edición: 2513 , Jueves, 19 julio 2018
06/02/2009

Hacienda y la banca mejorarán sus posiciones de cobro con la reforma en la Ley Concursal

Javier Ardalán.- El Gobierno tiene lista una importante reforma de la Ley Concursal, que trata de evitar dos problemas urgentes detectados con la avalancha de concursos presentados en los últimos meses y que han venido a demostrar lo que los especialistas en Derecho Concursal ya se temían: Hacienda y la Seguridad Social pierden buena parte de sus ingresos y los bancos se niegan a renegociar la financiación de las empresas en dificultades por miedo a que un juez anule los contratos de los préstamos.

La reforma será analizada con lupa por los sindicatos, ya que están en juego las percepciones de los trabajadores, en dura competencia con el resto de los acreedores, así como del resto de las empresas que reclaman deudas contraídas por la concursada.

Dos recientes sentencias del Tribunal Supremo, de 21 de enero de 2009, han encendido todas las alarmas en Hacienda. El tema es tan decisivo, que provocó una reunión del Pleno de la Sala Primera del Alto Tribunal, el pasado 17 de diciembre, para adoptar una decisión conjunta sobre la materia.

La pelea de Hacienda y la Seguridad Social se concentra en las deudas reconocidas para el cómputo de créditos privilegiados, que se realiza sobre un 50% de la deuda. La Agencia Tributaria defiende que deben figurar todos los créditos, pero  el Supremo, como la Audiencia de Barcelona previamente, han negado la posibilidad de que se incluyan los intereses moratorios previos al concurso, los recargos o las sanciones. Hacienda pretendía el reconocimiento del recargo tributario entre los cobros privilegiados de los concursos, que en la actualidad se consideran subordinados.

El Alto Tribunal da la razón a la Audiencia Provincial de Barcelona al considerar que para calcular el otro 50% no se pueden incluir más que los créditos ordinarios, pero no los privilegiados y los subordinados, que son los que están a la cola en las posibilidades de cobro, por detrás de las deudas de los empresarios, como, por ejemplo, las sanciones o las liquidaciones tributarias que han llegado tarde al concurso. De esta forma, Hacienda y la Tesorería de la Seguridad Social se quedan casi automáticamente sin todos estos ingresos.

Algunas audiencias provinciales, como la de Burgos, habían dado hasta ahora la razón a las tesis de los dos organismos públicos en varias sentencias, en las que también criticaban las divergencias en los criterios aplicados a sus créditos en las diferentes provincias españolas. Ahora esa vía está cerrada y se hace necesario un cambio de la normativa concursal.

La otra gran motivación viene forzada por las quejas de las entidades financieras, ya que tanto los administradores concursales como los jueces están poniendo con habitualidad una medida que les está resultando especialmente onerosa, como es la anulación de los créditos solicitados en los dos años precedentes a la solicitud de concurso.

En la actualidad, la entidad concursada puede rescindir aquellos contratos que le hayan sido perjudiciales hasta los dos años anteriores a la declaración del concurso para tratar de  reintegrar en el patrimonio social los bienes que hayan salido de una forma perjudicial, o poco equitativa para el resto de los acreedores.

Esta posibilidad, que permite anular otro tipo de operaciones, como la compra de otras empresas, hace que las entidades financieras se estén negando en rotundo a refinanciar las deudas de las compañías con dificultades, lo que las aboca directamente a entrar en concurso.

Si la Ley Concursal es poco precisa con respecto a los créditos de Hacienda y de la Seguridad Social, en el capítulo de este tipo de refinanciaciones de última hora se lleva la palma. En algunas ocasiones los jueces que tutelan los concursos han llegado a sancionar a los bancos por haber realizado hipotecas sobre deudas otros tipos, lo que las convertía en privilegiadas a la hora de cobrar en el concurso.

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