edición: 2366 , Lunes, 18 diciembre 2017
08/04/2013

Hacienda no puede sancionar un fraude de ley ya prescrito, por sus consecuencias fiscales posteriores

Xavier Gil Pecharromán
En los casos en que se produce la operación de adquisición de una empresa y su financiación, sin que sea objeto de comprobación por la Administración antes de su prescripción, no puede considerarse que el fraude de ley se ha producido en ejercicios posteriores a la concertación de tales negocios, por los hechos presentes en el referido periodo y no sobrevenidos.

Se trata de una importantísima resolución de la Audiencia Nacional, de 24 de enero de 2013, que instituye la seguridad jurídica ante el celo desbordado en algunas ocasiones de de la Inspección de Hacienda, ya que asienta que en el ámbito de la comprobación del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios encausados no se pueden declarar realizados en fraude de ley una serie de negocios jurídicos realizados diez años antes, cuyas magnitudes (precio de adquisición y financiación) han adquirido firmeza como consecuencia de la prescripción, siendo así que dicho ejercicio no fue objeto de comprobación alguna por la Administración.

En definitiva, supone la declaración de fraude de ley es la no admisión de la deducción fiscal de los gastos asociados a dichas operaciones, es decir la deducción del gasto financiero, por considerar que las mismas fueron realizadas en fraude de ley en diez años antes de iniciarse las actuaciones inspectoras y, desde luego, el ante el expediente de fraude de ley, ya habría prescrito el derecho de la Administración para determinar y alterar las magnitudes tributarias originadas y  declaradas, así como los efectos resultantes de la mismas.

La ponente, la magistrada María de la Esperanza Córdoba, dispone que el hecho de que la Administración no comprobase el ejercicio 1998 en el que se realizaron las operaciones, y de que por una u otra razón, se abstuviera de promover el procedimiento de declaración de fraude de ley o, de alguna otra forma, alterara el régimen de deducción de los intereses financieros incluidos en las autoliquidaciones correspondientes a los ejercicios comprobados, refuerza esa conclusión.

Estos razonamientos no resultan desvirtuados por la suscripción por el representante de la entidad, Hewlett-Packard Holding Iberia SL, en fecha 28 de mayo de 2012, de un acta de conformidad correspondiente a los períodos en litigio (2005/2006/2007/2008), de la que extrae el representante de la Administración el reconocimiento de la empresa sobre "que los gastos financieros que derivan del préstamo que fue considerado en fraude de ley y sobre el que versa el presente litigio no son deducibles".

Considera la Sala que de la suscripción por la empresa de dicha acta no puede extraerse la consecuencia pretendida por la Administración, puesto que la misma es el resultado de otras actuaciones de comprobación, iniciadas después y referidas a los ejercicios inmediatamente posteriores a los que son objeto del presente recurso. Se dictó por el Delegado Central de Grandes Contribuyentes otra resolución declarando el fraude de ley por el concepto de Impuesto sobre Sociedades, que ha sido objeto de impugnación por la entidad recurrente.

El acuerdo de declaración de fraude de ley no explica de manera satisfactoria para la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la razón por la que unos actos, operaciones o negocios, consistentes en la adquisición de acciones de otra compañía mercantil del grupo internacional y en la concertación de un préstamo para financiar su adquisición, también por parte de otra empresa perteneciente al mismo grupo, son actos que originariamente deben considerarse válidos y eficaces pues no fueron objeto de comprobación inspectora.

Por todo ello, estos actos lograron firmeza, por lo que deben considerarse lícitos y adecuados para desplegar sus efectos propios, incluso en el ámbito tributario. Sin embargo, se consideran luego fraudulentos e ineficaces a los efectos fiscales cuando se realizan actos posteriores a su celebración que constituirían el núcleo de lo que habría que observar para determinar si concurre o no el fraude de ley.

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