edición: 2557 , Miércoles, 19 septiembre 2018
06/03/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El Gobierno adapta a España el sistema comunitario sobre resolución de conflictos de jurisdicción entre Estados

Javier Ardalán
El Proyecto de Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, establece un nuevo sistema de consultas y decisión entre las autoridades competentes de los países afectados por el eventual conflicto de jurisdicción, una situación que en el caso de la delincuencia internacional y de la corrupción cada vez es más corriente.
Este texto, aprobado en el último Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes para su tramitación parlamentaria, impone a las autoridades nacionales de informar al miembro nacional de España en Eurojust de los posibles casos en que pueda existir un conflicto de jurisdicción, se considera que esta Ley, dada su relación con la materia, es la norma adecuada para incorporar el contenido de la mencionada Decisión Marco al ordenamiento jurídico

Cuando un órgano judicial que lleve a cabo la instrucción o el enjuiciamiento de un proceso penal en España aprecie indicios suficientes de que, en otro Estado miembro de la Unión Europea (UE), se está tramitando un proceso penal, ya sea en fase de instrucción o de enjuiciamiento, contra la misma persona y respecto de los mismos hechos, estará obligado a enviar una solicitud de contacto a la autoridad competente del otro Estado miembro.

La Fiscalía deberá solicitar el contacto si se trata de diligencias de investigación llevadas por sus funcionarios o de la instrucción de un procedimiento de responsabilidad penal de menores. La solicitud de contacto se enviará en el plazo de quince días desde que conste en el procedimiento español la existencia de un eventual conflicto de jurisdicción.

En caso de no poder facilitar la información detallada en este apartado por entender que de hacerlo se perjudicarían los intereses fundamentales de seguridad nacional o se pondría en peligro la seguridad de las personas, se hará constar expresamente en la consulta la concurrencia de estas excepciones.

La autoridad española competente responderá, por cualquier medio que deje constancia escrita, a la solicitud de contacto que le envíe la autoridad de otro Estado miembro ante la eventual existencia de un conflicto de jurisdicción. La contestación se efectuará en el plazo razonable indicado por dicha autoridad o, en su defecto, en el plazo de quince días desde la recepción de la solicitud.

Si no pudiera dar una respuesta en el plazo previsto legalmente, informará de inmediato a la autoridad solicitante de los motivos de la demora, debiendo indicar el plazo previsible en el que podrá facilitar la información, plazo que en todo caso no podrá exceder de un mes, y si se tratara de una petición urgente, de quince días.

Una vez entablado contacto directo con la autoridad competente de otro Estado miembro y confirmada la tramitación paralela de dos procesos penales contra la misma persona y respecto de los mismos hechos, el órgano judicial oirá al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, por plazo común de diez días, sobre si procede la sustanciación de ambos procedimientos penales en un mismo Estado miembro y sobre los criterios que concurren para que la autoridad judicial española ceda o no la jurisdicción a otro Estado miembro.

Tras esta audiencia, el juez promoverá el consenso con la autoridad competente del otro Estado miembro y, en caso de no lograrse, podrá trasladar el asunto a Eurojust, siempre que se trate de una materia incluida en su ámbito de competencias. Si no hay acuerdo tampoco entre los miembros nacionales de Eurojust, podrá solicitar al miembro nacional español que inste un dictamen escrito no vinculante del Colegio de Eurojust.

Una vez emitido el dictamen, que no será vinculante, del Colegio de Eurojust, se oirá de nuevo a los fiscales y, en su caso, a las demás partes personadas, en un plazo de cinco días. Tras ello el juez o tribunal resolverá, por auto motivado, dictado en el plazo de cinco días, sobre la continuación o no del procedimiento ante la jurisdicción española.

Para la resolución del conflicto de jurisdicción el juez deberá tener en cuenta, entre otros, la residencia habitual y nacionalidad del imputado; lugar en el que se ha cometido la mayor parte de la infracción penal o su parte más sustancial; la jurisdicción conforme a cuyas reglas se han obtenido las pruebas o lugar donde es más probable que éstas se obtengan; y el interés de la víctima.

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...