edición: 2747 , Miércoles, 26 junio 2019
13/09/2012

Hacienda persigue el dinero de los condenados en firme para que no desaparezcan sin pagar

Javier Ardalán
La Agencia Tributaria llevaba desde su fundación proponiéndose todos los años mejorar su estrategia de seguimiento para ingresar deudas previamente liquidadas. Durante muchos años lo que más han importado han sido las cifras de liquidación, pero no lo que realmente se acababa recaudando.

Entre enero y julio, las actuaciones de recaudación en fase ejecutiva con ingreso se han traducido en más de 3.600 millones de euros, con un crecimiento del 19,9% sobre las cifras obtenidas hasta julio del pasado año. De todas formas, aún estamos hablando de un total de 870 actuaciones en el plazo comprendido entre los meses de enero y junio de este año frente a 772 en el mismo periodo de 2011.

La principal intención es la de evitar el vaciamiento patrimonial, es decir, sociedades que han sido sancionadas o penadas por los tribunales a pagar a Hacienda lo defraudado más los recargos e intereses, pero con el tiempo o bien desaparecen o bien han traspasado su capital a otras sociedades y se hace imposible el seguimiento.

Este ejercicio se ha apostado por las medidas cautelares de embargo preventivo de bienes y derechos para asegurar el cobro de las deudas liquidadas por la Agencia Tributaria.

En este aspecto también tiene importancia, que en el ámbito internacional, y en virtud de los convenios y acuerdos de intercambio de información suscritos con países que han dejado de tener la consideración de paraísos fiscales (Andorra, Panamá y Bahamas, entre otros), se han efectuado requerimientos de información con respecto a 142 sociedades y 239 personas físicas.

En esta misma línea, se ha estrechado la actuación coordinada de los Equipos y Unidades de Inspección Financiera y Tributaria, de Inspección de Aduanas e Impuestos Especiales y de Recaudación desde el inicio mismo de la actuación de comprobación e investigación por parte de la Inspección, con la finalidad de adoptar medidas cautelares de embargo preventivo de los bienes y derechos del obligado que está siendo objeto de comprobación e investigación, e igualmente, de los pertenecientes a terceros que puedan resultar responsables de las deudas tributarias liquidadas.

Como medida novedosa, destaca el refuerzo de la colaboración de los Equipos y Unidades de Recaudación y los órganos de control del área de Gestión Tributaria, con objeto de adelantar la gestión recaudatoria de las liquidaciones practicadas -principalmente IVA e Impuesto sobre Sociedades-, adoptar las medidas cautelares de embargo preventivo pertinentes y declarar las responsabilidades que procedan.

Asimismo, se han establecido las pautas concretas de actuación tanto para la obtención de información con transcendencia recaudatoria como para mejorar las medidas de aseguramiento patrimonial de la deuda, así como la asistencia e información al obligado tributario en caso de dificultades transitorias para el pago de la deuda liquidada.

En este orden de cosas, destaca el seguimiento a terceros responsables de las deudas y a acreditar la concurrencia de los supuestos de hecho previstos en la norma para exigirles el pago de la deuda, en particular, en los casos de mayor complejidad y gravedad, como la concurrencia de administradores de hecho, los supuestos de levantamiento del velo o de ocultación de bienes, con ejercicio, en su caso, de las acciones judiciales que procedan.

Una de las actividades primordiales en este campo son las medidas para combatir la utilización con fines fraudulentos de los aplazamientos de pago. Se vigilan estas situaciones con el fin de evitar el fraude derivado de la presentación de autoliquidaciones con solicitudes de aplazamientos que tengan por objeto conseguir una dilación o elusión del pago de las deudas pendientes, incrementando la adopción de medidas cautelares durante la tramitación de aplazamientos.

Especial seguimiento de la situación patrimonial y actividades económicas de los deudores declarados insolventes, reincidentes o con deudas elevadas. Se ha previsto realizar un seguimiento especial de los deudores declarados insolventes para averiguar su posible participación en la creación de sociedades mercantiles o la realización de nuevas actividades económicas.

Asimismo, se trata de identificar  la presencia efectiva de los órganos de recaudación en las instalaciones de los obligados tributarios con deudas en período ejecutivo de cuantía significativa, o que hayan presentado solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento por importes relevantes. Estas actuaciones tendrán por objeto investigar la verdadera situación financiera y patrimonial de los deudores, identificar bienes y derechos susceptibles de embargo o adoptar las medidas que procedan para evitar el nacimiento de nuevas deudas.

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