edición: 3024 , Miércoles, 5 agosto 2020
07/01/2020
fiscal 
Medidas políticas fiscales que urgen

Hacienda quiere aplicar la tasa Google antes que Europa y al margen de las amenazas de Trump

Expertos pedirán al Gobierno que valore si el 3% que se pretende aplicar a determinados servicios digitales compensaría una pérdida de ingresos y de mercados de las exportaciones españolas.
Juan José González
Parece imponerse la idea en medios próximos al ministerio de Hacienda que algunas de las medidas de mayor efecto político y social deben combinarse en los primeros días de la nueva legislatura con otras de mayor calado fiscal. Y la táctica es compartida por una amplia mayoría de futuros ministros, sobre todo, los que repiten. Se trataría de recuperarlas viejas ideas del pasado reciente, las que fueron presentadas de forma muy discreta por el primer equipo de Pedro Sánchez, las tasas financiera y la tecnológica, la primera para gravar a los bancos y la segunda a las grandes compañías del sector tecnológico. Urgen para la premura que se quiere aplicar a las nuevas tasas una demostración de fuerza y cohesión que como mensaje de unidad se le quiere dar al nuevo Ejecutivo de coalición. Pero urgen también necesidades fiscales, de generación de ingresos para un Presupuesto prorrogado una vez más que se muestra, a todas luces, insuficiente para atender nuevas demandas. Son tasas globales las que pretende aplicar de forma acelerada el nuevo Ejecutivo que han llevado a los primeros equipo de gobierno a tomar con cautela tanto en su aprobación normativa como en su aplicación práctica habida cuenta de la también normativa que estaba preparando la Unión Europea para encajar este tipo de instrumentos tributarios en el marco legal de la Unión Europea. Pero las prisas parecen que no van a contemplar ni el ritmo europeo ni las amenazas del presidente norteamericano que, al igual que ya amenazó a Francia, podría hacer lo propio con sanciones a España.
Calificadas por distintos expertos como medidas atractivas destinadas más bien a alimentar pasiones populistas absurdas y a errar en el objetivo de recaudar más, las nuevas tasas que pretende el Ejecutivo mejor parecen destinadas, no sólo a complacer las gradas políticas afines sino a provocar los peores efectos prácticos. Es el caso ya demostrado de la tasa financiera que está demostrando para el caso de las operaciones bursátiles un trasvase de las inversiones hacia otros mercados bursátiles de la Unión Europea, miembros de la UE que precisamente se lo han pensado dos veces a la hora de poner en práctica este tipo de instrumentos recaudatorios.

Llama la atención comprobar que los políticos que en el ministerio de Hacienda `pelean´ estos instrumentos ya conocen de primera mano por sus colegas europeos los destrozos que causan este tipo de `tasas´ tipo Tobin y que en el mejor de los casos llegan a pasar inadvertidas, insignificantes desde un punto de vista contable presupuestario. La escasa aportación de los mismos, como también los males mayores que como peligro pueden causar, estaría desaconsejando desde el minuto uno su aplicación a otras áreas más generales de la actividad financiera, en concreto, a las grandes operaciones de activos que realizan entre entidades bancarias.

Por si no fuera suficiente su nivel de ineficacia, las medidas en cuestión no han demostrado hasta el momento, calculadora en mano, que puedan llegar a aportar a los ingresos el flujo recaudatorio suficiente para cubrir, por ejemplo, ni el 10% del agujero de las pensiones, con lo que uno de los objetivos que se dicen de los nuevos planes del Gobierno para las pensiones como es su sostenibilidad quedaría realmente en entredicho. De su demostración se ha encargado la Airef, la autoridad independiente fiscal que parece estar muy bien informada. Este último detalle -la contribución insuficiente de los nuevos tributos al problema del déficit de las pensiones- se pretende modificar -se supone que al alza- en la nueva convocatoria del Pacto de Toledo anunciado el sábado pasado por el presidente del Gobierno en funciones.

Pero es el gravamen de las actividades, actualmente sin tributación, sobre determinados servicios digitales el que se pretende `activar´ de forma inmediata, "si no es en el primer Consejo de ministros, será en el segundo, pero será", asegura un conocedor del asunto. Curiosamente, el último Ejecutivo socialista ya aprobó un decreto que contemplaba (y recogía el acuerdo con Unidas Podemos en octubre de 2018) el impuesto digital -bautizado como tasa Google- y cuya estimación en su momento fue de 852 millones de euros.

Sin embargo, tampoco se descarta que la premura que desea la mayoría de técnicos y políticos de creciente influencia en el Ejecutivo, vaya a contarse con una barrera: la de una cualificada opinión externa que aconseja mayor cautela. Según la misma, en la tasa Google se debe ponderar la satisfacción política de los solicitantes, la eficacia de la medida en términos de recaudación, la oportunidad al margen de la UE pero, también, el riesgo que supone para los productos españoles una política de castigo arancelario como la aplicada a Francia por el presidente de EE UU Donald Trump. Cautela que consistiría en valorar si el 3% que se pretende aplicar a determinados servicios digitales compensaría con la pérdida de ingresos y de mercados de las exportaciones españolas.

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