edición: 2637 , Viernes, 18 enero 2019
10/01/2019
Rechaza los ajustes que recomiendan Bruselas y Banco de España

Hacienda, sin tasa a la banca, obligada a ajustar gastos o a crear nuevos impuestos

El Gobierno no puede con la financiación del déficit de las pensiones, que pasa a un segundo plano o al próximo Gobierno
Juan José González
En Hacienda siguen buscando fuentes alternativas para elevar los ingresos públicos, dado el gran número de compromisos adquiridos por el Ejecutivo pero que ya han comenzado a pasar factura desde el minuto uno del presente ejercicio. Se trata de cubrir el desfase crónico existente entre el incremento de los gastos y los ingresos previstos. El esfuerzo del principal departamento ministerial encargado del asunto se las ve y se las desea para sacar adelante nuevas iniciativas al respecto. Entran en el salón del Consejo de Ministros y salen por la misma puerta sin pena ni gloria. Los planes sobre la parte de los ingresos en las cuentas públicas iban viento en popa hasta que se cruzó la borrasca de una sentencia inesperada por la que el Tribunal Supremo que establecía que fueran los consumidores los que deberían asumir el impuesto de Actos Jurídicos Documentados vinculado a las hipotecas, decisión rectificada días después por el Gobierno mediante Real Decreto-ley por el que se obligaba a los bancos a asumir el pago del tributo.
La decisión dio al traste con el plan del Gobierno de aplicar una tasa a la banca, prevista para cubrir el desfase de la Seguridad Social: cargado el impuesto de las hipotecas a la banca, el Banco de España reclamó no discriminar al sector bancario con decisiones orientadas a cubrir gastos y déficits que no se corresponden con la actividad bancaria. Ahora, el Gobierno se enfrenta a la disyuntiva de recuperar la tasa a la banca y mantener el nivel previsto de gasto público, o encontrar nuevas fuentes de ingresos para evitar ajustes presupuestarios. Ajustes que podrían tener una respuesta social que el Ejecutivo quiere evitar.

El acontecimiento, tan impensado por el Ejecutivo como espontáneo para el público ha resultado ser a la postre un elemento inoportuno para el plan de ingresos previsto por Hacienda, puesto que en dicho plan se contaba con las aportaciones procedentes de una nueva tasa específica a la banca, destinada, entre otros, a la financiación del déficit de la Seguridad Social, del agujero de mayor preocupación para el Gobierno de turno como son las pensiones. Se podría decir que el hecho de que el Gobierno no pueda contar con esa tasa, al menos, como estaba diseñada inicialmente, es una secuela, otra más, de la burbuja inmobiliaria.

Lo que en su día se consideró (las hipotecas) como una palanca para que el sector bancario pudiera poner en marcha otros planes de expansión territorial, se ha convertido tras la sentencia del Supremo y del Real Decreto-ley en una factura más que ahora debe asumir el sector. La referencia al evento hipotecario y fiscal viene a colación precisamente cuando el Gobierno parece encontrarse en un callejón sin salida en la resolución del principal problema del Ejecutivo sobre la mesa: la financiación de la Seguridad Social, cuyo déficit podría cerrar el año (2018) en torno a los 20.000 millones de euros (el 1,7% del PIB).

La situación es altamente comprometida para el Ejecutivo y casi misión imposible para un departamento que en solitario está obligado a buscar la solución y los medios para gestionar el déficit de las pensiones públicas. Objetivo espinoso por cuanto ahora, tras el `capítulo´ del impuesto de las hipotecas, se hace imposible obtener ingresos de una fuente que se consideraba segura como la tasa a la banca que figuraba en los planes y acuerdos del Gobierno con otras fuerzas políticas.

Llegados a este punto, y teniendo en cuenta que la financiación de las pensiones es pieza clave en la política económica del Estado que debe resolver con la mayor eficacia el Gobierno de turno, el Ejecutivo sólo dispone de dos alternativas como estrategias de choque para solucionar la financiación: nuevos impuestos y recorte o ajuste de gastos. En el primer caso, el abanico de gravámenes, ya de una considerable amplitud, se verá incrementado con el nuevo plan fiscal que se conocerá previsiblemente después de las elecciones de mayo.

Pero en el segundo caso, la alternativa del ajuste de gastos, frente al incremento de los ingresos por nuevos impuestos, una parte del Gobierno no está por la labor de aplicar austeridad ni recortes en el gasto, tal y como recomiendan las autoridades de Bruselas y reclama el Banco de España. Sin embargo, en el Ejecutivo parece dominar el grupo de ministros que mantiene sus posiciones de incrementar el gasto y de financiarlo con más impuestos y tasas. Entre estas, la tasa a la banca, al entender que el sector ya se ha recuperado de la crisis y obtiene beneficios suficientes. El Gobierno teme más a una reacción social a nuevos ajustes (con el recuerdo aún fresco de la austeridad) que a un déficit de pensiones que, al final, lo puede resolver otro Gobierno.

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