edición: 2362 , Martes, 12 diciembre 2017
24/01/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Hacienda ultima la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas para mejorar la transparencia

Javier Ardalán

El Gobierno considera clave crear una Central de Información económico-financiera que simplifique el acceso a la información pública y la forma de ofrecerla. Ya en la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, se creó una agencia que nunca llegó a entrar en funcionamiento, destinada al  endeudamiento de las Comunidades Autónomas y sus entes dependientes.

Desde entonces se han ido incrementando las obligaciones de transparencia, al publicarse cada vez más información económica de las distintas Administraciones, lo que ha acrecentado el problema de la dispersión.

Se publicará a través de la Central la Información económico-financiera de las Administraciones Públicas que, de acuerdo con su normativa reguladora, deba ser pública.  La información que debe publicarse de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las  obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril y el resto de la normativa de desarrollo de la mencionada Ley Orgánica.

Las previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria; la información relativa a los ingresos de todas las Administraciones Públicas y los datos de ejecución presupuestaria, incluidos los datos que tengan carácter público relativos a las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado; la Información relativa al endeudamiento del Estado, las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

También se incluirá, el inventario de Entes del sector Público Estatal, Autonómico y Loca;  la información relativa a los Fondos Europeos concedidos por las diferentes Administraciones Públicas y sus entidades u organismos dependientes o vinculados;  información relativa a pensiones y afiliaciones a la seguridad social procedente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social; y el resto de información económico-financiera relativa a cualquiera de las Administraciones Públicas, sus entidades u organismos vinculados o dependientes.

El incumplimiento de las obligaciones de suministro de información recogidas en este real decreto, tanto en lo referido a los plazos establecidos, el correcto contenido e idoneidad de los datos requeridos cuya responsabilidad asume quien los elabora o el modo de envío, dará lugar a que el responsable de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas formule un requerimiento de cumplimiento que notificará tanto al sujeto incumplidor de su obligación como al titular del Ministerio del que dependa.

El requerimiento de cumplimiento indicará el plazo, no superior a quince días naturales, ni inferior a diez, para atender la obligación incumplida con apercibimiento de que transcurrido el mencionado plazo se procederá a dar publicidad del incumplimiento en el portal web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El Banco de España, así como los bancos, cajas de ahorro y las demás entidades financieras deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la información relativa a las operaciones de crédito que hayan concertado cada una de las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes, así como su posición deudora u otros datos concretos relativos a su endeudamiento.

Así, se establece en el proyecto de Real Decreto por el que se crea la Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas y se regulan las obligaciones de información del Banco de España y las entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por otra parte, la información referida al Estado, cada Comunidad Autónoma y cada Entidad Local se suministrará antes del día cinco de cada trimestre natural del año, y la relativa a sus entidades y organismos vinculados o dependientes antes del día 5 de enero de cada año. El requerimiento de cumplimiento indicará el plazo, no superior a quince días naturales, para atender la obligación incumplida con apercibimiento de que transcurrido el mencionado plazo se procederá a dar publicidad del incumplimiento en el portal web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Si el sujeto incumplidor es un banco, caja de ahorro u otra entidad financiera, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas lo comunicará al Banco de España a los efectos previstos en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Si el sujeto incumplidor es el Banco de España el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas lo pondrá en conocimiento del Consejo de Ministros.

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