edición: 2684 , Martes, 26 marzo 2019
10/02/2009
Observatorio de Coyuntura

¿Hasta dónde puede subir el déficit público español?

Servicio de Estudios de 'la Caixa'.- En poco tiempo las cuentas públicas en España han dado un giro radical, pasando de ostentar un superávit del 2,2% del producto interior bruto (PIB) en 2007 a un déficit del 3,4% en 2008, y la Comisión Europea (CE) prevé un déficit del 6,2% en 2009. ¿Qué ha ocurrido? Tomemos algo de perspectiva para comprenderlo. A partir de mediados de los años setenta, y en menos de dos décadas, el peso del sector público en la economía se duplicó, pasando a superar el 45% del PIB en 1993. Los ingresos subieron a un ritmo algo menor, de manera que parte del mayor gasto público se financió vía déficit. El propósito de incorporarse a la moneda única y un ciclo económico favorable permitieron la corrección del pertinaz déficit de las cuentas públicas a partir de mediados de los años noventa.

La mejora fue debida no sólo a la buena marcha de la economía, sino que tenía un componente estructural derivado de un mejor control del presupuesto y un esfuerzo por contener y racionalizar el gasto. A partir de 2005, por primera vez desde el inicio del actual régimen democrático, volvieron los superávits públicos. Como consecuencia de este saneamiento de las cuentas, el peso de la deuda pública en la economía se redujo hasta el 36,2% del PIB en 2007, casi la mitad que en 1995 y sensiblemente por debajo del límite del 60% establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esta evolución contrastaba con un comportamiento mucho menos ejemplar por parte de otros países de la eurozona.

 En 2007 las perspectivas eran de continuación de esta tendencia. El Programa de Estabilidad 2007-2010 presentado en diciembre de 2007, hace ahora apenas algo más de un año, se planteaba la continuidad del superávit público, bajo supuestos de crecimiento de la economía en línea con su potencial. Al mismo tiempo, los superávits suscitaban demandas de rebajas de impuestos o bien de aumento del gasto social. Así, en 2006 se aprobó una reforma fiscal que reducía el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el impuesto de sociedades. En 2007 se adoptó el «cheque bebé» de 2.500 euros y la Ley de Dependencia. En 2008 se instituyó una nueva deducción de hasta 400 euros en el IRPF. En 2009 se hará efectiva la desaparición del impuesto sobre el patrimonio.

No obstante, el frenazo económico de 2008 tuvo un inmediato efecto presupuestario. Los llamados «estabilizadores automáticos» se pusieron en marcha y ayudaron a frenar el deterioro económico, pero tuvieron un impacto negativo sobre las cuentas públicas. En efecto, se produjo una caída recaudatoria a consecuencia del deterioro del empleo, la desaceleración de los beneficios empresariales, la moderación del consumo y la reducción de la inversión. Al mismo tiempo se elevaron los gastos por las prestaciones a los parados. De este modo, los estabilizadores automáticos comportaron una contracción estimada del saldo presupuestario sensiblemente superior al 2% del PIB.

Además, el Gobierno ha intentado frenar la recesión vía gasto público, lo que ha comportado una fuerte presión sobre el presupuesto. El paquete de medidas de noviembre de 2008 ascendió a 11.000 millones de euros, un 1,0% del PIB. Destaca la partida de 8.000 millones de euros para la realización de obras por parte de los ayuntamientos. El conjunto de medidas discrecionales, que comprende además de este gasto público las decisiones fiscales anteriormente comentadas, como la deducción de los 400 euros en el IRPF, la reforma fiscal, el «cheque bebé» y otras, supone un impacto estimado próximo al 3% del PIB sobre las cuentas públicas.

En un contexto de recesión como el actual las perspectivas de las finanzas públicas son, pues, bastante problemáticas, apuntando a un rápido deterioro del déficit público. A pesar de que se partía de una situación saneada, en 2009 el déficit de las administraciones públicas podría superar el 6% del PIB. Incluso, existe el riesgo de que los estabilizadores automáticos y las medidas para salir de la recesión pudiesen llevar al déficit público a niveles de récord histórico, superando las cotas de mediados de los noventa. Asimismo, la deuda pública podría elevarse en muy poco tiempo hasta acercarse al límite exigido por las normas europeas del 60% del PIB.

De hecho, la Unión Europea no sólo ha mostrado una actitud flexible dada la gravedad de la situación actual, sino que incluso ha alentado la adopción de medidas de estímulo presupuestario, debido a la excepcional coyuntura por la que atraviesa la economía europea. De todas formas, la acumulación de déficits en forma de deuda pública incide en una subida de la prima de riesgo de los tipos de interés de la misma. De hecho, en los últimos meses ya se ha registrado una ampliación del diferencial de rentabilidad de la deuda pública española a largo plazo en relación con la alemana hasta alrededor de un punto porcentual, el máximo desde la integración en la eurozona, si bien ha sido un movimiento general en un contexto de aversión al riesgo y la prima se coloca muy por debajo de los niveles alcanzados a mediados de los años noventa. Si la recesión es relativamente breve, los desequilibrios se podrían reconducir en un tiempo razonable. Si la recesión se prolongase más de la cuenta, el desequilibrio subiría hasta niveles muy altos y supondría una pesada carga para el conjunto de la economía en la fase de la recuperación.

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