edición: 3053 , Jueves, 24 septiembre 2020
05/05/2020
El decreto bloquea operaciones pendientes y dinero nuevo

Grandes empresas blindadas por el Gobierno pero asfixiadas por la falta de inversión exterior

Repsol y Telefónica son joyas, perlas valiosas para grandes inversores de largo plazo, al contrario que IAG, que ya no es estratégica
Juan José González
Parece haber consenso en que la virtud suele encontrarse en el término medio de las cosas. De la misma forma también hay asenso sobre la dificultad de dar con él. El Gobierno reaccionó rápido y en la dirección adecuada a finales de marzo tras recibir dos llamadas alentadoras de los supervisores: por un lado de la CNMV y por el otro del Banco de España, si bien esta última tenía por objeto un asunto menor. Pero los dos supervisores coincidieron (su interlocutor fue la ministra de Economía, asegura una fuente conocedora del episodio) en la necesidad "urgente" de proteger a las empresas consideradas estratégicas (según el sector) frente a previsibles operaciones hostiles de compradores (inversores) extranjeros. Era uno de esos momentos dulces de mercado, con las cotizaciones por los suelos. Uno de estos supervisores (la fuente no confirmó cuál de los citados) añadió, además de advertir, que contaba con información precisa y fidedigna sobre los movimientos de tres intermediarios de la City londinense que estarían preparando la entrada en el capital de una energética y una teleco cotizada. La primera reacción de Economía no se hizo esperar y comunicó, primero al supervisor de los mercados y a continuación (con siete horas de diferencia) al supervisor bancario, que el Gobierno tenía en marcha una normativa para blindar la propiedad de las compañías españolas de sectores estratégicos.
La normativa se aprobó el 17 de marzo y las operaciones en marcha desde Londres fueron suspendidas. La norma estaba bien configurada, era sólida y clara, y taxativa. Y además complementaba a otras disposiciones anteriores relativas a la protección de sociedades ante un inversor extracomunitario porque ampliaba el ámbito de eficacia de la norma hasta los inversores que, aun residiendo en la Unión Europea estén controlados a través de filiales o vehículos instrumentales de inversión extracomunitarios, vehículos de los que parece estar sembrada media Europa o Europa entera. 

Las grandes empresas del Ibex respiraron aliviadas aquel 17 de marzo porque la caída de las cotizaciones las había dejado expuestas a cualquier operación de inversores extracomunitarios que ya venían trabajando desde hacía algún tiempo por hacerse con una posición fuerte o, incluso, de control. A principios de marzo, las turbulencias hicieron mella en el mundo de las valoraciones de las sociedades que cotizan en el selectivo español. Modificaciones sorprendentes que fueron advertidas por los atentos vigilantes con mandato para tomar participaciones societarias. 

Se derrumbaba el valor de BBVA, la textil Inditex superaba el doble del valor del Banco Santander, o Iberdrola que llegó a dejar atrás en valor a la mismísima Telefónica, casi un tercio del valor de la eléctrica. Repsol valía un 42% menos y la teleco de bandera un 33% menos. Así las cosas, las oportunidades eran tan grandes como los riesgos que debían considerar las autoridades españolas. El decreto del Gobierno de 17 de marzo (que complementaba a otro anterior de 17 de febrero) fue la pieza perfecta de protección, el escudo para detener los ataques previstos meses atrás por las autoridades.

Sin embargo, y como se afirmaba al principio, algunas normas, excepcionales, extraordinarias o puntuales no son válidas para todo tiempo y lugar, lo que obliga a hacer ajustes, derogaciones o modificaciones con el paso del tiempo. Porque la protección de las empresas que consagra el decreto de 17 de marzo, tiene algunas consideraciones demasiado rígidas en su articulado, y que como resultado de las mismas puede producir situaciones no deseadas. Es el caso de los inversores comunitarios y extracomunitarios que lejos de la hostilidad pretenden llevar a cabo inversiones financieras o industriales de largo plazo.

Pero en la búsqueda del equilibrio normativo, el decreto que protegía y blindaba el control de las joyas de la corona empresarial puede haber entrado en crisis. Son varios los empresarios que ya han trasladado al Gobierno el deseo de elaborar una nueva normativa, también complementaria a las dos anteriores, que tengan en cuenta alguna de las realidades que va confirmando la crisis, como es la necesidad de algunas grandes compañías y entidades financieras de ingresar dinero, recibir inversión directa de socios extracomunitarios que con buenas intenciones pueden aportar recurso en un momento delicado como es el caso. Y de paso, se podía actualizar ese criterio, un tanto desfasado, de considerar estratégicos a prácticamente la totalidad de los sectores económicos. Seguramente pocos se molestarían si alguno de esos inversores inquietos en tiempos de crisis se hiciera, por ejemplo, con el control de IAG.

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