edición: 2600 , Miércoles, 21 noviembre 2018
08/05/2009
La vicepresidenta busca ‘apagafuegos’ y compensaciones para la guerra de tasas

Gran triunfo de De la Vega que consigue unir en su contra a las telecos, el sector más dividido

El sector tecnológico se suma a los conjurados contra Moncloa
La CMT también cierra filas con las operadoras
María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera
Ana Zarzuela

Ha querido hacer el milagro de los ‘panes y los peces’ en piel ajena, buscar pagadores a RTVE en el sector de las telecomunicaciones y facilitar los cortes de las descargas a González-Sinde a costa de la chequera de las operadoras de telefonía, pero el único ‘prodigio’ que ha conseguido Moncloa es hacer desaparecer los desencuentros de la guerra de la fibra, la batalla de precios del móvil y el refarming pendiente y unir -por primera vez- a las operadoras de telefonía y el sector tecnológico. Redtel, Aietic, Astel y Asimelec entonan el ‘todos a una’, una suerte de Fuenteovejuna contra los muros y las "agresiones" de la vicepresidenta. De la Vega busca apoyo en la Secretaría de Estado, pero Ros trata de apagar el ’incendio de Internet’ que Cultura ha prendido con Redtel.  La CMT le saca al Gobierno los colores de su falta de inversión y cierra filas con las operadoras: los 300 millones de euros anuales para RTVE suman con una carga impositiva específica que creció un 450% bajo el signo de Zapatero. Sólo rebajas en otras tasas o incentivos complementarios ayudarán, si Moncloa no quiere encajar las promesas de menos inversión y más tarifas. La vicepresidenta baraja.

La sintonía del sector de las telecomunicaciones con todas las aristas de Moncloa se ha roto. El 41% del nuevo mapa de financiación total de RTVE saldrá de unas arcas ya lastradas por el aporte de un 21% del resultado neto acumulado del sector en impuestos específicos a las telecomunicaciones. Llueve sobre mojado en la guerra de las tasas y en el bosque de lanzas en ristre entre la CMT y la patronal de las telecomunicaciones -de un lado- y Moncloa y sus ministros, del otro. Trataron de llegar a un consenso con Cultura en el P2P, pero han topado con el muro de su paciencia. Se han acostumbrado a ver cómo Miguel Sebastián se colgaba medallas propias -la corona en banda ancha ultrarrápida, la tdt y el internet rural- y se ahorcaba con las propias. Respiran desde hace meses por las heridas del Plan Avanza y ahora  la vicepresidenta los ha sentado a la mesa de la nueva RTVE los últimos, sólo cuando el ‘ruido’ de sus protestas ya no se dejaba aguantar.

Si el dividendo digital, el proceso pendiente de refarming, las licencias del móvil regional (que Ferraz y Solbes quisieron canjear por apoyo para los Presupuestos Generales en su momento) y las cifras del Plan Avanza amueblaron el desencuentro con la cúpula de Industria y los intentos de Cultura por cercenar internet han levantado todas las iras del sector, la reforma de la financiación de la TVE  les recuerda a las operadoras que no es la Comisaria Vivianne Reding su único azote político, ni la crisis de consumo la peor amenaza a sus ingresos. No se lo ha callado el presidente de la patronal Asimelec (la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones), Jesús Banegas: al sector, los esfuerzos de Rodríguez Zapatero por vestir su televisión con el ‘modelo Sarkozy’ los ha puesto "de los nervios".

Ni Elena Salgado ni Miguel Sebastián encontrarán un camino de rosas en su apuesta por replicar el modelo francés para eliminar la publicidad en la televisión pública. Se lo han recordado Redtel y la CMT en persona a Fernández de la Vega y la Aetic y Astel en la distancia, desde la orfandad de la invitación a la mesa de la vicepresidenta. La Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España (AETIC) se piensa dos veces las vías judiciales. Redtel -que agrupa a Telefónica, Vodafone, Orange y ONO- se conforma, por ahora con advertir que el empellón al que le pone cara Fernández de la Vega puede lastrar la expansión de un sector netamente inversor, cercenar su empleo y repercutir en los consumidores el látigo de los precios. Más de una operadora hace saber que está ya dispuesta a subir las tarifas del teléfono e internet y a preparar facturación desglosada a medida.

Las telecos respiran por la herida del 21,4% de los resultados netos del sector, que dejan cada año en el altar de la hacienda pública, una ‘ofrenda’ que hace del sector el de mayor carga fiscal del país y el más lastrado de Europa. Apenas el preámbulo de lo que será si, gracias al nuevo modelo de RTVE, tiene que dedicar un 28,4% de los resultados netos del sector a las arcas públicas. Se lo ha recordado el vicepresidente de la CEOE: no aceptarán que los trate como a los sectores que están sometidos a impuestos especiales debido a que generan externalidades negativas para la sociedad, como el alcohol o el tabaco. Aunque en menor medida que otros sectores, las operadoras están sufriendo la caída de la demanda y, además, acusan el estrechamiento de márgenes que provocan las bajadas de precios impuestas por los reguladores nacionales y europeos.

France Télécom acumula abultadas pérdidas en su operación española, mientras que Ono y Jazztel atraviesan situaciones financieras delicadas, con altos endeudamientos que les han obligado a realizar dolorosas reconversiones y todavía no les han permitido lograr beneficios. No aceptan que les clave en las espaldas del sector de las TIC el atajo para esquivar un canon de la TV y que se permita la consumación de una tasa del 0,9% de sus ingresos, que supondría elevar un 33% -en 290 millones de euros- la fiscalidad especial que ya pagan en España. Menos aún -recuerda la patronal AETIC- que lo haga de espaldas al sector televisivo, el principal beneficiado por el terremoto de la financiación que cocina Moncloa y de los 715 millones de euros de los ingresos por publicidad a los que renunciará RTVE. De los 680 millones del sector privado para financiar la RTVE, el sector de las telecomunicaciones tendrá que  aportar el 74%, ya que hay que sumar a los 290 millones de euros otros 213 procedentes de la tasa del espectro, mientras que las televisiones privadas sólo pagarán 140 millones en concepto de tasa de ingresos y otros 37 por el espectro.

Llueve sobre mojado porque la presión parafiscal que sufre el sector de las telecomunicaciones en España, con impuestos y tasas específicos, que gravan exclusiva o preferencialmente a las operadoras, se eleva a 825 millones de euros en 2008. Además de pagar los impuestos comunes  (Sociedades IBI, etc), las ‘telecos’ abonan un pagan una serie de tasas exclusivas por 400 millones al año, como la tasa de operadores (para financiar la actividad de la CMT), la tasa por la numeración y la que se paga por el espectro de frecuencias radioeléctricas- son las principales contribuyentes, en un 85%-. Además, y aunque contribuyen a financiar a los ayuntamientos con un IAE específico por las antenas de telefonía móvil, desde hace cuatro años, muchos consistorios quieren cobrar a los grupos de móviles la tasa por ocupación del dominio público -que ya repercuten sobre las operadoras fijas- a pesar de que la Ley de Haciendas Locales las excluía expresamente.

DESENCUENTRO CON EL REGULADOR

Las grandes empresas de telecomunicaciones, que en el sistema galo contribuyen con el 0,9% de su facturación para sufragar parte de los ingresos que pierde el ente público, ya velan armas en España bajo el paraguas de la Aetic. Y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones está dispuesta a apadrinar muy de cerca esas lanzas. Ya lo ha hecho, hasta ahora, con algunas batallas para liberar -o al menos aliviar- a las operadoras de tasas de las instituciones públicas españolas que son inéditas en otros países europeos, entre ellas, la tasa por el uso del dominio público local, que obliga a estas empresas a pagar el 1,5% de sus ingresos brutos, 270 millones de euros.

La guerra no esquiva ni al regulador: Industria amasa desde hace meses los alfiles de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), mantiene en el congelador su renovación, y con ella en la cuerda floja la opción de un mandato más o la retirada de su presidente. La CMT cierra filas con Reinaldo Rodríguez y la guerra contra las tasas públicas que las grandes telecos amenazan con desplegar; se atreve a sacarle los colores y amargarle las medallas a Sebastián, critica la estrechez de sus presupuestos para infraestructuras y le exige a Moncloa fondos públicos para financiar las redes de nueva generación. Elena Salgado no ha asumido aún la reforma de la Comisión prometida por el ex vicepresidente Solbes. La ‘rebelión’ se la puede cobrar Moncloa en sus propias costuras al equipo de Rodríguez.

UNANIMIDAD INÉDITA

La sacudida fiscal al cuello del sector ha engendrado una unanimidad que ni siquiera el penúltimo choque de trenes con la geografía del gobierno de Zapatero-el de las descargas de internet- fue capaz de alumbrar. España está ya casi sola entre los Veintisiete, en el banco de los pocos Estados que siguen aún sin pronunciarse. Las operadoras estaban dispuestas a asumir parte de la propuesta de la Coalición de centrar la persecución no en los usuarios comunes, sino en los que ellos llaman "concentradores", responsables de las páginas web que alojan o enlazan los archivos protegidos por derechos de propiedad intelectual, que permiten las descargas mediante programas p2p. Pero los operadores no quieren ser guardianes de sus clientes y ya han avisado que controlar las descargas P2P costará 100 millones de euros al año. Al Ministerio de Cultura francés sólo el envío de más de 10.000 avisos cada día le  costará más de 70 millones de euros. Rechazan la creación de un organismo judicial independiente que regule las sanciones, que tendrían que financiar ellas también Además, son ya más de 10 millones los que hacen uso de las redes P2P, un caos evolucionar contra ellos y un riesgo si la sombra de la avalancha de bajas se hace real.

Sin embargo, la brecha con el Ministerio de Cultura no hermana a todas las operadoras por igual. En el desencuentro con  González Sinde y con la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido, la Astel y sus 16 miembros han quedado en un segundo plano; algunos operadores como ONO decidieron limitar el tráfico P2P para favorecer la navegación y Orange -a pesar de cerrar filas con Telefónica y Vodafone desde Redtel- estaba más dispuesta a hacer valer su ‘piel’ gala, a saltarse los Pirineos y a hacer valer en España el sistema que pretende Sarkozy, que Didier Lombard considera “equilibrado, porque deja en manos de una autoridad independiente (Alta Autoridad para la difusión de las obras y la protección de los derechos en Internet), integrada por magistrados, las medidas a adoptar contra los internautas que realicen descargas ilegales”. Ya en su momento se ofreció a César Molina también a aplicar en España el ‘Modelo Sarkozy’, la ley guillotina, que desconecta a los usuarios que descargan contenidos en las redes de intercambio P2P, a pesar de que Bruselas sólo deja tiempo muerto a los gobiernos de los Veintisiete y pista a los legisladores nacionales.

A Moncloa se le han desinflado todos los salvavidas para la industria de las TI: los planes de la TDT, el desarrollo de las redes de nueva generación y los proyectos de modernización de las Administraciones Públicas', la informática verde (green IT), el Plan Nacional de Viviendas y del Plan Renove de Edificios- llamados a impulsar las infraestructuras de comunicaciones- y el hogar digital'. El ministro se clava en la espalda de las promesas los que iban a ser los vectores de su desarrollo. Y, a la vista de que el sector tecnológico español sólo crecerá un 0% en 2009 en el mejor de los casos, esos vectores sólo se moverán a la  velocidad precisa si el Ministerio de Industria los ‘engrasa’ con un fondo adicional de 1.000-1.200 millones de euros anuales, o según la AETIC, hasta llegar a los 5.000 millones, si Moncloa quiere que la crisis económica tenga una “solución digital”.

Miguel Sebastián ha enfadado a las operadoras con las licencias de la cuarta generación móvil en dique seco, ancladas por el ‘impasse Euskaltel’ y la guerra de las concesiones regionales en plena ebullición. Industria ha metido el dedo en la llaga del reparto del GSM: el Gobierno no acaba de dar con el marco regulatorio con el que liberará nuevas frecuencias para los servicios móviles de tercera generación (3G) en 2009. Y sus alardes han corrido el velo sobre el internet rural: El programa impulsado por los ministerios de Agricultura e Industria y por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) naufraga en las aguas de la financiación y de las debilidades municipales. Sebastián cocina bajo la mesa la TDT de pago. Las lanzas con las grandes operadoras  están levantadas por un pastel aún borroso, pero no quieren perder sus -cubiertos. A los instaladores los despista -aun faltan 13 millones de decodificadores por instalar-  y el cuello de botella asusta a los antenistas. Mientras que la cobertura se sitúa en el 92,4% de la población a finales de 2008, sólo el 50,7% de las viviendas están preparadas con sintonizador y adaptación de las antenas para recibir en digital y es la propia Impulsa TDT la que advierte de las limitaciones de los equipos instalados, de espaldas a las opciones de pago.

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