edición: 2885 , Viernes, 17 enero 2020
13/12/2019

Iberdrola denuncia que Siemens podría cerrar centros sin permiso de su consejo

ICNR
El juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao ha acogido una nueva vista por la demanda de la eléctrica vasca contra Siemens en relación al fabricante de aerogeneradores Siemens Gamesa, compañía en la que la alemana posee el 59% de las acciones e Iberdrola el 8%.
La eléctrica reclama en los tribunales que se anule el acuerdo por el que Siemens Gamesa fijó unos niveles elevados para la aprobación de proyectos y operaciones por parte del Consejo de Administración, lo que permite que sin su autorización el consejero delegado de la compañía adopte decisiones relevantes como el cierre de las instalaciones de la empresa.

Iberdrola ha impugnado el acuerdo de materias reservadas adoptado en la sesión del Consejo de Administración de Siemens Gamesa del 3 de mayo de 2018, al entender que fija unos umbrales económicos muy elevados para que los proyectos sean llevados al Consejo de Administración, por debajo de los cuales se deja esa responsabilidad en el consejero delegado de la compañía.

La eléctrica vasca ve este acuerdo contrario a la ley, entre otras razones, porque no contempla aspectos cualitativos (como la salida a mercados internacionales, contratos de larga duración...) para determinar si la decisión empresarial a adoptar es estratégica y que en tal caso la adopte el Consejo de Administración.

También cree que infringe el reglamento del Consejo de Administración de Siemens Gamesa, que establece que sus competencias son las que no son de la Junta General, según ha expuesto el representante legal de Iberdrola, que ha indicado que, pese a pedir que se anule el acuerdo citado, la eléctrica quiere que se mantengan los contratos "de buena fe" ya decididos.

En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, el letrado ha explicado que en aplicación del acuerdo impugnado, el consejero delegado de Siemens Gamesa, Marcus Tacke, que ha declarado en la sesión, puede decidir sin autorización del consejo el cierre de instalaciones de la empresa en el País Vasco y Navarra, ya que posee la facultad de hacerlo sobre operaciones que afecten a un porcentaje de empleados de hasta un 5% del total del grupo.

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