edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
02/03/2018
LA OREJA DE LARRAZ

Hacienda debe respetar las cantidades deducidas en IVA por un inmueble desocupado durante años

Javier Ardalán
Hacienda no puede exigir las cantidades deducidas inicialmente por las empresas en concepto de IVA, en aquellos casos de que un inmueble, en relación con el cual se ha optado por la tributación, al considerar que no se utiliza por el sujeto pasivo para las necesidades de sus propias operaciones gravadas, cuando ha estado desocupado durante más de dos años, incluso aunque el contribuyente acredite que el sujeto pasivo ha tratado de arrendarlo durante ese tiempo.
De esta forma lo establece el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), en una sentencia de 28 de febrero de 2018, que determina que el régimen de deducciones tiene por objeto liberar completamente al empresario del peso del IVA devengado o ingresado en el marco de todas sus actividades económicas.

El sistema común del IVA garantiza, por lo tanto, la perfecta neutralidad con respecto a la carga fiscal de todas las actividades económicas, cualesquiera que sean los fines o los resultados de las mismas, a condición de que dichas actividades estén a su vez sujetas al IVA.

El ponente, el magistrado Alain Rosas, determina que debe recordarse que la adquisición de bienes o servicios por un sujeto pasivo que actúe como tal es lo que determina la aplicación del sistema del IVA y, por ende, del mecanismo de deducción. La utilización que se haga, o que se proyecte hacer, de un bien únicamente determinará la magnitud de la deducción inicial a la que el sujeto pasivo tenga derecho y el alcance de las posibles regularizaciones en períodos posteriores, pero no afecta al nacimiento del derecho a deducir.

De esta manera, considera que el derecho a deducción sigue existiendo, en principio, incluso cuando, posteriormente, por circunstancias ajenas a su voluntad, el sujeto pasivo no haya podido utilizar los bienes y servicios que dieron lugar a deducción en el marco de operaciones sujetas al impuesto.

En el caso de autos, según la interpretación realizada por la Autoridade Tributária e Aduaneira de Portugal, el hecho de que un inmueble permanezca desocupado durante un determinado período de tiempo interrumpe el destino del inmueble para fines empresariales, lo que obliga al sujeto pasivo a proceder a la regularización del impuesto deducido, aunque se pruebe que dicho sujeto pasivo ha tenido siempre la intención de seguir ejerciendo una actividad gravada.

Por el contrario, el TJUE estima que de su propia jurisprudencia se infiere que, puesto que el derecho a deducir nació, el sujeto pasivo lo conserva, aunque, por razones ajenas a su voluntad, no haya podido utilizar los bienes o servicios que dieron lugar a la deducción en el marco de operaciones sujetas al impuesto.

Y concluye el ponente, que otra interpretación de la Directiva IVA sería contraria al principio de neutralidad del IVA respecto de la carga fiscal de la empresa. Podría crear, en el trato fiscal de iguales actividades de inversión, diferencias injustificadas entre empresas que ya realizan operaciones sujetas al impuesto y otras que pretenden, mediante inversiones, iniciar actividades que darán lugar a operaciones imponibles. Asimismo, considera que se producirían diferencias arbitrarias entre estas últimas empresas al depender la aceptación definitiva de las deducciones de si tales inversiones culminan o no en operaciones gravadas.

Por consiguiente, dictamina que el principio de neutralidad fiscal se opone a una legislación nacional que, al hacer depender la aceptación definitiva de las deducciones de IVA de los resultados de la actividad económica ejercida por el sujeto pasivo, crea, respecto del tratamiento fiscal de actividades de inversión inmobiliaria idénticas, diferencias injustificadas entre empresas con el mismo perfil y que ejercen la misma actividad. Esta conclusión no se desvirtúa por la alegación de que como consecuencia de la resolución de los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad, se produjeron modificaciones en los elementos tomados en consideración para la determinación de la cuantía de las deducciones.

Si bien, la necesidad de proceder a la regularización del impuesto deducido puede existir también por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto pasivo, no es menos cierto que esta disposición no puede vulnerar los principios básicos que informan el sistema creado por la Directiva IVA y, en particular, el principio de neutralidad fiscal.

Considerar que, para demostrar la existencia de «modificaciones» en el sentido del artículo 185 de la Directiva IVA, basta que un inmueble haya quedado vacío, tras la resolución de un contrato de arrendamiento del que era objeto, por circunstancias ajenas a la voluntad de su propietario, a pesar de que haya quedado demostrado que este aún tiene intención de utilizarlos para una actividad gravada y que emprende las gestiones necesarias a tal efecto, equivaldría a restringir el derecho a deducción a través de las disposiciones aplicables en materia de regularizaciones.

Y concluye su razonamiento señalando que aunque la Directiva IVA deja a los Estados miembros un amplio margen de apreciación para determinar las modalidades de ejercicio del derecho de opción e incluso suprimirlo, éstos no pueden utilizar esta facultad para infringir la misma Directiva, revocando un derecho a deducir ya adquirido.

Una limitación de las deducciones de IVA vinculadas a las operaciones gravadas, después del ejercicio del derecho de opción, no afectaría al alcance del derecho de opción que los Estados miembros pueden restringir, sino a las consecuencias del ejercicio de tal derecho.

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