edición: 2662 , Viernes, 22 febrero 2019
11/11/2010
Tras quince años de desaciertos y comportamiento errático en la materia

Guerra abierta en la política energética: todos contra todos en Moncloa, Industria, CNE, Génova y Ferraz

Aunque defiende la prórroga de Garoña, el PP bloquea en el Congreso hasta 2015 el debate nuclear y trata de imponer el no al ATC a Camps y Camacho, en rebelión
Ocho meses, un Pacto fantasmagórico, tres RD, un centenar de causas judiciales y una Subcomisión después, no hay mix a 25 años, ni solución al déficit, ni modelo renovable, ni PER
Moncloa revocó el ajuste renovable y el ATC a Sebastián, le impone la defensa del incentivo del carbón, blindó la tarifa eléctrica y no quiere céntimo verde
Miguel Sebastián y Cristóbal Montoro
Javier Aldecoa

Llegó investido del halo de superministro, uno capaz de 'deconstruir' para Zapatero el mix energético y encajar de nuevo sus piezas, pero hoy Sebastián 'repisa' las huellas del vicepresidente Solbes, las de la soledad y el repudio de Moncloa, las del anhelo inconfesable por soltar la 'cartera'. Desde que a principios de octubre lanzaba su aviso para navegantes con eso de que "los Consejos son como los cumpleaños y nunca se sabe cuántos quedan" al ministro le han llovido un nuevo tentetieso desde el Ejecutivo al modelo de retribución para las renovables, el bloqueo judicial al Decreto del carbón, el paso atrás por errores técnicos en la titulización del déficit de tarifa y el retraso de la Subcomisión del Congreso para llegar a un mix energético a 25 años que acaba de renunciar, finalmente, a perfilar en detalle ahora. Y en todos esos diques Moncloa le ha puesto apellidos a la culpabilidad: los de Sebastián. Tanto, que algunos barones del PP y del PSOE acusan soto voce al ministro de permitir que las eléctricas ganen en los tribunales con el carbón haciendo mal a posta las cosas, con la decisión de no impulsar la regulación como Decreto Ley. Zapatero y Sebastián han conseguido -con la complicidad de Génova- el más difícil todavía de la energía: dos Decretos, una Orden Ministerial, ocho meses de batalla con todos los sectores y un centenar de causas judiciales abiertas después no hay ni una sola medida despejada, ya no sólo para el mix a 25 años, ni siquiera para el primer mes de las nuevas primas renovables, el futuro del ATC que debía estar adjudicado desde agosto, o claridad sobre la TUR que en enero se somete de nuevo a examen. Sólo el silencio de Génova y las contradicciones entre Montoro, su grupo y las CCAA gobernadas por el PP les permiten un espejo al que mirarse, en su mundo del revés. El PP ralentiza el acuerdo de la Subcomisión del Congreso aunque en agosto avaló el borrador y debía cerrarse antes de una semana; las autonomías mineras del PSOE buscan ayuda en el PP ante Bruselas, ni Sebastián ni Almunia quieren 'meneallo' mucho más con el carbón.

El coro de voces disonantes acuna los vaivenes en las decisiones energéticas del Ejecutivo con una mano en Moncloa, otra en Castellana 160 y una tercera en Ferraz. Y el diálogo para sordos impone, en cadena, pasos contradictorios que ni Montoro, ni los barones populares de Castilla, Valencia o Galicia se atreven a desandar. Son los dignos abanderados del viaje a ninguna parte que -como Sánchez Galán denuncia desde hace meses- han permitido a los sucesivos gobiernos aporbar en quince años 20 modificaciones con rango de ley,más de cien reales decretos, varios centenares de órdenes ministeriales y unas 200 resoluciones sobre el sector sin superar la "indefinición en renovables, el debate del futuro nuclear, o el lastre del déficit de tarifa ya superior a los 16.000 millones de euros que desde hace meses les hace perder oportunidades a las eléctricas.

Cierra filas, esta vez ya sólo consigo mismo, si acaso. La sintonía con la que escogió como su mano derecha energética a Pedro Marín (después de haber compartido aulas y cuitas en la Oficina Económica del Gobierno), se ha evaporado a la misma velocidad que la independencia de Moncloa con la política de su ministro. Sebastián ha visto cómo Zapatero imponía en agosto la marcha atrás en el recorte retroactivo a las primas renovables que cocinó durante tres meses; las presiones de las CCAA socialistas influyeron para la amnistía de facto en la fotovoltaica confesa de fraude con el Real Decreto de Transitividad; Moncloa revocó el ajuste renovable y el ATC a Sebastián, blindó la tarifa eléctrica, no quiere ‘céntimo verde’ y no permite debate nuclear hasta 2015. El Presidente y algunos barones de Ferraz (Areces, Iglesias y Griñán) presionan ante Bruselas por el Reglamento de Ayudas Comunitarias al Carbón del que Miguel Sebastián -tras el pinchazo judicial en Madrid y Luxemburgo del Real Decreto de consumo del carbón autóctono- no quiere ni oír hablar ya y no encuentran la brújula de las decisiones del déficit de tarifa.

Sebastián se refugia en su única ‘venganza’, la Comisión que baraja compensaciones a las térmicas de carbón importado, hay seis en peligro. Poco más le queda que apretar los dientes, o soltar la cartera antes de que lo haga el Secretario de Estado Marín y lo deje con los ‘deberes’ a medias. La CNE le advierte: aunque consiguiera aplicar el Real Decreto del carbón, tras 600 millones de euros de incentivos, sólo podrá reducir un 10% hasta 2012 el stock acumulado y se encontrará con la misma situación. El Ministro cose nuevas secuencias de parches: compensaciones a las eléctricas si quiere frenar el bloqueo judicial al carbón; a las centrales térmicas de mineral importado para compensar su desplazamiento; a los ciclos combinados por tener que estar siempre disponibles como back up de los vaivenes renovables del sistema eléctrico; y a los hidrocarburos si algún ‘centimo verde’ o similar les pasa las facturas de la retribución del Régimen especial.

LOS COSTES, AÚN SIN SOLUCIÓN

El ministro creía que este otoño tendría despejada al menos la contención del déficit eléctrico (para empezar con la subida de tarifas eléctricas que si fuera por Sebastián ya se hubiera reflejado en la tarifa del primero de julio) y el recorte de costes del sistema, en particular los del Régimen Especial. La misma opción que la desautorización de Rodríguez Zapatero le ha obligado a ir desmontando en julio y a barajar de nuevo, pieza a pieza desde entonces y que Moncloa y el Consejo de Estado aún no acaban de ver con claridad. Cuestión de tiempo, aseguran fuentes de Industria, pero los ‘peros’ que se le atribuyen a la CDGAE son en realidad los mismos puntos de disconformidad que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ya dejó, negro sobre blanco, en la mesa de Sebastián con el informe del regulador en septiembre ante la propuesta de Real Decreto de Industria de julio: el recorte de primas previsto para  la eólica y la termosolar es “muy limitado” y podía enmarañar aún más un sistema de generación y retribuciones ya de por sí complejo.

Primero, fue la marcha atrás en recortes retroactivos, en un concierto desafinado ya desde entonces con Pedro Marín. Ahora, en Hacienda, Industria y sobre todo Presidencia, no faltan las voces que buscan aguardar a tener a mano nuevos ‘bolsillos’ para las renovables y hacer tiempo y debate a un céntimo verde, a la vista de que el Congreso en pleno ya rechazó el octubre las tasas nucleares e hidráulicas, por cierto con la negativa del PP, a pesar de que canon hidroeléctrico como el que propone el Grupo Mixto y la Junta de Castilla y León (para compensar a las cuencas mineras) ya se aplica en la Galicia de Feijoo con ingresos de unos cuarenta millones de euros anuales. El Ministro buscaba un atajo por el que empezar a desandar un ‘jardín verde que, con más de 6.215 millones de euros en primas en 2009 (de ellos 4.719 para las renovables), ya no puede seguir impulsando.

En España se ha ido -llegaba a decir en los Premios Enerclub- “no demasiado lejos, pero sí demasiado rápido”. Pero Sebastián lo hace todavía sin calendario ni regulación formal en el BOE. Desde agosto su bitácora pasaba primero un ‘tijeretazo’ pactado con eólicas y termosolares (recorte de las primas eólicas del 35% y un aplazamiento de los 2.500 MW autorizados a la termosola) antes de zambullirse en recortes forzosos a la fotovoltaica para rebajar -eso decía- hasta en 1.000 millones de euros sus primas. Hoy, a pesar del dictamen de la CNE, el Ministerio no ha podido impulsar aún el RD de 1 de agosto que regula las retribuciones del Régimen Especial. Sebastián sólo ha conseguido el más difícil todavía: pone en pie de guerra a todas las patronales -que piden un recorte rápido antes que más incertidumbre- pero no deja de insuflar aire a las primas del Régimen Especial: cerrarán el 2010 con un 15% más de lo calculado por Industria y un 9% de incremento respecto a 2009. Industria baraja aún el recorte del 35% para suelo y el 5% en techo de las primas fotovoltaicas y no se retrata con la retribución de las solares en funcionamiento. Ya la CNE le advierte que con la eólica y la termosolar sólo ahorraría 100 millones en cuatro años.

Y, si el ministro buscaba compensación a sus escasos recortes con el Real Decreto de Transitividad de 5 de agosto y el castigo a las fotovoltaicas acogidas en fraude al RD 661/2007, topó de nuevo con los muros de Moncloa y los barones de Ferraz. De la misma manera que Zapatero -a la vista de los avisos de Bruselas y Washington y los efectos sobre los 20.000 millones de euros invertidos por fondos internacionales en ‘latitudes verdes’ españolas- cerró la puerta a los recortes con retroactividad impropia de las renovables que el Ministerio tenía desde hace meses calculados (y avalados con estudios jurídicos propios), el Presidente del Gobierno y la necesidad de no contrariar a Griñan, Vara y Barreda -con el 80% de las plantas fotovoltaicas bajo sospecha- ni  abrir una nueva guerra con las Comunidades Autónomas (las plantas contaban con los permisos regionales) optó por permitir la ‘amnistía’ a las plantas que confesaran haber cobrado en fraude las primas más altas. Una opción escogida a pesar de las advertencias de las propias asociaciones fotovoltaicas y que sólo permitirá a Industria recortar las facturas de la FV en menos de 60 millones de euros. No hay ni rastro, tampoco, de la nueva normativa que el Ministerio esperaba dar a luz antes de fin de año para favorecer la implantación de las energías renovables en las viviendas y en las empresas y el autoconsumo mediante la instalación, gestión y explotación de instalaciones de pequeña potencia cuya producción, tras cubrir los propios consumos, podrá venderse en el sistema.

NO DA NI UNA CON LAS ELÉCTRICAS

Ni siquiera la titulización del déficit con aval del Estado, promovida por Industria y que la ministra de Economía anunció en su momento a bombo y platillo para finales de octubre, acaba de cerrarse, para impaciencia de las eléctricas, que esperan que les permitirá sacar de su balance los 12.484 millones de desajuste que financian directamente, un 20% de la deuda total.  Sebastián y Salgado optaron por ‘tirar por lo alto’, con 500 millones de euros más de lo previsto inicialmente, una ‘ofrenda de paz’ para el sector eléctrico que, como nunca en las últimas dos décadas ha encontrado en el Ministro a su ‘bestia negra’. Pero la gestora de fondos Titulización de Activos (TdA), responsable de su colocación en el mercado, pedía a la CNMV a finales de octubre que no registrara el folleto por ajustes técnicos. Una situación que podría retrasar la primera colocación de 3.000 millones prevista entre el 15 y 18 de noviembre.

 Las eléctricas, a pesar de las promesas de Sebastián, siguen acorraladas en un sistema que prevé inversiones por 106.000 millones en infraestructuras en una década, pero que aún no ha despejado la rentabilidad de los 5.000 millones que invirtieron. La consigna pasa ya por rebajar el riesgo español, atrincherar las inversiones en redes y buscar consuelo externo para las inversiones en eólica, eólica marina, energía nuclear y redes inteligentes que no pueden desarrollar en España. Industria se ‘enreda’ con la distribución eléctrica, salta aún chispas con las interconexiones, las redes inteligentes y los contadores con las cinco grandes eléctricas. España las necesita, no sólo para cumplir los objetivos 20/20 y las exigencias de interconexiones que Bruselas le exigirá, y con ellas el futuro de las renovables y su variabilidad. La subdirección de Planificación Energética y Seguimiento del Ministerio de Industria prevé que será necesaria la mejora del grado de autoabastecimiento, desde un 22,8% de 2009 a un 33,3 % en 2020 y descuenta que las smart grids serán imprescindibles, no sólo para el impulso del coche eléctrico, sino para fomentar el autoconsumo y reducir unas pérdidas de energía eléctrica que en estos momentos el IDAE fija en al menos un 10%. Pero otra cosa serán los plazos y los inversores. Al menos 5.000 millones de euros para España están en las cajas del miedo y no saldrán de él hasta que haya un marco estable. La guerra de los contadores entre las eléctricas y el Ministerio es el último desincentivo y aún no está claro el modelo de distribución de redes del coche eléctrico, el Decreto que definiría el modelo de gestor único de recarga aún tampoco ha visto la luz, aunque Industria tenía un borrador ultimado en septiembre.

Zapatero y el ministro han conseguido unir a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON, las cinco grandes eléctricas, -con una capitalización conjunta de más de 60.000 millones de euros- para exigir a PSOE (con o sin PP) que se ponga fin “a la incertidumbre regulatoria”, que amenaza la estabilidad financiera del sector. Tienen a mano la ecuación de la recuperación de la demanda y la ampliación de los márgenes de negocio, que les permitió elevar un 14% su Ebitda, hasta 10.381 millones en el primer semestre de 2010. También, más de un centenar de causas judiciales abiertas en contra de las decisiones del Ministerio desde todos los flancos del sistema de generación eléctrica, desde las emisiones de CO2, subvenciones al ahorro energético o impuestos verdes de varias CCAA, hasta la Xunta gallega contra el decreto del carbón. Todos los caminos energéticos de Sebastián derivan en algún banquillo. La judicialización en renovables llega a tal extremo que -además de amenazar con una avalancha de denuncias si hay recortes retroactivos- las fotovoltaicas han constituido la semana pasada una Plataforma Legal Fotovoltaica, para ‘defenderse’ de las futuras regulaciones y “recurrir cualquier disposición retroactiva que vulnere la seguridad jurídica de los productores”.

En Moncloa no le han perdonado al Ministro la decisión técnica de no tramitar los incentivos de consumo al carbón autóctono como un decreto ley, con lo que las empresas hubieran visto cerrada la vía judicial del Supremo y de la Audiencia. Han respondido con el ataque de “falta de lealtad” ante la ratificación de la Audiencia Nacional a la suspensión cauteladísima del Real Decreto de incentivos al carbón solicitada por Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa. En España, el Supremo debe pronunciarse también sobre las cautelares solicitadas contra el real decreto por las eléctricas. La decisión final de las cautelarísimas de Luxemburgo no se espera hasta dentro de dos meses. Y si éstas se mantienen, la sentencia podría demorarse varios años. Pero fue la imposición sobre Garoña, de espaldas al CSN, la que dejó a Iberdrola y Endesa -socias en la nuclear- a las puertas de la Audiencia Nacional; y el empeño de Sebastián en congelar las tarifas el 1 de julio (aunque debían haber subido un 7% y luego rectificó e incrementó el 4,8% desde el 1 de octubre), el que le dejó sobre la mesa dos causas, una de Unesa y otra conjunta de Endesa, Iberdrola y GNF. Los juristas de Unesa recuerdan además al menos dos sentencias del Supremo a favor del principio los principios de suficiencia tarifaria del artículo 7 del real decreto 485/2009 y del artículo 18 de la Ley del Sector Eléctrico, tras su modificación por la ley 17/2007. Les asiste otro argumento legal: aunque no es obligatorio revisar la tarifa semestralmente, si se decide hacer así, debe ser aditiva y  recoger los costes.

Fue el propio Ejecutivo el que aprobó el real decreto ley 6/2009, en el que se comprometía a acabar con el déficit tarifario en 2013 y para ello, Industria fijó que el déficit no podría superar los 3.500 millones en 2009 (lo ha superado), los 3.000 millones en 2010, los 2.000 millones en 2011 ni los 1.000 millones en 2012. Las cuatro grandes eléctricas asoman a Sebastián al espejo de lo inevitable: con un déficit tarifario acumulado de 16.048 millones y el compromiso de Moncloa para acabar con él en 2013, ninguna revisión de costes de las que el Ministro baraja, ni la subida desde el 1 de octubre del 4,8% (tras la congelación de la TUR del 1 de julio) evitaría que la tarifa de la luz tenga que encarecerse al menos el 5% en la siguiente revisión. Los analistas de Nomura les advierten que el Gobierno debería elevar el precio de la luz al menos un 15% en 2011 para que salgan las cuentas y que el déficit de tarifa engorde 'sólo' otros 2.000 millones el próximo año. Las cinco grandes eléctricas que cuentan con más de 24,5 millones de hogares acogidos aún a precios regulados, no esperarán de brazos cruzados.

EL PP, EN EVIDENCIA EN LA TRINCHERA NI-NI

No es el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, el único que advierte desde hace meses que “no se sostiene a medio plazo un modelo energético en el que el coste de la energía solar es diez veces más que la energía convencional y en el que “a la vista del déficit de tarifa y de que el precio del ‘pool’ ha caído un 40%, la única posibilidad de futuro consiste en subir la tarifa de la luz o seguir aumentando el déficit”. Tampoco el único que se preocupa por el desplazamiento de fuentes tradicionales de generación eléctrica con la entrada de nueva capacidad. Y es que Industria ha terminado por apadrinar -con la complicidad silente del PP- un modelo confuso e inseguro para el conjunto de los generadores eléctricos, para las propias renovables -desde el Real Decreto-Ley  6/2009, que extendió el registro de preasignación de retribución de la fotovoltaica a todas las energías renovables prefieren asumir reformas al modelo de retribución antes que la incertidumbre-, para las eléctricas, los operadores de centrales nucleares y para el sector gasista español. Un modelo que subvenciona las energías más caras -algunas de ellas tecnologías inmaduras-, aún a costa de dejar al gas en la tierra de nadie de las promesas del Plan Estratégico para 2013 y de relegar a las centrales de ciclo combinado -a un 30% de su capacidad- a fuentes de respaldo para cubrir la volatilidad de la eólica y la solar.

El Partido Popular, entre tanto, ha hecho trinchera del silencio. Ni rastro de huellas energéticas entre el goteo de propuestas económicas de Mariano Rajoy. Sólo -Montoro dixit- dos líneas rojas -nucleares y déficit de tarifa- que siguen exigiendo como primer plato de cualquier ‘menú’ para un Pacto de Estado, pero que las propias filas populares se saltan fuera y dentro de Génova. Sebastián y Montoro se sacaron de sus chisteras el 24 de julio un supuesto Pacto de Estado que iba a alumbrar no sólo un nuevo modelo ‘verde’ y una profunda revisión de costes del sistema eléctrico, sino el perfil del mix energético al menos hasta 2025. Pero, ya vencido en tres meses su ultimátum (el 31 de julio), lo único ‘verde’ es el estado del acuerdo en sí mismo. Según la séptima liquidación elaborada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), el déficit de tarifa no ha hecho más que seguir creciendo, aún con más intensidad, lo justo para haber superado ya en un 20% las previsiones con las que el propio Ministerio de Industria acompañaba su decisión de no subir las tarifas, hasta llegar a 2.585 millones de euros, desde los 2.256 millones de desajuste registrados hasta junio, cuando Montoro y Sebastián sellaron su pacto ‘de silencio’.

El Ejecutivo achaca sus facturas a la herencia de los  Gobiernos de José María Aznar: de ellos heredaron no sólo más de la mitad del déficit acumulado, sino el modelo que abogaba por la ‘patada hacia adelante’ con el cheque en blanco de las eléctricas y el cargo, en un futuro al que nadie le quiso poner fechas, a las facturas de los consumidores. Montoro, coordinador de Economía del PP, proclama que los socialistas debieron en dos años ventilar un déficit que, en una década de ficciones, ha dejado una huella de más de 16.000 millones de euros y que, según los populares, lleva los apellidos de los incentivos renovables socialistas. Sebastián y su interlocutor popular dan vueltas a una mesa en la que ninguno se ha querido retratar, pero de la que ninguno quiere ser el primero en levantarse, aunque no ha habido más reuniones oficiales entre Sebastián, Montoro, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, y el portavoz adjunto de Economía del PP, Álvaro Nadal.

‘Paradojas’ atómicas, nadie en las filas del PP -tampoco en las del PSOE- se ha opuesto al embargo por tres lustros más del debate nuclear en el Parlamento, a pesar de que no se resignan a dejar caer entre las causas perdidas el cierre de Garoña en 2013 decretado por el Consejo de Ministros y el propio Secretario General del Partido hace saber que, si llega a Moncloa, derogará de inmediato ese decreto. Si las tribulaciones del uranio de Miguel Sebastián en todas sus vertientes -ATC de residuos, derechos de extracción, tasas nucleares y vida útil de las centrales- han servido para dejar en evidencia las contradicciones entre Presidencia, Ferraz, la Fundación Ideas y el Ministerio, no han sido menos con la oposición.  Génova, sin postura oficial nacional sobre el modelo del Almacén Temporal de Residuos (ATC), (más allá de intentar canjearlo en su momento por opciones para Garoña si se ubicaba en Castilla y León), hizo trinchera común con Barreda y Fernández Vara (en contra de Ferraz), para evitar que el almacén de residuos acabara en Yebra o Albalá. Ha chocado sables con el Partido Popular Valenciano, hasta hacer que el pasado fin de semana -después de un mes de negociación con Industria ahora negada- el Presidente Francisco Camps se pronunciara en contra del ATC para Zarra, a contrapié del interés del vicepresidente del Consell, Juan Cotino. Un ‘tentetieso’ que no le han podido imponer por igual al Partido Popular de Cataluña: los de Alicia Sánchez Camacho, en desafío abierto a Montoro, siguen impulsando la candidatura de Ascó y lo harán con más intensidad tras los comicios del 28-N, al margen de la postura de CiU y el PSC en el día después.

Cristóbal Montoro guardó silencio durante la presidencia española de la UE, junto a un ministro que sacó de las prioridades de la Unión para el período el debate sobre el Reglamento Comunitario de Ayudas al Carbón desde 2011. Ni palabra ante el bloqueo judicial a la aplicación del Real Decreto de incentivo al consumo de carbón nacional. Sólo el desafío de Alejo Vidal-Qadras en Bruselas ha sido capaz de obligar al PP nacional a enseñar algunas de sus cartas y cerrar filas con el discurso oficial procarbón de Moncloa. Frente a la batalla judicial por el decreto del carbón, el PSOE ha logrado la mayor sintonía con Génova y en los pasillos de la Cámara, para que el texto de la Subcomisión mantenga la defensa de la participación del carbón nacional en el 'mix energético' como necesaria por su aportación al autoabastecimiento energético, al ser el único combustible fósil autóctono, así como las implicaciones sociales de la actividad minera en España y las posibilidades de desarrollo alternativo de las comarcas mineras españolas. La sintonía de Montoro con sus barones será otra cosa, al PP el carbón y las renovables le van ‘por barrios’. Mientras el presidente castellano-leonés, Juan Vicente Herrera, ha lanzado una cruzada política (promete venganza) contra las eléctricas por cercenar el carbón y exige que se sumen a la guerra a la directiva del PP, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se suma a las denuncias de las eléctricas para no desplazar más a las térmicas gallegas.

Sebastián no comulga con un mapa que ha costado hasta ahora y costará hasta el final del Plan Nacional -después de seis años- un promedio de 200.000 euros por cada uno de los 8.000 mineros aún en activo y al que Moncloa siempre le ha dado cuerda desde que en 1998 el primer plan del carbón envió 514 millones de euros sólo en ayudas directas a la actividad minera. Por eso ahora a contrapié de la voluntad de Moncloa y en sintonía con el Partido Socialista de Galicia (PsG), que subleva armas ante el Ejecutivo central (Pachi González lo acusa de solventar la situación del carbón español “a costa de Galicia”) el titular de Industria aceptaba a mediados de octubre -justo tras la interposición de la denuncia de Endesa, Iberdrola y Gas Natural Endesa ante el TUE de Luxemburgo- constituir una Comisión conjunta en la que están representados ayuntamientos (ya están Cerceda y As Pontes), empresas y sindicatos afectados para evaluar los efectos colaterales de los incentivos forzados al mineral nacional.

Después de un semestre en el que el ministro dejó al Secretario de Estado Pedro Marín y hasta a los barones autonómicos socialistas -con Areces y Marcelino Iglesias en cabeza- el trabajo de lobby en Bruselas para negociar la prórroga al Reglamento comunitario, sólo ahora Sebastián ha aceptado encabezar formalmente una delegación española para buscar consenso con Alemania y Polonia y tratar de forzar una prórroga a las ayudas estatales más allá del horizonte de 2014 por la que abogan la Comisión y la mayoría de los miembros del Consejo Europeo. Promete proponer a la Unión Europea ampliar hasta en ocho años el cierre de las minas de carbón deficitarias. La Delegación socialista en el Parlamento Europeo ha ido mucho más lejos que la propuesta de los diputados alemanes (ampliación sólo hasta 2018) y ha presentado  ya enmiendas a través de un informe que se votará en el Europarlamento en noviembre para defender la continuidad del sector de la minería del carbón más allá del año 2.020 y la vinculación de las ayudas a la competitividad de las minas y no al cierre de la actividad en el nuevo reglamento que se cerrará a finales de este año. Buscan ahora la sintonía con el Grupo Parlamentario Popular en Bruselas: un puñado de diputados se ha ofrecido a hacer causa común con los de Jáuregui, a pesar de la enmienda formal de Vidal- Quadras, solicitando el final de las subvenciones al carbón español.

SÓLO ESCARAMUZAS, TAMBIÉN EN EL PARLAMENTO

La ‘tormenta’ de las renovables, el debate desde Moncloa sobre la contención de primas, las batallas de los residuos nucleares y las urgencias por definir una cuadratura del círculo del modelo ‘verde’ con el déficit de tarifa eléctrica han cogido también con el pie cambiado a la Subcomisión del Congreso de los Diputados para el análisis de la estrategia energética de los próximos 25 años. Para disgusto de Miguel Sebastián, el documento tentativo acordado en agosto y sobre el que ahora buscan de nuevo avances se salta algunas de sus ‘líneas rojas’: socialistas y populares arrastran desde agosto el acuerdo (previa presión de Moncloa sobre Ferraz) para dejar intocado, hasta al menos 2015 el debate sobre la ampliación de la vida útil de los reactores atómicos. Industria buscó horadar la cerrazón  del Congreso de los Diputados y, al menos, despertar el debate sobre la vida útil del parque nuclear español más allá de los cuarenta años. Desde Castellana 160, Ferraz y el Grupo Socialista intentaban arañarle a Zapatero algún gesto que dejara abierta la puerta a una ‘tercera vía nuclear’ en el mix a 25 años.

Primero, en solitario, después con las lanzas del supuesto pacto de Estado con el PP. Desde el inicio en 2009 del debate público sobre la renovación de Garoña, el peso de la energía atómica en el mix y  la vida útil de las ocho centrales del parque español, hace ahora más de dos años, ni en el Ministerio, ni en Ferraz era ya tabú incluso la posibilidad de nuevos reactores en el medio plazo. Luego, Sebastián trató de canjearlos, al menos, por la ampliación de la vida útil hasta los sesenta, a imagen y semejanza de EE UU. Ahora, tanto Industria como el grupo socialista han empezado a asumir que ni lo uno, ni lo otro. En uno de los documentos que la Subcomisión manejaba se recogía la necesidad de que en el 2035 sigan operativas las centrales nucleares ya e existentes, lo que implicaría alargar su vida más allá de los cuarenta años. Pero en el borrador que ha pasado los primeros cortes, se decidía aplazar la decisión.

El Congreso se ha encargado de rechazar la salida del 'pool' y nuevas tasas nucleares; la Subcomisión de Industria, de retrasar el debate sobre la prórroga  a los ocho reactores al menos hasta 2015; el Plan de Acción de Energías Renovables 2020 descuenta ya la capacidad de generación de Garoña desde 2013 e Industria empieza a estirar las condiciones del Reindus para compensar su cierre. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya estaba preparado incluso para emitir un nuevo informe y reevaluar las condiciones de una prórroga a la central de Garoña. Pero el ministro, después de más de dos meses en los que sostenía que todo era negociable con Génova, ya sólo repite un mantra: “mirar hacia adelante”, un propósito en el que ya no tiene ojos para Garoña. De hecho, el Paner 2011-2020 prevé un aumento de la generación de fuentes nucleares de hasta un 5% en el horizonte de 2020, pero no será gracias a la potencia instalada, sino a los avances tecnológicos. La nuclear aumentará más de un 5% su papel en la producción, aunque reducirá su potencia instalada en un porcentaje similar, un 5,8%, hasta los 7.256 MW, dando por descontada la aportación de la central de Garoña.

Y en sintonía, por cierto con la CNE, aquí sí- no se suprimirán por completo las tarifas reguladas; proponen el "establecimiento definitivo" en 2013 de una única tarifa regulada de gas y electricidad, sólo  para aquellos consumidores que pudieran encontrar problemas para hallar un suministro a mercado. Ni rastro en los acuerdos de populares, convergentes y socialistas de más “soluciones” al déficit de tarifa que la necesidad -como acordó en julio- de repartir entre el conjunto de los consumidores energéticos el coste de las renovables, que ahora se paga sólo vía recibo de la luz; así como la de garantizar, mediante un "pago único", la continuidad de las centrales térmicas que sirven de respaldo a las tecnologías verdes. En las filas del socialista Cuevas no caía bien en su momento la ‘subida controlada’ de la factura eléctrica el 1 de octubre, con los peajes congelados, a pesar de que el Congreso de los Diputados rechazaba el 14 de septiembre la propuesta del PP para congelar una vez más la tarifa. Y aunque el pleno del Congreso rechazó sacar del 'pool' eléctrico a las hidroeléctricas y nucleares con los votos de PP, PSOE, CIU y PNV, Industria sigue tanteando tasas bajo la mesa de las eléctricas.

Para disgusto a su vez del presidente de la Subcomisión, el socialista Antonio Cuevas, ni la sede parlamentaria se libra de las mismas maldiciones -un cóctel de contradicciones y vaivenes que sólo se diluye en la indefinición- de todo el sistema energético. A menos de una semana de la fecha límite autoimpuesta por los grupos en el Congreso para ultimar una propuesta para el Pleno -18 de noviembre-, el Partido Popular rompía ayer, de nuevo, los calendarios. Tras más de dos meses de silencio energético -desde septiembre no hacía declaraciones públicas sobre el Pacto de Estado- su Portavoz de Economía, Cristóbal Montoro, sólo ha quebrado la inercia para sembrar disciplina sobre las filas populares y el desconcierto sobre socialistas y CiU. Nada del mal llamado ‘céntimo verde’ que propusieron las fotovoltaicas -y apoyan el resto de las renovables y las eléctricas- para traspasar parte del coste de las renovables a los hidrocarburos.

La Subcomisión seguirá dialogando la próxima semana, pero ha descafeinado cualquier opción de ‘céntimo verde’, una alternativa que las petroleras y las gasistas -ya perjudicadas además por el Real Decreto de consumo del carbón autóctono y el desplazamiento de los ciclos combinados- estén dispuestas a asumir: según los estudios de la AOD, los hidrocarburos aportan en España diez veces más en recaudación fiscal que las renovables -la cifran en 18.000 millones en 2009 frente a los 1.400 millones que se recaudaron por el sector eléctrico- y que cerca de la mitad del precio final de los combustibles de automoción corresponde a impuestos. El propio Cuevas insiste en que hay que estudiar cómo se consigue que "el coste de las renovables no caiga solo en el sector eléctrico" pero que no tiene que ser necesariamente mediante un impuesto a los carburantes, como temen las petroleras. Montoro ha dejado claro que el último cartucho verde del Ministerio de Industria -y no exactamente del Ministro, que lo ha negado públicamente en varias ocasiones, la última hace mes y medio- no se quemará ahora, con amparo parlamentario, ni con respaldo de los populares más allá de las intenciones genéricas. Para satisfacción de Presidencia y de Hacienda -nada partidarios de más cargas fiscales  que recaigan en los consumidores y menos aún si son finalistas- su negativa se lo pone más difícil a Industria para revivir una promesa electoral incluida en 2008 por el PSOE  en el borrador de su programa y que luego ‘dejó caer’.

Los grupos pretendían comprometer al Gobierno para que remitiera al Congreso un informe que le vincule de alguna manera a las conclusiones que finalmente se aprueben. Por su parte, el ministro buscaba hacerse desde julio con el ascendente sobre las cartas con las que la Subcomisión intentaba resolver la ecuación de un nuevo mix hasta 2035, la misma que lleva anunciando el Ministerio desde 2006. Después de siete meses de trabajo, ya en junio Sebastián les dejaba claro que quería partir de cero e imponer, bajo sus riendas, un modelo de diálogo bilateral, grupo a grupo y que, con o sin pacto de Estado, sería la palabra del Ministro la que definiera -con la venia de Zapatero- las líneas maestras del Paner y  el nuevo modelo energético a 20 años. Hoy, ya todos saben que la ‘brújula’ del mapa energético para el próximo cuarto de siglo no será ni para unos, ni para otros.

No hay ni rastro de la prometida Ley de Energías Renovables. Para la Subcomisión, no sería necesario que España supere el objetivo europeo de que las energías verdes aporten el 20% del consumo final de energía. Pero el Gobierno, en sus propuestas a la Unión Europea, fija que las renovables cubrirán en 2020 el 22,7% tras duplicar su producción respecto a 2009. En lo que va de año Industria ha modificado su propuesta de mix tres veces y todavía no se descartan nuevos cambios (el diablo está en los detalles) a partir de diciembre, cuando tenga que concretar el nuevo PER (Plan de Energías Renovables). Ahora que Alfonso Beltrán acaba de desembarcar en el IDAE, tratan de actualizar, por su lado el PER, que caduca ya y que -eso jura el IDAE- debería ver la luz en coordinación con el Paner que ya industria envió –a otra velocidad- a Bruselas antes del 30 de julio. Pero entre el avance comunicado a Bruselas en enero, el mix de Zurbano de marzo, el PANER de julio y la propuesta de la Subcomisión, el objetivo de renovables para 2020 se ha reducido de 74.547 a 64.441 MW y su cuota global baja del 22,7% al 20,8%; de la misma manera, la participación de las renovables en el balance eléctrico baja del 42,7% al 35,5%, mientras el gas natural crece del 29,2% al 37,8%.

Y aunque los socialistas aún apuran la negociación con el PP y CiU, dan por casi imposible el acuerdo con ICV, que en julio ya avanzó que se desmarcaría del acuerdo con un voto particular, descontento por las recomendaciones en apoyo del carbón, pero también en materia nuclear y de renovables, ante la rebaja del objetivo a 2020 de generación primaria desde al 20,8%. Desde que en marzo Industria hizo llegar a algunas empresas y asociaciones los primeros rumores de ajustes y el final del ‘café para todos’ en las retribuciones a las renovables, el ministro ya sabía que la Subcomisión de Industria del Congreso, presidida por el socialista Antonio Cuevas (que capitanea el trabajo para llegar a un acuerdo político de un mix de generación a 25 años), no era precisamente entusiasta con rebajas retroactivas a la retribución del Régimen Especial. Pero, por si las dudas, el pleno del Congreso aprobaba una moción en la que exige al Gobierno “mantener la rentabilidad de las inversiones en instalaciones de energías renovables y a respetar la seguridad jurídica de los proyectos que ya están en funcionamiento”.

La Subcomisión cree que las primas de las energías verdes, que han desbordado "claramente las previsiones", deben ser soportadas por todos los consumidores del sistema energético (electricidad, gas natural, carburantes, etc...). En cuanto a las centrales de carbón y ciclo combinados, aboga por el establecimiento de un "pago unitario" adecuado a su función de cobertura al sistema por la intermitencia de otras fuentes de energía, cuando ésta realmente se produzca. Una puerta entreabierta a que Industria tenga que retratarse, por fin ante el sector gasista. Y es que, el de los ciclos combinados es otro de los frentes abiertos que Sebastián no ha querido aún ni tocar.

TODOS CONTRA TODOS EN EL CAMPO DE BATALLA NUCLEAR

Sebastián no consigue zafarse de las ataduras nucleares que ha heredado de De la Vega y de Zapatero. La ex ‘vice’ le aplicó sus galones de mando en junio de 2009, cuando en persona asumió el anuncio de la decisión del cierre de Garoña en 2013, en contra del criterio público del ministro y del informe técnico del CSN. Y lo hizo en septiembre, dejando en el limbo al ATC ante las protestas de Manuel Chaves y los socialistas valencianos. Desde el Decreto de su convocatoria el 23 de diciembre de 2009, el Ministerio preveía para el ATC enviar en julio de 2010 un primer informe preeliminar y haber resuelto su ubicación como muy tarde en los primeros viernes de septiembre. Hasta tal punto que el 24 de junio la comisión interministerial encargada de la selección del emplazamiento (con representantes de Industria, Presidencia, Interior, Medio Ambiente, Sanidad, Economía y Ciencia) fue convocada y desconvocada de urgencia. Y pocas horas antes del anuncio de Pacto de Estado entre PP y PSOE,  en junio, un portavoz del Ministerio  adelantaba que la selección de candidaturas estaba casi ultimada y la decisión final se adoptaría en un consejo de ministros antes de vacaciones.

El ministro, después de seis años de vaivenes, buscaba finiquitar la negociación con Areva por los residuos que deben volver de Francia desde enero de 2011 si no quiere pagar 60.000 euros diarios y hacerlo, además, sin ultimar los jirones del Pacto de Estado con el PP, ni las líneas rojas con las que Fernández Vara, Montilla y Barreda rechazan el Almacén Temporal Centralizado de Residuos. Hoy aún duerme en el epicentro de todos los desencuentros atómicos en el que De la Vega lo colocó antes de irse del Gobierno y el Ministerio ya sabe que, cuando llegue, lo hará con un 60% de su capacidad hipotecada por residuos ya desbordados, con un modelo trasnochado (la UE obligará a planes de Almacenes Geológicos Profundos desde 2014), sin impedir que Ascó tenga que construir un ATI desde el próximo trimestre y después de cuatro años de más pagos de penalización a Areva. La decisión de vicepresidencia, amén de desautorizar al ministro, ha dejado a Zapatero abocado sin remedio a algo más que un mal trago: si reniega del ranking elaborado por el informe técnico de la comisión interministerial -que apostaba por Zarra o Ascó- tendrá que asumir las decisiones como políticas.

Ya ha preferido esperar a que Montilla pase el trago electoral. Paradojas ‘veguianas’, la marcha atrás -impulsada por la ex vicepresidenta en septiembre- en la adjudicación del ATC a Zarra como tenía previsto el Ministro de Industria y como llegó a comunicar Pedro Marín a las autonomías afectadas deja las llaves de las decisiones en manos ajenas al Consejo de Ministros y al Ejecutivo central. Una de ellas, la tiene Camps: si su Consejería de Medio Ambiente retira el recurso contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que declaraba agrícolas los terrenos donde se ubicaría el ATC, (y por tanto no urbanizables), descartaría un destino valenciano para los residuos nucleares españoles.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2019 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...