edición: 2493 , Jueves, 21 junio 2018
21/06/2017
Todo se investiga a posteriori ¿nada se analiza a priori?

`Guerra de responsabilidades´ entre el Banco de España y la CNMV

Economía reunirá a Linde y Albella para resolver el conflicto institucional y la Justicia deberá clarificar funciones y responsabilidades de los supervisores
Juan José González
De las alabanzas en el Eurogrupo a la denuncia en el Parlamento Europeo de la presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central, Daniéle Nouy, para que la Justicia española investigue y despeje las dudas sobre el uso de información privilegiada en la retirada de depósitos del Popular, previa a la resolución de la entidad, se interpreta que las dudas existen y que son ciertas. Y así queda en evidencia la actuación de los supervisores del mercado financiero al tiempo que identifica -además del punto oscuro de la información privilegiada- otra zona igualmente oscura en el funcionamiento del mercado español, de tal forma que se cuestiona la aplicación de las leyes. En Bruselas, y en Madrid, se preguntan si éste es un mercado sin ley. En cualquier caso, reacciones, preguntas, reflexiones y responsabilidades parecen ver la luz de la misma forma de siempre, a toro pasado.
Surgen y proliferan estos días los análisis ex post, los estudios a toro pasado y las argumentaciones a posteriori sobre la autoría y grado de culpabilidad en la caída y posterior venta del banco Popular. Insinuaciones y sugerencias de las autoridades financieras de la Unión Europea -en concreto, del MUS- animando a la apertura de una investigación a propósito de la sospecha -muy razonable a tenor de los hechos- del posible uso de información privilegiada en algunas administraciones públicas que, sospechosa y eficazmente, lograron evitar la pérdida de su inversión. 

Un potencial inversor que aterrizase hoy en España, dispuesto a poner su dinero a riesgo en el mercado español, no tendría la certeza de quién es el responsable, o responsables, de la supervisión del mercado. La causa no es la falta de información como tampoco la ausencia de instituciones encargadas de la supervisión, el control y seguimiento del mercado, lo que cuestiona la aplicación de las normas en el mercado financiero. Dudas que, en definitiva, cuestionan la calidad, seriedad y modernidad, no sólo de un mercado como el financiero, si no también de un país. 

Se podría pensar que, por extensión, asimilación o comparación, de la misma forma que la conducta de un miembro del Gobierno es reprobable en el Parlamento, la misma acción reprobatoria cabría aplicar al Gobernador del Banco de España, Luis M. Linde y al presidente de la CNMV, Sebastián Albella. A la vista de los últimos fiascos financieros (Popular, Liberbank...) seguramente no faltarían razones para ejecutar esa suerte; la reprobación.

Y reprobable es la actuación que a posteriori en tanto que exculpatorias son las argumentaciones del Gobernador del Banco de España, pues entiende Linde que los mecanismos de inspección del supervisor han funcionado correctamente. Difícil justificación de su función como supervisor habida cuenta del resultado final, de la caída de las posiciones de liquidez del quebrado, ¿o es que no se detectaron los riesgos previos que claramente condujeron a la estampida de depósitos? 

Pero si grave y calamitosa es la forma en la que el supervisor bancario ha despachado la crisis del Popular, no es menos grotesca y extravagante la del supervisor de los mercados, la CNMV, cuyo presidente parece haber entendido que los acontecimientos en la cotización del Popular, previos a su intervención, eran sencillos episodios de mercado, cuando en realidad eran señales evidentes que alertaban del carácter inmediato del hundimiento del barco.

Al final, Banco de España y CNMV -“uno por otro, la casa sin barrer”- se enfrentan en un conflicto público, en silencio, emplazando al ministro de Economía a mediar entre ambas instituciones al tiempo que responder a las dudas planteadas por Daniéle Nouy. En cualquier caso, que la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE señale a la Justicia española para que investigue un aspecto determinado en la crisis del Popular, es el punto de partida para que los representantes legales de los inversores tengan un buen argumento para empezar a trabajar. Aunque por otra parte, lo más humillante para las autoridades españolas vayan a ser las conclusiones de los tribunales de Justicia en tanto que servirán para clarificar las funciones, deberes y obligaciones de cada uno de los supervisores y del propio ministerio de Economía.

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