edición: 3076 , Miércoles, 28 octubre 2020
06/11/2018
LA OREJA DE LARRAZ

Hacienda plantea que la reiteración de solicitudes de aplazamiento tributario no impida el inicio del periodo ejecutivo

Xavier Gil Pecharromán
La reiteración de solicitudes de aplazamiento, cuando otras previas hayan sido denegadas y no se haya efectuado el ingreso correspondiente, no impedirá el inicio del periodo ejecutivo, según se establece la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, cuyo proyecto ultima actualmente el Ministerio de Hacienda. 
Con ello, Hacienda pretende evitar el uso inadecuado de la presentación de reiteradas solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento, compensación suspensión o pago en especie cuyo periodo de tramitación actualmente suspende cautelarmente el inicio del periodo ejecutivo.

El texto establece, además, un nuevo régimen de revisión de las liquidaciones y sanciones en los casos de aplicación de esta reducción para desincentivar la litigiosidad y favorecer la conciliación entre la Administración tributaria y los contribuyentes. 

La medida se realizará de acuerdo con la elevación de la reducción por pronto pago y con un carácter análogo al ya establecido para las actas con acuerdo y en línea con otros sectores del Ordenamiento jurídico, como el régimen sancionador de tráfico, 

Así, el ingreso de la sanción acogiéndose a la reducción de la misma implicará la renuncia a plantear recursos y reclamaciones económico-administrativas contra las sanciones y sus liquidaciones correspondientes, manteniendo la posibilidad de acudir a los procedimientos especiales de revisión o a la vía contencioso-administrativa.

No obstante, el obligado tributario podrá renunciar a la aplicación de la reducción por pronto pago y recurrir o reclamar la sanción en vía administrativa. Por otra parte, la interposición de recurso o reclamación en vía administrativa con carácter previo a efectuar el pago de la sanción reducida determinará la exigencia de dicha reducción.

La futura norma introduce, además, un nuevo supuesto de suspensión del cómputo del plazo de las actuaciones inspectoras durante la aplicación de determinados instrumentos dirigidos a facilitar la cooperación y coordinación de las Administraciones tributarias del Estado con las forales en el ejercicio de dichas actuaciones.

Así, se regula la tramitación de las actas de disconformidad se elimina el carácter obligatorio del informe de disconformidad, dado que actualmente el contenido de ese informe en su integridad ya se viene recogiendo en el acta y la liquidación.

Para evitar la reiteración inadecuada de solicitudes, de aplazamiento, fraccionamiento, compensación suspensión o pago en especie, cuyo periodo de tramitación suspende cautelarmente el inicio del periodo ejecutivo,

Asimismo, en la medida en que el período voluntario de pago es único, se aclara que dicho período no podrá verse afectado por la declaración de concurso.

Con el objeto de clarificar la normativa vigente, se especifica, a efectos del procedimiento de exigencia de la responsabilidad solidaria, que el período voluntario de pago de las deudas es el originario de pago, sin que las vicisitudes acaecidas frente al deudor principal, como suspensiones o aplazamientos, deban proyectarse sobre el procedimiento seguido con el responsable.

Por otra parte, se modifica la enumeración de los posibles infractores para dar un tratamiento homogéneo a los sujetos infractores tanto en el régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades como en el régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Se introducen varios cambios en el régimen de las reducciones aplicable a las sanciones tributarias para favorecer la simplificación en su aplicación, el ingreso voluntario y la disminución de la litigiosidad. Por un lado, se eleva la reducción de las sanciones derivadas de las actas con acuerdo al 65 por ciento. Por otro lado, se mantiene la reducción por conformidad del 30 por ciento, elevándose la reducción de la sanción por pronto pago al 40 por ciento.

Teniendo en cuenta que la falta de presentación o la presentación incompleta, inexacta o con datos falsos de las declaraciones informativas exigidas por la normativa aduanera dificulta y, en ocasiones, impide la realización por las autoridades aduaneras de un análisis adecuado de riesgos y de los controles necesarios para supervisar el comercio internacional legítimo de la Unión, y atendiendo a que las sanciones mínimas actuales previstas para dichas infracciones tributarias de carácter formal no tienen un carácter suficientemente disuasorio, se eleva hasta 600euros el importe de aquellas.

Por otra parte, se establece que el plazo máximo para el inicio del procedimiento sancionador incoado a partir de las liquidaciones o resoluciones dictadas en determinados procedimientos de aplicación de los tributos será de seis meses, alineando el mismo con el plazo general de resolución de los procedimientos tributarios.

Se otorga cobertura legal a la posibilidad de inadmitir las solicitudes de suspensión con dispensa total o parcial de garantías por los Tribunales Económico-Administrativos, cuando de la documentación incorporada al expediente se deduzca que no cumplen los requisitos establecidos para la concesión de la solicitud. También, con la finalidad de evitar prácticas fraudulentas consistentes en el aprovechamiento de la dificultad existente para la tramitación de ciertas solicitudes de suspensión, se otorga rango legal a la posibilidad de la Administración de continuar con su actuación en aquellos supuestos en que la deuda se encuentre en período ejecutivo.

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