edición: 2574 , Lunes, 15 octubre 2018
23/04/2018

Google busca mantener su modelo de uso de datos y hacerlo compatible con las normas de la UE

Editores y anunciantes critican la estrategia de la plataforma de Internet frente a la regulación
Carlos Schwartz
Google ha diseñado una estrategia cuyo objetivo es preservar la generación de ingresos basada en la información obtenida de terceros en particular de anunciantes y de medios informativos on line. La regulación de protección de datos generales (RPDG) de la Unión Europea debe entrar en vigor el 25 de mayo y para las grandes plataformas de Internet de lo que se trata es de esquivar sus sanciones que son de 20 millones de euros o el 4% de la facturación, cualquiera que sea la más alta, mientras preservan el negocio que supone la gestión de información de sus usuarios obtenida a través de la publicidad y de los medios on line. El sector de la publicación on line estadounidense ha criticado la estrategia de Google afirmando que es un intento de preservar un negocio que le supone al gigante de las búsquedas en Internet 20.000 millones de dólares anuales en una forma que no respeta el espíritu de la nueva normativa europea. La regulación conocida como RPDG castiga la violación de la custodia de los datos personales de los usuarios de Internet. La normativa no castiga el uso de los datos para estudios del tipo de los que hizo Cambridge Analytica o en general el procesamiento de esa información para usos políticos o comerciales. Sin embargo establece los principios de consentimiento y transparencia. 
Una empresa que recoge o procesa información personal deberá obtener un consentimiento claro y expreso de los consumidores para lo que tiene previsto hacer con esa información. En el caso de que la naturaleza y el objetivo del uso de la información varíe las empresas deberán obtener el consentimiento nuevamente para estos objetivos distintos. La normativa establece un límite claro al uso político de la información de los consumidores de las plataformas como Google o Facebook. Este quedará limitado a los propios partidos y organizaciones como los equipos de campaña y en ambos casos solo para la elaboración de listados electorales y boletines informativos.

De acuerdo con los editores de publicaciones on line Google ha diseñado un modelo destinado a proteger la información sobre consumidores que obtiene de terceros, fundamentalmente editores y anunciantes. La empresa deberá anunciar hoy resultados trimestrales en una situación en la cual los accionistas intentan evaluar el impacto que puede tener esta regulación sobre sus ingresos por publicidad. La relevancia de la normativa tiene que ver con el hecho que Google utiliza información de terceros sobre unos 1.000 millones de usuarios de Internet a escala global por ejemplo para dirigir la publicidad de forma personalizada. 

De acuerdo con un portavoz de la agrupación de editores de publicaciones on line estadounidense Digital Content Next “Google y Facebook han adoptado una estrategia mediante la cual tratan de proteger el statu quo y seguir haciendo lo que han hecho toda la vida” y señaló que el objetivo de la regulación europea era establecer normas de cumplimiento obligado para todo el sector. “La protección de datos y la regulación de la privacidad han sido siempre uno de los principales riesgos para las grandes plataformas”, añadió. Si Google no puede hacerse con la información cuando un usuario entra a su cuenta de Gmail y la usa en la red “Eso es un gran riesgo” señaló la fuente. 

Los analistas consideran que la RPDG va a suponer cambios en la publicidad personalizada de las grandes plataformas, aunque éstas aun no han hecho proyecciones sobre como les puede afectar la normativa. En los hecho si se cumple con la normativa el resultado será un menor volumen de datos y eso inevitablemente va a impactar en las estrategias de publicidad, señalan los analistas, que añaden que esta menor capacidad de ajustar la personalización de la publicidad tendrá una repercusión financiera en los ingresos de las plataformas, en particular de Google, y eso va a llevar a los accionistas a presionar a la empresa para que haga pública una estimación del efecto que pueden tener estos cambios en la regulación.

Google ha esbozado su posición de cara a la RPDG como de una suerte de “controlador” de la información generada por terceros es decir una posición “neutral” que le concedería un amplio abanico de posibilidades para el uso de esa información. Esta posición ha suscitado un enfrentamiento con los editores on line que señalan que ese no es el espíritu de la normativa europea que entrará en vigor en mayo. Para los críticos la nueva normativa está diseñada para dar a los consumidores y usuarios de Internet en general y de las plataformas en particular, un mayor control sobre su información personal. 

El conflicto también ha expuesto la existencia de intereses contrapuestos entre las plataformas y los editores sobre quién obtiene más beneficio de la información de los usuarios en un mercado que no implica el uso del buscador de Google y que representaría 20.000 millones de dólares de los 110.000 millones de facturación de la empresa el año pasado. El uso del buscador pone a los usuarios en relación directa con esa empresa y por tanto al margen de las bases de datos confeccionadas con información de terceros. Google por su parte ha informado que ya “exige a los editores y anunciantes que obtengan el consentimiento de los usuarios finales para el uso de nuestros servicios de anuncios en sus páginas web, tal como se exige en la actual legislación de la Unión Europea”. 

La empresa añadió que la nueva regulación refina un poco más este punto. Google también informó que va a crear un nuevo departamento de publicidad que no se basará en la personalización de los anuncios, un indicio de que el otro frente se puede debilitar. La RPDG puede suponer un cambio significativo, pero para ello las agencias nacionales de protección de la información deben estar dispuestas a ejercer sus labores con la energía necesaria algo que en España ha brillado por su ausencia en casos flagrantes en las que están involucradas de forma masiva no sólo las grandes plataformas, sino diversos servicios que se especializan en acosar a los consumidores. Con las nuevas normas las 28 agencias nacionales de protección de la información podrán perseguir a cualquier empresa que no respete la normativa aplicando multas de hasta 20 millones de euros o el 4% de las ventas anuales, cualquiera que sea la cifra más alta entre ambas.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...