edición: 2557 , Miércoles, 19 septiembre 2018
19/06/2009
OBSERVATORIO DE PATENTES Y MARCAS

GOOGLE, SGAE y EMI señalan la importancia de adaptarse a las nuevas tecnologías

Pons Patentes y Marcas

Fundación José Pons, en colaboración con la Fundación madri+d para el Conocimiento, ha celebrado la segunda sesión de sus Jornadas sobre Protección de la Innovación y Transferencia de Tecnología, en el marco de las actividades de la Enterprise Europe Network madri+d. En esta convocatoria se ha abordado la protección y defensa  de los derechos de propiedad intelectual en entornos tecnológicos, especialmente en lo referente al software y los contenidos digitales.

En la conferencia inaugural, Paula García, responsable del Área de Nuevas Tecnologías de Pons Patentes y Marcas Internacional, ha fijado los límites de la propiedad intelectual, especificando su vigencia “desde el momento de la plasmación de la idea, y nunca antes de él”, y señalando “el carácter declarativo y no constitutivo del registro de propiedad intelectual, que le permite ejercer como prueba temporal de la obra, pero no dar fe sobre su originalidad”. Además, García se ha referido a la directiva de Abril de 2009, en la que “se ha regulado la situación de los programas de software, cuya protección se extiende también a toda la documentación previa y preparatoria”.

Eduardo Martín Pérez, jefe del Área de Patentes Físicas y Eléctricas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ha hablado sobre la protección de la invenciones implementadas por ordenador, aclarando que “ni en la ley española ni en la europea queda definido con exactitud qué es un invención, lo que hace que los listados que las regulan no sean excluyentes ni fijos y que se avance en la delimitación a partir de elementos tales como el carácter técnico de lo registrado, un requisito implícito y clave para la protección de estas invenciones”.

Cristina Sanz, de Microgénesis, ha disertado acerca de los diferentes contratos informáticos que los clientes pueden encontrarse en el mercado, con especial atención a los Proveedores de Servicios (o ASP), que “además de aportar el software, se encargan de su mantenimiento y gestión, en muchos casos en régimen exclusivo de prestación de servicios, lo que hace que al cese de la actividad, la empresa contratante no tenga licencias ya incorporadas”. Su punto de vista se ha visto complementado por el de Silvia Alvarado, asesora jurídica de Fundación Cenatic, quien ha explicado cómo “las licencias de software de fuente abierta suponen un cambio de filosofía que respeta los derechos de autor, pero desde el otorgamiento de varias libertades: de usar el programa con cualquier propósito, de estudiar cómo funciona y adaptarlo, de distribuir copias y de mejorarlo y hacer públicas esas mejoras para los demás”.

La jornada ha concluido con la mesa redonda Los derechos de propiedad intelectual en la era digital: la industria de los contenidos frente a la copia digital y la distribución no autorizada de obras en Internet, en la que han participado Marc Gauvin, International Projects SDAE-SGAE Group; Bárbara Navarro, directora de Relaciones Institucionales de Google; Olga Díaz, directora de Negocio y Legal de Emi Music; y José Antonio Orgaz, miembro de la Unidad Audiovisual de Prisa. En ella, como representantes de grupos con intereses diferentes, cada sector ha expuesto su visión de la legislación actual, comenzando por Marc Gauvin, para quien “lo primero que se requiere es una semántica básica y común que pueda ser codificada y al mismo tiempo sea eficaz para el usuario, de manera que todos los derechos digitales terminen siendo como los materiales y se puedan gestionar en cualquier lugar del mundo”.

Bárbara Navarro ha reclamado “un equilibrio entre los derechos de autor y los de la sociedad en su conjunto y una flexibilización de las limitaciones, ya que hay una parte de explotación de la obra que no supone un menoscabo de los derechos de autor y sí genera una nueva riqueza”. No ha coincidido con su criterio Olga Díaz, quien ha expuesto cómo la presencia de un índice de descargas ilegales del 95% de la música consumida a través de las nuevas tecnologías hace que España, pese a ocupar la novena plaza en el mercado de la música grabada, aparezca entre los cinco países con mayor tasa de piratería del mundo, según un informe del parlamento estadounidense. Esta circunstancia ha reducido el número de nuevos artistas, que ha pasado de ser de 10 en el Top 50 en el año 2003 a sólo 1 en 2008”.

Finalmente, José Antonio Orgaz, ha recordado, a propósito de los derechos de retransmisión del fútbol, “que el operador que los compra para retransmitirlo no es el responsable de que antes se televisara en abierto y ahora se haga bajo una fórmula de pago; pero que cualquier pirateo de la señal lesiona esa nueva propiedad audiovisual”.

Noticias

La propiedad industrial e intelectual, a debate en la Universidad Pontificia de Salamanca
 
La Oficina de Transferencia del Conocimiento de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ofreció el lunes, 15 de junio, un taller sobre 'La Protección de la innovación: Propiedad Industrial e Intelectual' impartido por la subdirectora general de PONS Patentes y Marcas, Nuria Marcos, y el técnico del Departamento de Patentes de esa misma empresa, Ignacio Martínez Robledo.

Marcos fue la encargada de analizar el sistema de propiedad intelectual y, en concreto, la protección de las creaciones desarrolladas en el ámbito universitario.

Posteriormente, Martínez Robledo dedicó su intervención a la protección de patentes, secreto industrial y propiedad intelectual, y a las invenciones implementadas por ordenador.

El taller pretende "acercar la realidad mercantil al profesorado y alumnado de la UPSA mostrando los principales elementos de la propiedad intelectual como creadores de valor". A través de estas sesiones se ofrecerán herramientas para "proteger el valor del esfuerzo investigador", aseveró la organización.
 
La actividad está organizada conjuntamente con la Junta de Castilla y León y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, concluyó la Universidad Pontificia de Salamanca.

Un programa de Telecinco provoca una investigación a tres consejerías, una audiencia provincial y cuatro juzgados
 
Un programa de investigación encabezado por Mercedes Milá ha provocado que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abra 8 procedimientos de declaración de infracción a diversas administraciones - entre las que hay tres consejerías autonómicas-porque diversa documentación judicial llegó a contenedores de basuras donde cualquier persona pudo acceder a ella. Entre los expedientados está un juzgado de Igualada, por lo que la agencia española ha remitido la información a su homóloga catalana, la Agència Catalana de Protecció de Dades (ACPD) por si estima que procede expedientar también a Justícia de la Generalitat.
 
Además del juzgado de Igualada, el expediente por infracción se dirige a otros de Madrid, Alzira y Sevilla; así como a la Audiencia Provincial de A Coruña.

Las consejerías de justicia expedientadas son las de Valencia, Galicia y Andalucía. La AEPD remitirá la información a sus homólogas de Catalunya y Madrid, lo que podría derivar en nuevos expedientes.

El programa de televisión 'El diario de... la justicia pierde los papeles', emitido el 14 de enero en Telecinco, reveló situaciones de descuido grave de la información en varios juzgados y demostró que se podía acceder fácilmente a datos personales confidenciales. En la información que Telecinco facilitó a la AEPD y en el programa se constató "la aparición de diversa documentación judicial con datos personales, en contenedores en la vía pública".

La AEPD afirma que los documentos "incluían en algunos casos nombres de víctimas y agresores, informes médicos y psicológicos, diligencias originales, declaraciones de las víctimas, fotocopias de sus documentos de identidad e, incluso, sus domicilios impresos en solicitudes de órdenes de alejamiento".

La directora de la ACPD, Esther Mitjans, indicó ayer que, "lamentablemente, la aparición de documentos en contenedores es demasiado frecuente e implica una vulneración del derecho de secreto".

Pese a su frecuencia, estos descuidos son una anormalidad, puesto que existe legislación que protege la información confidencial. Si se trata de datos médicos, su divulgación puede llegar a considerarse muy grave y las sanciones pueden superar los 600.000 euros de multa. En el caso de la información judicial normal, la sanción puede ser considerada grave.

La AEPD señaló que con su investigación "se ha acreditado que la información hallada ha sido accesible a terceros, al haber sido obtenida por periodistas en la vía pública, por lo que tanto los juzgados como las consejerías podrían enfrentarse a la declaración de infracciones graves o en algunos de los casos muy graves de la ley, al tratarse de datos sensibles".

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