque, junto con los ciclos combinados, serán las energías de respaldo para su impulso renovable. Una energía limpia, barata, que reduce la dependencia (en España aún del 79%, muy por encima de la media de los vecinos del 50%). Según Nuclenor, la nuclear cuesta 35 euros/megavatio, frente a los 60 euros de las centrales de ciclo combinado, los 80 de la eólica y los 400 euros de las fotovoltaicas. El otro problema es la intermitencia. Las energías alternativas necesitan todavía de mucha investigación para poder acumular la electricidad producida e incrementar su rendimiento. Su función podría ser perfectamente complementaria.

El sector calcula que para cumplir el 30% de la generación que defiende la UE España necesitaría 3 nuevos reactores desde 2020, pero los espanta la inseguridad regulatoria. El sector le exige al menos garantías de vida útil hasta los sesenta años, repensar el coste de generación y la sostenibilidad del modelo e impulsar una energía diez veces más barata que la solar.Le han vuelto a poner cifras sobre la mesa el presidente de Endesa y el presidente de Iberdrola: cerrar nucleares antes de los 60 años costará hasta 5.000 millones anuales, le recordaba Borja Prado. Si España prescinde de la energía nuclear, la factura eléctrica deberá elevarse en unos 35.000 millones, apunta Sánchez Galán. Ya desde 2009 el CSN recordaba que “mantener el funcionamiento de las centrales más allá del periodo inicialmente previsto en su diseño es compatible con la legislación española en vigor”: la moratoria legal terminó en 1997 con la ley del sector eléctrico, aunque Moncloa haya consumado la otra moratoria, la de la confianza de los promotores eléctricos. El cierre de Garoña es más chocante ahora, que el propio Gobierno, en su plan anticrisis, plantea mantener el resto de centrales nucleares existentes dentro del mix energético hasta 2020 y que ha renovado la licencia de Almaraz hasta los 30 años y que ha prorrogado por otros diez años la autorización a Endesa e Iberdrola para la explotación de la central nuclear Vandellós II (Tarragona), tras el visto bueno emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear.

Ni el 'laissez faire' de Garoña podrá impedir a Industria enfrentarse a las causas pendientes. Las eléctricas españolas están en armas ante el ‘cerrojazo’ de Moncloa. Armas judiciales, políticas y diplomáticas y volverán a enarbolarlas en otoño si el supuesto pacto no mueve ni un ladrillo de los muros antinucleares de Presidencia. Una docena de pleitos aguardan a los mapas antinucleares de Rodríguez Zapatero. No sólo el recurso presentado por Nuclenor ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de prorrogar la vida de la central nuclear de Garoña sólo cuatro años, en lugar de los diez que recomendó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ni la denuncia de los accionistas minoritarios de empresas cotizadas ante el Supremo y el recurso de la Junta de Castilla y León contra el cierre de la central los que despiertan los fantasmas de Garoña a Zapatero. Y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ya le ha advertido que si impone nuevos gravámenes a la energía nuclear, su compañía la recurriría ante los tribunales.

Nuclenor le saca los colores ante Obama y el Instituto Nuclear de EE UU por el cierre de la que la OIEA considera una de las cinco centrales más eficientes y seguras, tras más de 2.500 actuaciones sobre su diseño original y los 150 millones de euros invertidos durante los últimos años. Un motivo más para que Iberdrola, Endesa y la Junta de Castilla y León no renuncien aún a desandar los pasos que el Real Decreto del Consejo de Ministros les imponía al ministro y al CSN. Como el presidente de Iberdrola reconoce, entre las líneas de Sebastián y los silencios de Zapatero ve “pasos del Gobierno” para una posible rectificación de un cierre que -en palabras de Galán- es un “lujo” con el momento de dificultades económicas que atraviesa España y el coste de su factura energética. Hasta 2013 no comenzaría el proceso y, como recuerda Sánchez Galán, se tardarían cuatro o cinco años en “enfriar” su reactor. Aún había tiempo.

Mientras tanto, ni Endesa -que participa en siete de los ocho reactores en funcionamiento en España, y es el principal operador de la capacidad nuclear instalada, con una cuota 47% del total- ni Iberdrola, que comparte al 50% con ella en Nuclenor, la sociedad propietaria de Santa María de Garoña, exigen nuevas centrales a corto plazo. No hacen falta más por ahora, pero tampoco menos. Ése es al menos el veredicto de la Comisión Nacional de la Energía y de REE. Aunque, según los cálculos de Luis Atienza no sería necesario pensar en más reactores antes de la década de 2020, tampoco el mix español se puede permitir prescindir de los ya operativos. El suelo del sector nuclear español apunta a los sesenta años de vida útil para sortear el coste que tendrá, si no, la ‘excepción’ del modelo de jubilación atómica de Zapatero. Nada, en realidad, que no hayan asumido las economías de todo Occidente: frente a las cifras de Moncloa, que aseguraba que en el mundo sólo hay una central nuclear en funcionamiento con más de 40 años y que sólo seis centrales tienen un escenario de prórroga para sobrepasar la edad de 4 décadas, la realidad es que en el Instituto de Energía Nuclear Estadounidense analizan su propio parque atómico y aún no entienden la decisión de Garoña: en Norteamérica la mitad de los 104 reactores operativos ya han ampliado sus licencias hasta los 60 años.

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