edición: 2361 , Lunes, 11 diciembre 2017
09/10/2009

Guía privada para comerciar con los gases contaminantes

La Fundación Mapfre y la Asociación de Empresarios del Henares elaboran una guía sobre el comercio de emisión de gases de efecto invernadero
La publicación es pionera en España en su categoría
Beatriz Lorenzo

El cambio climático se ha convertido en los últimos años en el protagonista de todos los debates, ya no solo medioambientales, sino también sociales y económicos en la medida en que las ramificaciones del problema cuestionan y ponen en tela de juicio los esquemas de producción y consumo vigentes en los países industrializados. La emisión de gases de efecto invernadero es una cuestión polémica: más allá de su vertiente puramente contaminante, estos gases han devenido ya -como dado de múltiples caras- en producto comercializable, con su consiguiente valor económico para los que especulan y trafican con ellos en el mercado internacional, ya en objeto de disputa y controversia para los líderes de las potencias mundiales que llevan hasta el extremo los debates sobre el grado de responsabilidad que cada estado, según sus emisiones, tiene para con el planeta.
El carácter comercializable del Co2 y demás gases de efecto invernadero, afistulado por los recientes casos de estafas, ha exacerbado el afán regulatorio de organismos internacionales y gobiernos. Un afán al que se ha unido también la Fundación Mapfre, que junto con la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) ha elaborado la nueva Guía sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, una publicación pionera en España que recoge toda la información de utilidad sobre una materia que tiene una importancia fundamental para el cumplimiento del Protocolo de Kioto.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático se rige por principios normativos entre los que destacan el principio de Precaución, que sostiene que la falta total de certidumbre científica no debe ser utilizada como excusa para posponer la aplicación de medidas cuando existe una amenaza de daño grave o irreversible y el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas de los Estados, que asigna a los países desarrollados la iniciativa en la definición y aplicación de medidas para combatir el cambio climático y sus efectos adversos por su mayor responsabilidad en la medida en que son con mucha diferencia los principales emisores de gases de efecto invernadero.

El Protocolo de Kioto ofrece a los estados la posibilidad de utilizar los denominados Mecanismos de Flexibilidad, herramientas que pone a disposición de los países que han adquirido compromisos cuantificados de reducción o limitación del crecimiento de sus emisiones de gases de efecto invernadero para ayudar al cumplimiento de los mismos, incurriendo en el menor coste posible y contribuyendo también a otros objetivos generales como es avanzar hacia el desarrollo sostenible en los países más pobres.

 Hasta la fecha, los objetivos ambientales se han ido marcando mediante la implantación de las denominadas medidas “command and control”, es decir, por regla general, estableciendo normas de obligado cumplimiento que fijan los objetivos a alcanzar en términos de umbrales, límites, o estándares permitidos. Las medidas de mercado otorgan mayor flexibilidad tanto a los países como a las empresas, permitiéndoles ampliar el abanico de opciones disponibles para alcanzar objetivos ambientales, pudiendo acudir a los mercados de carbono en sus distintas formas con la finalidad de abaratar los costes que supondría tener que acometer con medidas tecnológicas o de gestión sus obligaciones ambientales.

EL DESAFÍO DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA

En España, la regulación del comercio de gases de efecto invernadero afianza sus raíces en las disposiciones adoptadas en el Protocolo de Kioto, que establece el marco normativo para el comercio internacional de los derechos de emisión recogido en la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, que, a su vez, establece un régimen para el comercio de derechos de emisión. La transposición a nuestro derecho interno se realizó con la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para aquellas actividades pertenecientes a grandes focos de emisión en sectores como la generación de electricidad, el refino, la producción y transformación de metales férreos, cal, vidrio, cemento, cerámica, pasta de papel, papel y cartón.

Para las empresas, la aplicación del Protocolo de Kioto constituye un desafío, ya que el procedimiento vincula la producción industrial a unas cuotas de emisión de gases. Sin embargo, también se establece la posibilidad de comerciar con estos derechos de emisión, un mecanismo en virtud del cual aquellas empresas que desarrollen las actividades enumeradas en la Directiva 2003/87/CE y superen los umbrales de emisión fijados, pueden intercambiar con otras empresas también incluidas en dicha norma, sus “excedentes” de derechos de emisión, de tal modo que el resultado ambiental global es el mismo que si ambas empresas consumiesen exactamente sus cuotas.

La Comunidad de Madrid es una gran consumidora de energía, además de presentar un fuerte carácter urbano, y estar sometida a una fuerte presión urbanística y de servicios, derivada de ser la capital del Estado. La zona del Corredor de Henares cuenta con una ingente producción industrial que contribuye en gran medida a la emisión de gases de efecto invernadero.

La contaminación en Madrid es considerable. Por sectores el sector transporte emite casi el 50% de las emisiones totales de CO2 (dióxido de carbono) y casi el 40% de N2O (óxido nitroso). El sector residencial tiene relevancia únicamente en las emisiones de CO2, mientras que la agricultura y el medio natural, son los principales emisores de N2O con algo más del 30%, y tienen cierta importancia en las emisiones de CH4. El sector industrial es el principal emisor de CH4 (metano), y el único de HFC (compuestos hidrogenofluorocarbonados), PFC (perfluorocarbonos) y SF6 (hexafluoruro de azufre), y gases industriales.
 
El objetivo de la guía elaborada por la Fundación Mapfre y AEDHE es ayudar a que las empresas alcancen un desarrollo económico satisfactorio. Según el secretario general de AEDHE, Rafael Jiménez, esta guía supone “una aportación para la consecución de un desarrollo sostenible, que es un desafío que nos afecta a todos, como ciudadanos, como trabajadores y como empresarios. También es un reto que tenemos que ser capaces de alcanzar sin renunciar a otro objetivo que también es fundamental: continuar generando riqueza, bienestar y calidad de vida para todos”.

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