edición: 2596 , Jueves, 15 noviembre 2018
15/12/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

Improcedencia de indemnización por clientela por no concurrir el requisito del potencial aprovechamiento de la clientela por el empresario

DATADIAR
La Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Elda desestimó la demanda de petición de indemnización en concepto de daños y perjuicios con lucro cesante, ocasionados por la rescisión unilateral del contrato de representación y distribución exclusiva de los productos y por la consiguiente pérdida de clientela. Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la parte demandante, la Audiencia Provincial de Alicante, dictó Sentencia estimando parcialmente el recurso debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. Interpuesto recurso de casación por la parte demandada, fueron conocidos por el Tribunal Supremo, quien, en Sentencia de 11 de noviembre de 2011, resolvió los mismos.

El presente recurso de casación versa sobre la indemnización o compensación por clientela tras la extinción de un contrato de agencia por decisión unilateral del empresario.

El planteamiento del primer motivo del recurso de casación se funda en infracción del art. 28.1 LCA por haber prescindido la sentencia recurrida del requisito consistente en el potencial aprovechamiento de la clientela por el empresario, debe ser estimado, ya que tanto de la letra del precepto como de su interpretación por la jurisprudencia de esta Sala se desprende que la indemnización o compensación por clientela requiere no sólo que el agente hubiera aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente y que la indemnización resulte equitativamente procedente por las comisiones que pierda, sino también que la actividad anterior del agente pueda continuar produciendo ventajas al empresario que, además, habrán de ser sustanciales.

Señala el ponente, que dicha omisión de la sentencia recurrida no puede entenderse como un simple olvido o una deficiencia técnica que esta Sala podría suplir, según parece pretender la parte actora-recurrida en su escrito de oposición, dando por existente ese requisito del potencial aprovechamiento de la clientela con base en los hechos probados. Antes al contrario, la omisión sólo puede responder a una incompleta consideración del art. 28.1 LCA por el tribunal de apelación, ya que si tuvo por cierto que la extinción del contrato de agencia estaba justificada por el cese de la actividad de la demandada, absorbida luego por otra sociedad dedicada a una actividad completamente ajena a la de la demandante, difícilmente podía considerar concurrente el requisito de que se trata.

Sobre el segundo motivo del recurso de casación, aunque la parte recurrida, en su escrito de oposición, interesa expresamente que se tenga en cuenta no sólo el contenido de dicho escrito sino también el de su demanda y el de su recurso de apelación, no es posible que, habiéndose aquietado con la sentencia recurrida, impugnada única y exclusivamente por la parte demandada, esta Sala proceda a una nueva valoración de la prueba que, contra lo apreciado por el tribunal de apelación, considere probada la tesis de la actora-recurrida de que la extinción del contrato de agencia no fue más que la vía ideada por el propietario de la compañía nigeriana de pieles para prescindir de sus agentes, entre ellos la demandante, sin indemnizarles como legalmente procedía, pues dicha persona natural habría continuado distribuyendo en España las pieles procedentes de dicha compañía nigeriana mediante otra compañía diferente, que ofreció a la demandante su continuidad como agente pero ya sin exclusividad en la zona geográfica. Para que esta Sala entrara en el análisis de la prueba y pudiera compartir la tesis de la parte actora-recurrida, que además de en tales hechos se sustenta, aunque sin alegarla explícitamente, en la aplicación a esos mismos hechos de la técnica del levantamiento del velo para, en definitiva, concluir que no hubo extinción de un contrato de agencia por denuncia unilateral del empresario sino incumplimiento doloso de éste al resolverlo unilateralmente con la finalidad de eludir normas imperativas de la LCA, sería preciso que la demandante-recurrida hubiera impugnado la sentencia de apelación, pese a haberle sido parcialmente favorable, mediante recurso extraordinario por infracción procesal fundado en arbitrariedad o error patente en la valoración de la prueba y mediante recurso de casación que impugnara la desestimación de su pretensión de indemnización de daños y perjuicios, ya que la sentencia de apelación da por probados unos hechos que descartan por completo el dolo, la mala fe o el abuso de derecho de la única parte demandada en este litigio. En último extremo, la lectura de la demanda interpuesta en su día por la hoy recurrida demuestra que, si bien esta pedía ser indemnizada no sólo por la generación de clientela sino también por daños y perjuicios, lo hacía única y exclusivamente con base en los arts. 28 y 29 LCA, es decir con fundamento en una extinción regular del contrato de agencia por tiempo indefinido en virtud de denuncia unilateral del empresario, sin ninguna petición de indemnización por otros daños y perjuicios fundada en los arts. 1101 o 1124 CC, que sería la correspondiente a los hechos propuestos en su escrito de oposición al recurso de casación y que, según la jurisprudencia, es compatible con e independiente de las indemnizaciones previstas en la LCA. En consecuencia, no habiéndose impugnado la sentencia de apelación por la actora-recurrida en cuanto a su pronunciamiento denegatorio de indemnización de daños y perjuicios, la estimación del recurso de casación de la parte demandada no permite a esta Sala valorar de nuevo la prueba en el sentido que propone aquella parte demandante-recurrida.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. BOE nº 292 de 5 de diciembre de 2011.
El Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito llevó a cabo la mayor reforma de la regulación del sistema de garantía de depósitos en España desde su fundación con un doble objetivo dirigido a culminar la recapitalización y reestructuración del sistema financiero. En primer lugar, la reforma afrontó la unificación de los hasta entonces tres fondos de garantía de depósitos en un único Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, manteniendo las funciones y rasgos característicos de los tres fondos a los que sustituyó. En segundo lugar, se dirigió a la actualización y fortalecimiento de la función de resolución del Fondo unificado a fin de garantizar su actuación flexible en el reforzamiento de la solvencia y funcionamiento de las entidades. El principio esencial sobre el que se fundamentó dicha reforma, principio que tanto las instancias financieras internacionales como el Gobierno han situado en la base de la intervención ante la crisis financiera es el de que los costes ocasionados por la reestructuración del sector financiero sean asumidos por el propio sector, con el fin de que no se trasladen los costes del sector privado al erario público, es decir, al contribuyente, y ello sin perjuicio del mantenimiento de la estabilidad y solvencia del sistema financiero. El presente Real Decreto-ley procede a completar y reforzar dicha reforma del sistema, revisando el tope legalmente fijado para las aportaciones anuales que las entidades deben realizar al fondo, elevándolo del 2 al 3 por mil para garantizar que se dota al Fondo de su máxima capacidad operativa.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de estafa impropia. Delito de falsedad documental. Doctrina de la Sala. Delito de contrato simulado. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de julio de 2011
Delito de estafa impropia. Delito de falsedad documental. Elaboración apócrifa de un documento de poder, otorgado ante un notario de Gibraltar, y por el que se hacía constar que la víctima había otorgado una escritura mediante la que apoderaba al acusado para que en su nombre y representación se ejercitaran y otorgaran todas las facultades y actos, y en particular la venta de viviendas y la suscripción de las escrituras necesarias para dichos asuntos. Con tal poder los acusados comparecieron en una notaría, y atribuyéndose ser mandatario del perjudicado transmitieron el pleno dominio de una finca por un precio que se decía ya satisfecho. Urdida esta maniobra jurídica, suscriben un préstamo hipotecario por 257.510 euros, sin que se atendiera ninguna de las cuotas para su amortización. En el caso el escrito de acusación hacía expresa imputación de realizar un negocio jurídico simulado al suscribir ante notario un contrato de compraventa, mencionándose datos o elementos fácticos que permitían sugerir que el contrato era una mera ficción, por ausencia de voluntad de llevar a cabo la transmisión, pues el titular dominical lo ignoraba por completo, con inexistencia de contraprestación. Delito de contrato simulado. Doctrina de la Sala: el contrato simulado otorgado en perjuicio de tercero constituye una modalidad de delito de estafa denominada falsedad defraudatoria o estafa documental, en el que varias personas se ponen de acuerdo para aparentar la realidad de un contrato cuando éste no existe o lo es con una modalidad diferente de la que exterioriza, produciéndose una declaración mendaz que se traduce, normalmente en una escritura pública o en un documento privado. Esta figura delictiva exige para su apreciación: a) otorgar un contrato como sinónimo de extender un documento público o privado y a través del cual se pone de relieve un negocio jurídico, bien sin existencia real alguna (simulación absoluta) o bien con ocultación del contrato verdadero (simulación relativa). b) que el resultado de la simulación tenga una valoración perjudicial de carácter patrimonial, conforme a la normativa jurídica que regula el tráfico de bienes. c) que se tenga conciencia y voluntad libre de la simulación realizada.


Mercantil

Calificación de créditos: el crédito de los arrendadores financieros sobre las rentas impagadas por el arrendatario y las exigibles por una cláusula de vencimiento anticipado. Tribunal Supremo. Sentencia 28 de julio de 2011
El artículo 15 de la Ley 28/1988, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles, exige, para que las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer sean oponibles a terceros, la inscripción en el Registro correspondiente. Sin embargo, la misma Ley, tratándose de contratos de arrendamiento financiero -regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito- que se refieran a bienes muebles que reúnan las características señaladas en el artículo 1, contempla la inscripción como una mera posibilidad no revestida del carácter de esencialidad-. A la vez, dicha disposición adicional faculta al arrendador financiero para reclamar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, mediante el ejercicio, entre otras, de la acción ejecutiva sobre el patrimonio del deudor, si es que aquel consta en alguno de los documentos a que se refieren los ordinales cuarto y quinto del apartado 2 del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De otro lado, el artículo 56 de la Ley 22/2003, al referirse a la ejecución de garantías reales, tampoco exige como requisito necesario o esencial la inscripción del contrato de arrendamiento financiero en el referido registro. Antes bien, admite como alternativa para el ejercicio de la acción de recuperación del bien arrendado, la formalización de aquel en documento que lleve aparejada ejecución.

Seguro de accidentes: Cláusulas limitativas de derechos y delimitadoras del riesgo. Delimitación del riesgo de invalidez parcial en las condiciones generales. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de julio de 2011
Varias sentencias descartan que la delimitación del objeto del seguro sea función exclusiva de las condiciones particulares, pues también cabe que las generales contengan cláusulas delimitadoras del riesgo, que, consecuentemente, serán válidas y oponibles frente al tomador aun cuando no se hayan respetado las formalidades del artículo 3 LCS.  La aplicación de esta doctrina conduce a confirmar el pronunciamiento impugnado, por el que la AP ratificó la solución del Juzgado en relación a la cuantificación económica de la invalidez permanente parcial, declarando conforme al contrato, y a las condiciones generales integradas en el mismo, la decisión de la aseguradora de fijar la indemnización correspondiente a dicha garantía en función de un porcentaje sobre la suma total prevista para la absoluta. Siendo las generales del contrato de seguro del caso de autos unas cláusulas que contribuían a delimitar el riesgo, sin limitar los derechos del asegurado de manera sorpresiva respecto de la cobertura normal y usual en este tipo de contratos, su vigencia y eficacia no dependía de que se ajustaran a la forma prevista en el artículo 3 LCS, resultando suficiente la declaración genérica consignada en las particulares de que tuvo conocimiento de aquellas.


Civil

Resolución del contrato de arrendamiento por obras inconsentidas cuando las obras realizadas excedan de los actos propios del uso cedido al arrendatario, con invasión de las facultades inherentes al dominio del arrendador. Tribunal Supremo. Sentencia 13 de julio de 2011
La sentencia recurrida, tras analizar la prueba que se ha practicado, concluye que las obras realizadas por el arrendatario afectan a la configuración del local; también valora que debido a su naturaleza y envergadura no pueden calificarse de obras urgentes ni necesarias y en modo alguno pueden ser consideradas, como insiste el recurrente, de escasa entidad: La Audiencia no se opone a la jurisprudencia que se dice infringida, sino, muy al contrario, en función de las conclusiones que alcanza y en aplicación de esa doctrina, estima el recurso de apelación. Hay que tener en cuenta que  la casación no es una tercera instancia, por consistir su función en contrastar la correcta aplicación del Ordenamiento a la cuestión de hecho tal y como fue sentada por el tribunal de instancia; en consecuencia, incurre en el defecto de hacer supuesto de la cuestión quien, como hace el recurrente, margina los hechos declarados probados por la sentencia de instancia y presenta un motivo en el que, aduce una infracción normativa y jurisprudencial, que sólo tiene cabida desde un supuesto de hecho diferente al expuesto por la sentencia recurrida.

Préstamo participativo. Naturaleza jurídica.  La principal obligación es la devolución del principal e intereses en el tiempo pactado. Tribunal Supremo. Sentencia 13 de julio de 2011
Cuando una persona, física o jurídica, precisa de un capital, lo puede obtener de muy diversas maneras, pero si lo hace en forma de préstamo, su obligación esencial es la devolución. Lo cual no viene alterado por el artículo 20 del Real Decreto-ley 7/1996, 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica. En dicha norma no se define el préstamo participativo; se dan unas reglas sobre el interés y la optativa cláusula penalizadora y se añade la previsión de que en prelación de créditos (si ésta se plantea) se sitúa después de los acreedores comunes y, además, impone la consideración de fondos propios a los efectos de la legislación mercantil. De esta norma se desprende que no se altera la naturaleza jurídica de préstamo, sino que se mantiene el principio de responsabilidad patrimonial universal que proclama el artículo 1911 del Código civil por lo que deberá devolver el capital prestado y los intereses pactados, en virtud de la naturaleza de préstamo. En este caso, la necesidad de tal prelación o la insolvencia, no sólo no se ha acreditado, sino que se ha declarado probado lo contrario. En cuanto a que los préstamos participativos tienen la consideración de fondos propios, no altera la naturaleza jurídica del préstamo. El capital obtenido se integra en los fondos propios, pero no excluye la obligación de devolver el capital y pagar los intereses, conforme a la naturaleza del préstamo recibido.


Laboral

Es imposible extinguir el contrato por el art. 50.1.b) del ET si la relación laboral se había extinguido por el Juzgado de lo Mercantil en el marco de un procedimiento concursal voluntario. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 11 de julio de 2011
La cuestión principal que se plantea en el presente recurso estriba en determinar si los tres trabajadores recurrentes, que interpusieron demandas individuales solicitando la extinción voluntaria de sus contratos al amparo del art. 50.1.b) del ET por falta de pago o retrasos continuados en su abono, tienen o no derecho a ejercitar con éxito tal acción cuando, en el momento en el que se dicta la sentencia de instancia del orden social, su relación ya se había extinguido en virtud de un auto del Juzgado de lo Mercantil que, en el marco de un procedimiento concursal voluntario, así lo declaró con carácter colectivo y tras el acuerdo con los representantes de los trabajadores. Y, como se deduce de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la respuesta ha de ser negativa, tal como decidió la resolución impugnada, por más que en ella se opte por la formula procesal de negar la existencia de acción a los demandantes -lo que en el caso supone, obviamente, la desestimación de su pretensión resolutoria- en lugar de, como probablemente hubiera sido más correcto, desestimarla sin más. Ello es así porque, siendo también doctrina jurisprudencial consolidada que «el éxito de la acción basada en el art. 50 ET exige que el contrato esté vivo en el momento de dictarse la sentencia, porque la sentencia tiene en estos supuestos carácter constitutivo y -de prosperar la acción- declara extinguido el contrato en la misma fecha en la que se dicta», y aunque sea posible ejercitar la acción resolutoria pese a que se haya iniciado un ERE que esté pendiente de decisión, lo verdaderamente cierto y relevante a los efectos que aquí interesan no es sino que, mal se puede declarar que un contrato se extingue desde la fecha de la sentencia y con derecho a determinada indemnización (45 días por año de servicio), si el mismo ya había fenecido anteriormente por mor de una legítima decisión administrativa y con otra indemnización (20 días por año de servicio); por definición, sólo cabe «extinguir» lo que esté «vivo».

Paralización de los salarios de tramitación, cuando dicho depósito se verifica después del plazo de 48 horas siguientes al despido pero antes de la conciliación. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 11 de julio de 2011
La cuestión que se plantea en este recurso se ciñe a determinar si, conforme al art. 56.2 del ET, para producir la reducción de los salarios de tramitación a los devengados hasta la fecha del depósito, cuando dicho depósito se verifica después del plazo de 48 horas siguientes al despido pero antes de la conciliación, y habiendo reconocido la improcedencia del despido, le basta al empresario con consignar solamente el importe de la indemnización debida por el despido o debe incluir también el importe de los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta que se constituye el depósito definitivo. El texto literal del precepto examinado, considerado aisladamente, remite, en cuanto al depósito a realizar, en el Juzgado de lo Social, a la indemnización prevista en el párrafo a) del apartado anterior, -que se refiere exclusivamente a la indemnización de 45 días de salario por año de servicio-, pero de ello no cabe concluir que la consignación no deba abarcar, también, los salarios de tramitación a los que se refiere el párrafo b), si bien limitados a la fecha del acto de conciliación -quizá esta limitación ha sido la determinante de la no remisión al párrafo b), en cuanto éste extiende los salarios de tramitación a fecha más lejana, que es la notificación de la sentencia declarativa de la improcedencia del despido-. La interpretación contraria conduciría al absurdo de eliminar, a priori, en un acto de conciliación, concebido como instrumento de evitación de proceso y de una sentencia que ponga fin al mismo, el aseguramiento de uno de los elementos indemnizatorios -salarios de tramitación- que integra junto con el de la indemnización -cuarenta y cinco días por año de antigüedad- el contenido obligatorio de la sentencia declarativa de la improcedencia del despido. Ello, conduciría, además, a una inadecuación entre la oferta del empresario y la aceptación del despedido, con la consecuencia lógica, no querida por el legislador, de vaciar de contenido aquella finalidad de evitar el proceso judicial mediante el acto de conciliación administrativo, en cuanto muy difícilmente el trabajador prestaría el consentimiento a una oferta, que no comprenda el contenido íntegro de la obligación impuesta «ex lege» al despido improcedente.


Administrativo

Aprobación de un Plan Especial para instalaciones deportivas. Tribunal Supremo. Sentencia 5 de enero de 2011
A pesar de estar clasificado de no urbanizable el suelo de uso dotacional o para sistemas generales por el planeamiento, su valoración, a efectos de ejecutar éstos por el sistema de expropiación, debe hacerse como si de suelo urbanizable se tratase. Así, existe un Plan Especial aprobado con la finalidad de ejecutar unas instalaciones deportivas al servicio de los ciudadanos de un municipio, que, al venir el suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento general en vigor, no puede alterar tal clasificación, aunque debe prever, conforme al principio de equidistribución de beneficios y cargas, que el suelo en cuestión tendrá que valorarse, dado su destino, como suelo urbanizable. Por ello, ese suelo destinado a equipamiento municipal, deberá valorarse como si de suelo urbanizable se tratase.

Información pública de Planes Parciales urbanísticos. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de enero de 2011
Aunque la clasificación como suelo urbano sea reglada, ello no impide que en la documentación disponible en la información pública aparezcan los elementos de juicio relevantes de los que se deduzca ese carácter, pero es que, además, entre las condiciones y observaciones señaladas por la Comisión aparecen todas las recogidas que hacían imprescindible su aportación en un nuevo trámite de información pública para que ésta pueda servir al fin que le confiere el ordenamiento jurídico de control en la elaboración del planeamiento por los ciudadanos. El contenido de los Planes Parciales no fue sometido a información pública una vez recaída la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana combat ido. Además, las soluciones adoptadas, y en particular los planos de ordenación, no son congruentes con la literatura de la Memoria del Plan General desde el momento que fue preciso incorporar ex novo planos y documentos justificativos que se debieron incluir ab initio, y ello con independencia de que hiciesen referencia al suelo urbano, aunque el carácter de éste sea reglado.

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