edición: 2557 , Miércoles, 19 septiembre 2018
01/10/2010

Hoy desaparecen 72 visados obligatorios, aunque Cataluña piensa volver a imponerlos

Javier Ardalán
Hoy entra en vigor el Real Decreto que elimina 72 tipos de visado colegial obligatorio sobre los 80 que hasta ahora estaban vigentes, con lo que únicamente se mantienen como obligatorios 9 categorías y el resto pasan a ser de aceptación voluntaria por los ciudadanos. Los colegios de arquitectos, ingenieros e ingenieros técnicos están desolados por la pérdida de ingresos, por la eliminación de la autoridad que les daban estas autorizaciones y por el peligro que considera que lleva para las personas la eliminación de estas seguridades.

Sin embargo, esta medida no ha despertado ningún tipo de reacción social, salvo entre los profesionales afectados, por la sensación generalizada de que el visado no conllevaba un servicio sino únicamente un trámite. Sensación que ha sido negada por activa y pasiva por los colegios profesionales.

No obstante, en Cataluña la consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura, ha señalado que “el Real Decreto del Visado constituye una norma de mínimos que no afecta en nada a la competencia de la Generalitat para regular las condiciones de delegación en los colegios profesionales, como garantía de la seguridad y de los derechos de los usuarios, de la funciones de control y supervisión, así como de la comprobación documental y técnica o sobre el cumplimiento de la seguridad y de los derechos de los usuarios, de la funciones de control y supervisión, así como de la comprobación documental y técnica o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable, relativas a los trabajos profesionales”.

La Generalitat considera inconstitucionales determinados preceptos de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ley ‘Ómnibus’), que modifica la Ley estatal 2/1974, de 14 de febrero, sobre colegios profesionales, ya que invaden las competencias de la Generalitat en esta materia, contenidas en el artículo 125 del Estatuto de Autonomía.

En concreto, se refiere  a la competencia para decidir sobre la obligatoriedad de la colegiación, los visados, la memoria de los colegios y los honorarios profesionales. En consecuencia, el Gobierno de la Generalitat pidió al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña  que se pronunciara respecto de los citados preceptos, y este órgano, en el Dictamen 4/2010, de 11 de marzo, confirmó la inconstitucionalidad. 

Los colegios catalanes afectados por el Real Decreto a mostraron ayer su apoyo a la Generalitat, que según anuncian,  seguirá regulando y ordenando los colegios profesionales, como corporaciones de derecho público que llevan a cabo el control deontológico y la ordenación de la profesión.

Salvo por esta situación, el Real Decreto sólo establece que es obligatorio el visado para los proyectos de ejecución de edificación, certificados finales de obra, proyectos de demolición, de explotaciones mineras y de voladuras, así como los proyectos de fábricas y depósitos de explosivos, pirotecnia y cartuchería.

Con esta medida las empresas y los particulares ahorrarán hasta 815 millones de euros al año de los 932 millones que el trámite les costaba hasta ahora, según los cálculos del Ministerio de Economía y Hacienda. Los colegios profesionales afectados tendrán que buscar nuevas fuentes de financiación.

Esta actuación se enmarca dentro del objetivo de reducción de cargas administrativas que establece la estrategia de la Ley de Economía Sostenible y el desarrollo de la Ley de Servicios (Ley ‘Ómnibus’) y que pretende reducir las cargas administrativas en un 30% hasta 2012 y en un 50% hasta 2020.

En su estudio sobre el Real Decreto, por el contrario, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) dictaminó que la decisión de Economía era correcta y la valoraba positivamente. Sin embargo, le pedía que fuera aún más exigente y que cuatro de los diez trabajos que se configurarán como obligatorios, fuesen también voluntarios. Estos eran los proyectos de infraestructuras comunes de telecomunicación de edificios y los tres del ámbito de la edificación.

El pasado 7 de mayo, más de 10.000 ingenieros y arquitectos de toda España se concentraron ante la sede del Ministerio de Economía en defensa del servicio de visado al que consideran una “garantía de la integridad física y seguridad de las personas”.

Los 22 colegios de arquitectos, ingenieros e ingenieros técnicos que promovieron la manifestación han mantenido durante los últimos meses, que el Visado profesional supervisa y controla que los trabajos cuenten con las oportunas garantías de cobertura de los seguros de responsabilidad civil, y por lo tanto, garantiza al ciudadano que el profesional es solvente desde el punto de vista económico para hacer frente a posibles incidentes.

Los Colegios Profesionales de la ingeniería han manifestado que “lucharán hasta el final” para que el Real Decreto 1000/2010 sea derogado, puesto que “el criterio económico, que propugna el Gobierno, no debería prevalecer sobre la seguridad e integridad física de las personas”.

Actualmente denuncian que no existe control preventivo sustitutivo del visado, ni el Real Decreto  prevé procedimiento alguno para su sustitución. En cualquier caso, ningún mecanismo de control tendría viabilidad alguna si no se realiza mediante un control colegial previo.

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