edición: 2575 , Martes, 16 octubre 2018
06/02/2018
Si el Estado asumiera los intereses de la deuda

Hacienda ”promociona” la idea de una amnistía a las deudas autonómicas en forma de quita

Desaconsejado por el comité de expertos y contraindicado por Bruselas, el Ejecutivo baraja el perdón parcial de las deudas como base del nuevo sistema de financiación autonómica
Juan José González
Cómo evitar llamarle quita de la deuda sin que Bruselas se dé cuenta. Cómo reestructurar las voluminosas deudas de las Autonomías para que no parezca una quita, el perdón, la amnistía parcial (o total, según los casos) de las cantidades a pagar, a devolver. El ministerio de Hacienda, y con él se entiende que el Gobierno, parece dispuesto al cambio de criterio, al perdón por el golpe de timón. Políticamente, la mano tendida que exhibe un Ejecutivo tolerante en principio, deseoso de obsequio e indulgencia, bien parece un movimiento de corto plazo que apacigüe ánimos y demandas reivindicativas. Modificar plazos y tipos de una deuda, es decir, forma de pago y precio, en economía se tiene como reestructuración, reorganización de las deudas para que el deudor pueda, llegue y sea capaz de devolver lo debido. Pero en política se conoce como quita, pura y dura. Claro está que la iniciativa de Hacienda está obligada por las muchas circunstancias que concurren en el problema de la deuda. Por un lado, el agotamiento del modelo de financiación, cuya desigualdad e injusticia parece estar sobradamente demostrada. Por otro, el momento político no es precisamente inocuo, pues la situación de las cuentas de Comunidades como la valenciana o la catalana ya parecen haber superado con creces el nivel de urgencia máxima, de la suspensión de pagos. Mientras que en el caso valenciano el auxilio del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) responde al pacto de ámbito estatal con el partido socialista, en el caso de Cataluña se trata de una cuestión de oportunidad, por cuanto los nuevos fondos de liquidez, unos 3.400 millones de euros aprobados por el Gobierno a finales del mes pasado, van a ser administrados bajo la supervisión del 155 en vigor.
Pero además, la propuesta de Hacienda para afrontar cambios sobre la reestructuración de la deuda de las Autonomías, tiene la virtualidad de ser un adelanto, una prueba para conocer la opinión de los implicados, respuestas que servirán para avanzar sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que se propone el Ejecutivo. En último término, y no precisamente menor, se situaría la necesidad de aprovechar la coyuntura favorable de los mercados financieros, actualmente con buenos precios para la financiación pero con la perspectiva a medio plazo de un encarecimiento de la misma. Salida a los mercados que debe producirse con la mejor calificación posible y que hoy, por imposible, tiene cortado el acceso. Para superar esta barrera, la deuda autonómica nueva debería contar con el aval del Tesoro Público. 

La financiación autonómica en su modelo y forma actual, toca a su fin. Las deudas de las Comunidades autónomas no auguran ningún final feliz y la solución, un nuevo sistema, espera la falta de un acuerdo que hoy se presenta complejo. Sin embargo, la primera explicación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, basada en una reestructuración de las deudas de las Comunidades, parece haber provocado entre los deudores la sensación de que el Ejecutivo les propondrá una quita. Según algunas opiniones de los más interesados (los más endeudados) una parte de la deuda pasaría desde las cuentas autonómicas al Estado, con lo que, en la práctica, supondría una quita para los deudores.

No es la única idea que parece barajar el sector, formado por las autonomías endeudadas y otros acreedores financieros, pues otra alternativa que se contempla (aunque con menor emoción y expectativas que la primera) es la de reestructurar plazos y precios, esto es, alargar los plazos de devolución y reducir los tipos de interés. Claro que se trata de dos alternativas con diferentes grados de tolerancia, habida cuenta de que la primera, la que en el fondo y en la forma es una quita, no contaría con la aprobación de Bruselas, mientras que la segunda sí admitiría discusión. Pero incluso la posibilidad ofrecida en su día por Hacienda, en 2015 con deuda al tipo cero, rechazada por varias Autonomías, no sería aceptada hoy día por Bruselas.

Sin embargo, y en vísperas de iniciar los contactos con los grupos políticos sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, aquella sensación primera expresada por los deudores, parece que no se corresponde con la intención del Ejecutivo de resolver la deuda pendiente, idea que, transmitida por los técnicos del departamento ministerial se inclinaría, por razones prácticas, a favor de que una parte de la deuda se transfiriese al Estado, sin más, lo que significaría, efectivamente, que el ministerio, el Ejecutivo, está planteando una quita, solución que no sólo contradice la filosofía y la norma europea, sino que además, es desaconsejada con los informes de la comisión de expertos, designada en su día para elaborar el documento base para la discusión de la reforma del modelo de financiación autonómica.

Encubierta o abiertamente reestructurada, sea como fuere y en última instancia, el ministerio de Hacienda debería en cualquier caso desechar y eliminar la idea de perdón, de amnistía o condonación e indulgencia que conlleva una quita. Sería el primer paso para ayudar a los deudores, a los derrochadores o malos pagadores para que se tomen en serio su responsabilidad; lo que deben. De lo contrario, seguirán malgastando y `malpagando´ en la esperanza de que tarde o temprano llegará el perdón.

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