edición: 2828 , Viernes, 18 octubre 2019
15/03/2017

Gas Natural ultima un arbitraje contra Colombia

ICNR
La empresa ya prepara una demanda de arbitraje contra el Gobierno de Colombia ante el Ciadi por la liquidación de Electricaribe.
Como mínimo, la gasista española reclamaría 475 millones de euros, que es lo que ahora mismo tiene valorado en libros la filial colombiana.

La Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia ordenó ayer la liquidación de la distribuidora y comercializadora Electricaribe, controlada por el grupo español Gas Natural Fenosa, que fue intervenida por el Gobierno colombiano el pasado 15 de noviembre.

"Se ordena la liquidación de Electricaribe", ha manifestado en una rueda de prensa el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, quien ha añadido que comenzarán de inmediato a buscar "un operador que asuma la prestación del servicio" en la costa atlántica, zona donde opera la compañía.

La empresa, intervenida de manera "preventiva y temporal" hace cuatro meses debido a problemas técnicos y financieros, "no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren", dijo Mendoza.

El superintendente aseguró que Gas Natural Fenosa solo obtendrá ingresos con la operación una vez se hayan completado los pagos a los distintos acreedores conforme al orden de prelación establecido por ley.

"Si tras pagar a la masa acreedora quedaran recursos adicionales, se entregaría a los accionistas actuales, a Gas Natural Fenosa", afirmó el presidente del organismo, antes de destacar que la operación "no costará un solo peso a los colombianos".

El superintendente aseguró que Electricaribe tiene un pasivo total de 2,4 billones de pesos colombianos (750 millones de euros), de los que 1,8 billones (565 millones de euros) corresponden a entidades financieras.

Además, el plan de inversiones que debe afrontar el nuevo operador, y que se convertirá en el "eje central del proceso de selección", asciende a 240.000 millones de pesos (75 millones de euros) anuales.

Ante la decisión del Gobierno colombiano, Gas Natural prepara ya una demanda de arbitraje contra el Gobierno de Colombia ante el Ciadi por la liquidación de Electricaribe. Como mínimo, la gasista española reclamaría 475 millones de euros, que es lo que ahora mismo tiene valorado en libros la filial colombiana.

"Dada esta situación de hechos consumados, a Gas Natural Fenosa no le queda otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada en la forma prevista en el Acuerdo de bilateral de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia, vía que ha estado demorando hasta el momento voluntariamente", ha señalado la empresa española en un comunicado.

Gas Natural reclama además a las autoridades colombianas que "dejen sin efecto" la liquidación y venta de su filial y "trabajen para buscar una solución satisfactoria y, sobre todo, sostenible para la prestación del servicio de suministro eléctrico en la zona".

El grupo energético considera que la decisión de liquidar Electricaribe es "contraria al proceso de diálogo" que, durante los últimos meses, ha mantenido la multinacional con las autoridades colombianas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes. La situación de la empresa se debe a la "inseguridad normativa existente en el país debido al fraude e impago padecido", señala.

Además, considera que la liquidación de la empresa también es contraria al "espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, conforme al Acuerdo de Libre Comercio" e "impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional hacia ese país".

Impago de 1.300 millones en facturas
Las autoridades colombianas intervinieron Electricarible, participada en un 85,38% por Gas Natural Fenosa y en el 14,6% restante por el Gobierno colombiano, el pasado 15 de noviembre. La compañía sufría fuertes presiones de tesorería, provocadas por el impago de más de 1.300 millones de euros en facturas y por un elevado volumen de fraude en el consumo.

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