edición: 2451 , Viernes, 20 abril 2018
12/04/2013
Confirma que se vulneró la legalidad

Golpe a las preferentes: los lectores hablan de una `estafa masiva´ tras conocer el informe de la CNMV

Los internautas encuentra en el texto una prueba de gran peso para inculpar a Bankia, a la CNMV y al Gobierno por tratar de encubrir el fruto de una práctica ilegal
ICNr

Un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) revelado esta semana ha supuesto un giro radical en el debate sobre las participaciones preferentes, abriendo la puerta a la vía penal para castigar la comercialización de estos productos financieros e incluso a la imputación de la propia Comisión, la del Banco de España (BdE) o la del Gobierno. El texto prueba que la propia CMNV reconoce ilegalidades en la colocación de estos productos financieros, lo que implica que las soluciones parche orquestadas desde el Ejecutivo no son más que una fórmula para tapar conscientemente esos delitos y buscar una vía alternativa que, desde luego, no satisface a los clientes. La red se ha plagado de comentarios y análisis `destripando´ los entresijos del informe y canalizando las consecuencias que, en el plano legal y político, podría o debería tener su revelación. Como trasfondo, los ciudadanos se sienten, una vez más, engañados por sus representantes, cuya legitimidad pende, más que nunca, de un hilo.

El informe, revelado por eeldiario.es, data de febrero de 2013 y revela algunas de las claves de la comercialización de participaciones preferentes en todo el país entre 2008 y 2011, una técnica que fue utilizada por la banca para financiarse y que finalmente ha caído por su propio peso. Son muchas las sentencias que condenan a las distintas entidades a devolver a sus clientes la cantidad invertida por entender, en la mayoría de los casos, que no se aportó información suficiente a éstos a la hora de contratar. O lo que es lo mismo, que se mintió a éstos ofreciéndoles un producto distinto al que realmente estaban contratando. Sin ir más lejos, la Audiencia Provincial de Baleares condenó ayer al Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpime) a abonar un total de 207.514 euros más los intereses legales a una anciana de Palma que perdió todos sus ahorros tras invertirlos en participaciones preferentes, sin que la entidad le hubiese previamente proporcionado la suficiente información sobre este tipo de productos financieros ni acerca de los riesgos y consecuencias que podía acarrearle esta operación.

El goteo de sentencias en este sentido -con casos de analfabetismo y firma con huella dactilar incluidos- es constante y la conciencia ciudadana de la mala praxis bancaria está totalmente generalizada, a juzgar por los comentarios vertidos por los internautas en la red. Pero el informe de la CNMV supone la guinda perfecta a lo que los jueces ya afirman y, a la vez, una prueba perfecta a la que agarrarse para arremeter contra el Gobierno, contra el Banco de España. Gracias a ello, resulta más sencillo perseguir las fórmulas que se han orquestado desde el Ejecutivo para que sean los inversores engañados los que asuman la pérdida de sus ahorros en base a una protección desproporcionada a la banca. Ayer mismo UpyD, la formación que abrió la investigación judicial de la salida a Bolsa de Bankia, anunció que va a presentar otra `querella criminal´ en la Audiencia Nacional para que la `estafa de las preferentes no quede impune´ y que los tribunales castiguen a quienes las `comercializaron, promovieron, estimularon su comercialización y miraron para otro lado´ sin darse `por enterados´. El diputado Toni Cantó lo hacía público en su Twitter antes incluso de que se revelara en el Congreso.

En concreto, el informe de la CNMV recopila operaciones bancarias, comunicaciones oficiales y acusaciones directas que retratan el comportamiento con sus clientes de Caja Madrid y Bancaja, las dos principales entidades que formaron Bankia. En ellas se prueba que éstas incumplieron la Ley de Mercado de Valores de manera continuada al colocar preferentes a pequeños ahorradores a un precio superior al que correspondía. Además, éstas beneficiaron injustamente a unos clientes sobre otros, generándoles un perjuicio de hasta 240 millones de euros. Se asegura, además, que `las entidades no actuaron, como era su obligación, en interés de los inversores´ y que `no establecieron ninguna medida destinada a impedir que los conflictos de interés (...) perjudicase los intereses de los clientes compradores (...) perjudicándolos en beneficio de otros clientes que, de esta forma, conseguían la liquidez deseada y en beneficio de las propias entidades que estaban interesadas en facilitar liquidez a los vendedores´.

La violación del articulado de la Ley del Mercado de Valores se concreta en algunos preceptos, como el artículo 70, que regula los conflictos de interés. Además, se deja claro que las prácticas descritas se dieron `de forma no aislada o puntual´. Toda esta información ve la luz en un momento especialmente crítico para los afectados por la llamada `estafa de las preferentes´, ya que los afectados por las preferentes tienen que tienen que decidir si acuden al proceso de arbitraje, canjean sus preferentes por acciones de la entidad -con la quita correspondiente que ya ha anunciado el BdE- o acuden a los juzgados para que se les restituya la totalidad de lo invertido. Tras el informe, se espera una auténtica avalancha de demandas.

No hay más que atender a las cifras para calibrar la importancia del problema. Simplemente con tomar como ejemplo seis emisiones, la CNMV calcula que los clientes de Bankia perdieron entre 140 y 225 millones de euros por esta práctica, en la que se había invertido al menos 685 millones de euros. Estas cifras son, según eldiario.es, `apenas la punta del iceberg, ya que los cálculos elevan hasta 5.000 millones la inversión de los minoristas en este producto financiero sólo en Bankia´. La CNMV revisó unas 65.400 operaciones de compraventa de participaciones preferentes, desde junio de 2010 hasta noviembre de 2011.

UN BALÓN DE OXÍGENO PARA LOS AFECTADOS

La noticia se tomó como un verdadero `balón de oxígeno´ para los afectados, que cuentan con una nueva herramienta -y una muy poderosa- para lanzarse a los juzgados y evitar la pérdida de sus ahorros. Se celebró, además, el buen hacer del periodismo de investigación, lo que valió al diario cientos de alabanzas por parte de sus lectores. Eso sí, los ciudadanos no dejaron de señalar que `lo más sangrante y grave´ es que la CNMV, teniendo este informe en su poder, no lo publicó de manera oficial, lo que, indudablemente, supone encubrir una mala praxis cuando su labor es precisamente la contraria. `Parece ser debido a que torpedearía el proceso de arbitraje y la quita correspondiente a los preferentistas´, analizó un lector.

Pero, dejando a un lado negligencias que, por otro lado, no sorprenden lo más mínimo a los lectores, lo más destacado es que se abre todo un abanico de posibilidades para quienes quieran demandar. `Si la ocultación de esos datos hizo que personas contratasen las preferentes engañadas, ahí tenemos de todo. Para empezar, podría ser un caso más de fraude a inversores (artículo 282 bis del Código Penal), que es punible no sólo para los administradores y directivos, sino también para las propias Baankia y BFA (como dice el artículo 288 del CP). Y si hay conciencia de que en las transmisiones de preferentes el nuevo adquirente compraba por un precio inflado (es decir, que perdía dinero), podríamos hablar de una estafa masiva (artículo 248-250 del CP), punible para administradores, directivos y para Bankia y BFA (artículo 251 bis)´, analizó un lector en el foro de la noticia. No se trata, en definitiva, de una negligencia ni una mala gestión, sino de una `estafa masiva y premeditada´

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