edición: 2745 , Lunes, 24 junio 2019
24/02/2015
Grecia 
Europa no se fía

Grecia deberá convertir sus compromisos en leyes

Las normas sobre privatizaciones, sector público e impuestos deberán pasar por el Parlamento o ser aprobadas por decreto
Juan José González
Los políticos griegos y los socios europeos regresan al terreno de lo más razonable, una vez cubierta la etapa de representación de la pantomima vencedora ante el electorado heleno. Es la hora de hablar en serio, de los compromisos que ya obran negro sobre blanco. Los griegos deben privatizar para sacar, al menos 30.000 millones de euros de un plan ya iniciado el año pasado y del que tan sólo se han cubierto 4.000 millones. La Administración debe ser más eficiente y el número de funcionarios ajustado gradualmente y no en bloque. Y, finalmente, los impuestos deben figurar en la base de una reforma seria en materia tributaria. Varufakis reconoce que no hay otro camino para la llegada de dinero de sus socios europeos, recursos que, con independencia de las reformas comprometidas, necesitará el país de forma crónica; porque la crisis griega durará varias décadas, siempre necesitará dinero.
Objetivos, planteamientos, posturas y soluciones parecen haber entrado en una fase de adaptación cada vez con más claridad a las necesidades, a la realidad. Los ministros de economía que han intercambiado puntos de vista con el griego Varufakis, se han sorprendido, curiosamente, del carácter razonable de todas sus propuestas, si bien, precisamente por serlo, no puedan ser adoptadas para resolver una situación de emergencia. Los plazos siempre han jugado como un mecanismo bastante eficaz de presión y, en este caso, más aún porque de la liquidez dependen salarios públicos y efectivo para el consumo diario. Y Grecia parece haber conseguido bordear los plazos cortos y flexibilizar los largos, es decir, ha logrado de sus socios el reconocimiento de derrota que no exhibió en un primer momento. Y a cambio de este papel ha conseguido dilatar plazos y flexibilizar algunas posiciones radicales (en contra) del inicio de las negociaciones.

El problema principal en la relación entre la Unión Europea y Grecia, ha estado siempre presente en el ambiente; y no es otro sino la desconfianza hacia las autoridades helenas ante la sospecha y el recelo de que fueran a cumplir sus compromisos. Que la convicción de unos y otros sobre que la deuda no se pagará nunca, al menos, al ritmo que imponen los socios europeos más duros, no debe ser un inconveniente para que Grecia se comprometa por ley (aprobada por decreto o por mayoría o pacto parlamentario) a introducir las reformas que solicitan sus acreedores. La UE quiere evitar que se repitan situaciones de renegociación cada vez que cambia un Gobierno.

Deudores y acreedores, Grecia y la UE, ya parecen haber reconocido que las únicas cartas de la partida que restan por jugar llevan un nombre concreto; se llaman privatizaciones, funcionarios y fiscalidad, o impuestos. En el caso de las privatizaciones, el Gobierno anterior se había comprometido a hacer efectivo un plan de ventas del sector público en torno a 34.700 millones de euros. Pero la profundidad de la crisis interna helena, con un nivel elevado de corrupción como también de la ausencia de compradores interesados (también incrédulos hacia las autoridades) han terminado por dejar el programa en tan sólo 4.000 millones de euros ingresados en las arcas del Estado por la venta de activos públicos (algún edificio y varias empresas medianas de servicios públicos).

Si bien es cierto que la estrategia de privatizaciones se detuvo en el instante en que era evidente que se estaban realizando a precios de saldo, el programa de ventas públicas quedó finalmente interrumpido. Idéntica parálisis es la que ha afectado a la reforma de las administraciones públicas, afectadas por la corrupción, masificadas e ineficientes. Este era otro de los puntos que el anterior Ejecutivo se comprometió a llevar a cabo para lo que aplicó una terapia radical de choque consistente en el despido masivo y sistemático de empleados públicos. Si los despidos sistemáticos deben terminar, también debe ser eliminada en la práctica la promesa electoral de readmitir a los últimos diez mil despedidos por el Gobierno anterior.

Y, finalmente, una reforma tributaria que elimine situaciones de protección en algunos sectores como los grandes astilleros, debe ser obligada para cumplir los objetivos de ingresos del Estado. De la misma forma, deben adoptar las autoridades griegas un nuevo esquema de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, del patrimonio y, por supuesto, del IVA. Con todas estas reformas, el Gobierno actual se verá obligado a reconocer en ley (que aprobará por decreto o por consenso parlamentario) a cambio de flexibilizar plazos y de atender a los puntuales episodios de escasez de fondos. En el fondo, compromisos legislativos a cambio de efectivo.

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