edición: 2852 , Viernes, 22 noviembre 2019
21/04/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Hacienda alerta del cambio en las revisiones de los valores catastrales que afecta a la actual declaración de la Renta

Javier Ardalán
La Agencia Tributaria, ante las consultas realizadas por los contribuyentes desde el inicio de la Campaña de la Renta, el pasado 6 de abril, ha publicado una nota informativa en la que afirma que es posible que un inmueble que en 2014 tuviera la marca de "Valor catastral revisado" en la información de datos fiscales, en este año aparezca como "No revisado”.
El secreto de este cambio radica en una modificación normativa que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2015, de aplicación por tanto para la actual declaración, por la que se modifica el artículo 85 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que regula la imputación de rentas inmobiliarias.

Con la redacción anterior, el valor catastral de un inmueble se consideraba que había sido revisado cuando los valores fijados en el procedimiento de valoración catastral colectiva hayan entrado en vigor con posterioridad al 1 de enero de 1994.

Con la redacción actual, este valor catastral del inmueble se considera que había sido revisado cuando los valores fijados en el procedimiento de valoración catastral colectiva hayan entrado en vigor en el periodo impositivo o en los 10 periodos impositivos anteriores. Es decir, para la Renta 2015 se considera "valor catastral revisado" sólo si se ha revisado con posterioridad al 1 de enero de 2005 y no desde el 1 de enero de 1994.

Cuando en un inmueble se ha producido este cambio, los efectos en la declaración de Renta pueden ser de dos tipos. De una parte, si el valor catastral, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se considera "Revisado" se aplicará un 1,1% a efectos de calcular la imputación de renta inmobiliaria a consignar en la declaración.

De otra, si el valor catastral, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se considera "No revisado" se aplicará un 2% a efectos de calcular la imputación de renta inmobiliaria a consignar en la declaración.
En consecuencia, a los inmuebles cuya valor catastral se hubiera revisado entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2004 les corresponde aplicar un 2% como porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias en lugar de un 1,1%.

Otro de los asuntos que están causando dudas entre los contribuyentes en plena Campaña es que para establecer si los descendientes o ascendientes que conviven con el contribuyente dan derecho a aplicar el mínimo familiar correspondiente, se exige que no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.

A estos efectos, el concepto de renta está constituido por la suma algebraica de los rendimientos netos (del trabajo, capital mobiliario e inmobiliario, y de actividades económicas), de imputaciones de rentas y de las ganancias y pérdidas patrimoniales computadas en el año, sin aplicar las reglas de integración y compensación.

Ahora bien, los rendimientos deben computarse por su importe neto, esto es, una vez deducidos los gastos (incluyendo el nuevo gasto deducible de 2.000 euros del artículo 19.2f de la Ley de IRPF en concepto de "Otros gastos") pero sin aplicación de las reducciones correspondientes, salvo en el caso de rendimientos del trabajo, en los que se podrán tener en cuenta la reducción prevista en el artículo 18 de la LIRPF al aplicarse con carácter previo a la deducción de gastos.

Por tanto, para determinar ese importe de 8.000 euros no deben tomarse en consideración los rendimientos íntegros o brutos percibidos, sino los netos.

Así, por ejemplo, si el ascendiente de un contribuyente percibe únicamente una pensión de 9.600 euros, le da derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes. Y es así, porque al minorar el rendimiento íntegro de trabajo en el importe de los gastos deducibles previstos en el artículo 19 de la Ley del IRPF, en particular los del apartado 2.f) “En concepto de otros gastos distintos de los anteriores, 2.000 euros anuales”, el rendimiento neto será como máximo de 7.600 euros.

Caso aparte merece el caso de los padres y madres separados o divorciados que tienen la guarda y custodia en exclusiva de dos hijos, a los que la reciente reforma fiscal excluye de las ayudas de 1.200 euros anuales previstas para todos aquellos contribuyentes que tengan familia numerosa o ascendientes/descendientes discapacitados a su cargo.

Ahora bien, si los hijos tienen derecho a percibir anualidades en concepto de alimentos, los contribuyentes separados o divorciados que tengan dos hijos quedan fuera de esta novedad fiscal que trae la Campaña de Renta, de la que, sin embargo, sí pueden beneficiarse las madres solteras o los contribuyentes viudos.
Por tanto, para tener derecho a la ayuda el padre o madre separado o divorciado debe tener la guarda y custodia no compartida de los dos hijos, pero además es requisito indispensable no tener derecho a percibir anualidades por alimentos del otro progenitor.

Comentan los técnicos de Hacienda, que explica que en la práctica totalidad de las sentencias judiciales que atribuyen en exclusiva la guarda y custodia al padre o a la madre se establece la obligación de pago por alimentos por parte del otro progenitor, lo que supone que los padres o madres divorciados en casi ningún caso tendrán derecho a la ayuda, incluso aunque no estén cobrando las anualidades por alimentos por impago del otro progenitor, ya que simplemente por tener derecho a percibirlas no podrán gozar de la deducción.

Estas ayudas están dentro de lo que se denomina impuestos negativos, es decir, devoluciones que realiza Hacienda sin haberse realizado una retención previa. Para percibirlas, los contribuyentes pueden haberlas cobrado anticipadamente de forma mensual, con lo que habrían recibido 100 euros al mes o 200 euros si son familias numerosas especiales (aquellas con cinco o más hijos), o esperar a realizar la declaración de la renta y cobrarlas como deducción en la cuota diferencial.

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