edición: 2557 , Miércoles, 19 septiembre 2018
19/02/2015
Banca 
Planes políticos bancarios

Los deudores del ICO `aguantan´ a la espera de la nueva banca pública

La promesa de relanzarla figura en, al menos, dos programas electorales
Juan José González
El sector bancario no es ajeno a los movimientos de los nuevos actores en la escena política, y en particular, a la formación Podemos. En sus propuestas económicas y sobre el sector financiero, apuntan una solución al crédito, a la escasez de crédito para financiar empresas y familias. Y la solución pasa, según las intenciones de la formación, por reeditar, potenciar o relanzar la banca pública. Se trata de una idea que ya estaba siendo descontada en el sector financiero, en las empresas y también por las autoridades. Por lo tanto, no se puede decir que haya sido imprevisible. Sin embargo, lo que ya no entraba en el terreno de lo previsible es la reacción de un numeroso grupo de empresas que deben al Instituto de Crédito Oficial (ICO) -la banca pública que planea potenciar Podemos- cerca de 600 millones de euros que el Estado ya ha debido provisionar por morosidad.
Los mercados financieros se mueven (descuentan) por expectativas; influyen en las decisiones y acaban siendo el barómetro de muchos acontecimientos. El sector financiero no es ajeno a las propuestas que están dando a conocer -con cuentagotas- las nuevas formaciones políticas, caso de Podemos y de Ciudadanos. Más o menos previsibles, las dos parecen contar con planes futuros para la banca. A la espera de que Ciudadanos concrete más sus propuestas, las que están sobre la mesa pertenecen a Podemos, presentadas meses atrás a modo de ponencia por sus asesores económicos. La formación de Pablo Iglesias planea el regreso de la banca pública al sistema financiero, desempeñando un papel más activo como proveedor de fondos, de crédito a empresas y familias. La ponencia económica contempla la recuperación y relanzamiento de la banca pública para competir en un mercado dominado, en su totalidad por las entidades privadas.

En este regreso al pasado de la banca pública, los planes se apoyarían en potenciar al ICO y para lo que sería necesario dotarle de una dimensión suficiente en recursos técnicos, personales y financieros que le situaran en línea de competencia directa con la banca privada, es decir, a mitad de camino entre los más grandes y los medianos, detrás de Caixabank pero por delante de Sabadell. Y en ese punto es donde se encuentra precisamente hoy día Bankia, cuarta entidad financiera por volumen de activos. Aunque, por el momento, la estrategia bancaria de Podemos parece ser uno de los secretos mejor guardados de la formación. De ahí que la ubicación del nuevo ICO, sea ahora mismo una de las incógnitas del programa.

Con independencia del lugar y funciones que se le quiera dar a la nueva banca pública, el problema ahora es otro bien distinto, y para explicarlo es necesario remontarse al ejercicio de 2010. Entonces, el Gobierno de Rodríguez Zapatero planteó como esfuerzo excepcional financiar los proyectos de pymes que no sobrepasaran 200.000 euros y asumir el riesgo de impago de la operación. Se buscaba resolver la escasez de crédito en las pequeñas y medianas empresas. Pero la idea no tuvo éxito y el crédito solicitado fue notablemente inferior a la dotación inicial del programa.

El experimento financiero llevado a cabo a modo de experiencia piloto a través del ICO era el primer paso de un ambicioso plan del Gobierno para relanzar la banca pública. Pero la idea, en la práctica, fracasó, lo cual no significa que no haya dejado rastro, huella y hasta herida. El ICO llegó a firmar cerca de 14.000 operaciones de crédito equivalente a 600 millones de euros. La herida consiste en que la aventura del esfuerzo de financiación del ICO se ha convertido en una deuda cercana a esos 600 millones y que ahora deben ser provisionados y, por lo tanto, debe ser el Estado quien finalmente deba hacer el desembolso por la morosidad.

La moraleja del experimento financiero no es otra sino la esperanza de los deudores que, en su particular consideración de las expectativas, descuentan el relanzamiento de la banca pública. Si esto se produce, en el caso del ICO, a los deudores les podría suponer un aplazamiento en fechas o una reducción de las cargas financieras de sus deudas, si la nueva formación llega a tiempo para el citado relanzamiento. Entretanto, los deudores seguirán siendo morosos y el Estado seguirá provisionando. Aunque se supone -y espera- que no sea este el modelo de nueva banca pública ahora en proceso de elaboración.

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