edición: 2454 , Miércoles, 25 abril 2018
07/07/2010
LA OREJA DE LARRAZ

Hoy entra en vigor la Ley que pretende acabar con los plazos abusivos en el pago de las facturas

Javier Ardalán

Las empresas deben incluir en su memoria de cuentas anuales los plazos en los que abonan las facturas a sus proveedores, según establece la Ley de Morosidad que acaba de entrar en vigor, tras su publicación en el BOE. Los plazos de pago de las empresas a sus proveedores no podrán superar los 60 días como máximo y, lo que es más importante, es que finalmente, este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes, con el fin de evitar posibles prácticas abusivas de grandes empresas sobre pequeños proveedores, que den lugar a aumentos injustificados del plazo de pago y que, generalmente, perjudica a las pequeñas y medianas empresas.

No obstante, se establece un calendario transitorio, excepto para los alimentos frescos y perecederos, que culminará el 1 de enero de 2013. En el que se prevé que desde la entrada en vigor de la esta Ley y hasta el 31 de diciembre de 2011, serán de 85 día; entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, 75 días; y a partir del 1 de enero de 2013, se situará el tope en el máximo previsto de 60 días.

Los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y perecederos no excederán en ningún caso de 30 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías. En este apartado se incluye a los productos que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para comercialización y consumo durante un plazo inferior a treinta días o que precisan de condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte.

También se hace una excepción en el calendario para las empresas constructoras de obra civil que mantengan vivos contratos de obra con las diferentes Administraciones Públicas, con carácter excepcional, y durante dos años a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, podrán acordar con sus proveedoras y subcontratistas plazos máximos de pago, de 120 días desde la entrada en vigor de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2011; 90 días desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012; y 60 días desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Asimismo, la ley habilitará al Gobierno para determinar un régimen especial de pagos para el sector del libro que tenga en cuenta las "especiales circunstancias" de este sector en relación a los ciclos de explotación, la rotación de 'stocks' y el régimen específico de depósito de libros.

Los destinatarios de las entregas están obligados a documentar, en el mismo acto, la operación de entrega y recepción con mención expresa de su fecha. Además,  los proveedores deberán indicar en su factura el día del calendario en que debe producirse el pago y las facturas deberán hacerse llegar antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de entrega y recepción de las mercancías.

Se declaran abusivas las cláusulas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora, cuando tengan un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, consideradas todas las circunstancias del caso, entre ellas, la naturaleza del producto o servicio, la prestación por parte del deudor de garantías adicionales y los usos habituales del comercio.

Por otra parte, se refuerza el derecho a percibir indemnización, se amplía la posibilidad de que las asociaciones denuncien prácticas abusivas en nombre de sus asociados y se promueve la adopción de códigos de buenas prácticas en materia de pagos.

La nueva Ley, obliga al Gobierno a articular a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea de crédito directo dirigida a ayuntamientos con el fin de que puedan pagar sus deudas con empresas y autónomos.

Los ayuntamientos deberán llevar un registro de todas las facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos, cuya gestión corresponderá a la Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

En la actualidad, la Administración tiene pendientes de pago con las empresas cerca de  38.000 millones de euros, mientras que la deuda de las empresas con sus proveedores se sitúa en 60.000 millones de euros.

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