edición: 3025 , Viernes, 7 agosto 2020
23/03/2020
fiscal 
Las primeras medidas son artillera ligera

Hacienda niega una mayor moratoria fiscal como señala la doctrina del Constitucional

Recuerdan los empresarios al Ministerio de Hacienda la opinión del Tribunal Constitucional respecto al carácter redistributivo de la renta nacional que tienen los tributos, lo cual parece estar muy bien razonado
Juan José González
Las patronales están exigiendo al Ejecutivo la aplicación de medidas de gran flexibilidad para las empresas, para que puedan hacer frente a la compleja situación que se les va a presentar de los próximos meses como consecuencia de la caída de ingresos y la coincidencia en el final del presente mes de la obligación de declarar el IVA y otros impuestos locales. Se trata de medidas destinadas a aliviar costes y cargas a las empresas, en este caso fiscales, lo que sin duda será, además de un desahogo importante para la caja, una garantía para asegurar la liquidez en los próximos meses, el horizonte más próximo que ahora mismo debe estar observando un empresario. Esta semana se considera crucial en todos los sentidos: para la sociedad entera y dentro de esta para las actividades económicas, pues se tiene la certeza que el país paralizará gran parte de su actividad industrial como consecuencia de la prórroga del estado de alarma por dos semanas más a partir del próximo lunes. Es un cambio relevante para las empresas en tanto que supone desplazar el horizonte temporal cierto a otro también cierto pero más lejos de lo previsto inicialmente. Así cambian los plazos y las previsiones de ingresos se mantienen por los suelos dos semanas más, lo que hace obligatorio al departamento de Hacienda pensar en alguna solución para las pymes (y también otras de gran tamaño) dado que las cajas de las sociedades difícilmente aguantarán más de dos trimestres.
Y las cajas necesitan liquidez, como el resto del sistema económico, lo que obligará al ministerio de Hacienda a aplicar una flexibilidad tributaria que favorecería la liquidez y a la que la ministra Mª Jesús Montero no para estar dispuesta a considerar, al menos, "hasta que cuente con cifras más concluyentes, aseguran en medios del Ejecutivo. El jueves pasado, llegaban a Moncloa varias misivas de organizaciones empresariales, asociaciones de asesores fiscales, contables, agentes de aduanas, gestores administrativos y varios consejos generales de la Abogacía, reclamando al Ejecutivo la aplicación inmediata de medidas que favorecieran la flexibilidad tributaria.

Algunas de estas organizaciones apuntaba al ejemplo francés como el más congruente con la situación actualidad al permitir el aplazamiento de la obligación de presentar las declaraciones y el pago de impuestos, una medida que también había considerado el Ejecutivo germano (pendiente de aprobación para esta semana) y, por supuesto el italiano, que sufre el mayor golpe por la crisis del Covid-19. En algunas Comunidades autónomas ya se negocia directamente con alguna Administración local (Ayuntamientos) aplicar la moratoria fiscal en algunos de los tributos locales. Flexibilidad que también se reclama al Ejecutivo central en el importante apartado del cobro de facturas pendientes por parte de las empresas y que la Administración viene retrasando desde el verano pasado. 

Claro que, entre las numerosas reclamaciones de las patronales y las sugerencias de otros colectivos, como es el caso de los autónomos, la flexibilidad no se limita a la moratoria del IVA (a la vuelta de la esquina) sino al de la totalidad de los impuestos así como también a la suspensión temporal de las autoliquidaciones y declaraciones fiscales por un período más amplio que el que se está proponiendo desde alguna gran organización empresarial, es decir, hasta el último mes del año en curso, un período que se puede considerar razonable para recuperar el pulso de las tesorerías, eso sí, contando con un final del golpe de la crisis sanitaria en el mes de mayo y con una recuperación de la actividad económica para la segunda parte del año, en especial en el último cuatrimestre. 

Pero el ministerio de Hacienda se teme lo peor de estas peticiones empresariales. Cree que en el fondo se trata de una estrategia de aplazamientos para llegar a fin de año y tras valoración de `catástrofe económica nacional´ proponer, como única salida para mantener el empleo en las empresas, la condonación de deudas. Porque todo indica, según las organizaciones empresariales, que las medidas iniciales del Gobierno relacionadas con la inyección de liquidez mediante la concesión de avales, no será suficiente para resolver las carencias de tesorería ni las necesidades de las pymes y autónomos para hacer frente al pago de facturas y nóminas.

Las medidas aprobadas por el Gobierno facilitar que pymes y autónomos puedan aplazar sus deudas tributarias (algunas) son piezas de artillería ligera, pues se trata de deudas tributarias de hasta 30.000 euros para los próximos seis meses. Escasa flexibilidad la que está dispuesto a aplicar Hacienda si se tiene en cuenta que el escenario económico y laboral dibujado por el Presidente del Gobierno y varios de sus ministros, no se corresponde con la flexibilidad que pretende aplicar con las primeras medidas. Así esperan las empresas y los autónomos mayor flexibilidad para los próximos meses. Aunque puede que ya sea tarde.

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