edición: 2829 , Lunes, 21 octubre 2019
09/04/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El mecanismo para calcular la incapacidad permanente discrimina a la mujer

Javier Ardalán
No se ajusta al Derecho de la UE, el mecanismo corrector que prevé la legislación española de la Seguridad Social para los casos en que el interesado no haya cotizado durante algunos meses al régimen de seguridad social durante los ocho años previos a la solicitud de incapacidad permanente.
Así lo estima el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE Ives Bot en sus conclusiones sobre una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, al considerar que esta normativa conduce a establecer una diferencia injustificada en la cuantía de la pensión a la que se tiene derecho, entre el colectivo de trabajadores a tiempo parcial, que, según el órgano jurisdiccional remitente, está compuesto mayoritariamente por mujeres, y el de trabajadores a tiempo completo.

La aplicación de la disposición controvertida condujo a que el período durante el cual la interesada interrumpió el abono de sus cotizaciones se integrase al cálculo de su pensión de incapacidad a partir de bases de cotización reducidas a una octava parte, a pesar de que, durante una gran parte de su carrera profesional, ejerció una actividad a tiempo completo y cotizó consecuentemente al régimen de seguridad social.

En circunstancias como las del litigio principal, este método de cálculo ha conducido efectivamente, por tanto, a una reducción de la cuantía debida en concepto de pensión de incapacidad de la interesada, de una manera desproporcionada con respecto a las cotizaciones abonadas por ésta a lo largo de su carrera profesional, y ha constituido, por lo que a ella atañe, una desventaja.

El tribunal español consideraba que esos métodos de cálculo podrían tener un carácter discriminatorio respecto a los trabajadores que hayan desarrollado una actividad a tiempo parcial durante el período inmediatamente anterior a una interrupción del abono de sus cotizaciones al régimen de seguridad social. Las mujeres se verían particularmente afectadas, dado que las mujeres son mucho más numerosas que los hombres entre los trabajadores a tiempo parcial en España (80% en 2010 y 73% en 2013).

Esta semana se emitirá la sentencia definitiva, aunque el 90 por ciento de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE se fallan en el mismo sentido que las conclusiones del abogado general.

La cuantía de las pensiones de incapacidad permanente se calcula teniendo en cuenta las bases de cotización abonadas durante los ocho años anteriores al momento en que se produjo el hecho que provocó la incapacidad. Este mecanismo corrector permite integrar esos períodos en la base reguladora de la pensión de incapacidad teniendo en cuenta bases de cotización denominadas «ficticias». Cuando el interesado haya cesado su actividad profesional inmediatamente después de un período de actividad a tiempo completo, se tendrá en cuenta la base de cotización aplicable a los períodos de trabajo a tiempo completo.

Sin embargo, esta disposición no es aplicable a los trabajadores a tiempo parcial. Cuando el interesado haya trabajado a tiempo parcial durante el período inmediatamente anterior a la interrupción de esas cotizaciones, la integración de los períodos en los que no haya cotizado se calculan a partir de una base de cotización reducida, que resulta de aplicar el coeficiente relativo al trabajo a tiempo parcial.

De ello resulta una diferencia en la cuantía de la pensión de incapacidad a la que se tiene derecho entre los trabajadores que han ejercido una actividad a tiempo parcial durante el período inmediatamente anterior a la interrupción de las cotizaciones y los trabajadores que han ejercido una actividad a tiempo completo, para los cuales la integración de esos períodos se calcula a partir de una base de cotización completa.

El abogado general explica que la disposición controvertida se aplica indistintamente a los trabajadores y a las trabajadoras, de modo que no establece discriminaciones directamente basadas en el sexo.

Sin embargo, parece que introduce una discriminación indirecta contraria al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7 ya que, a la luz de los datos estadísticos que caracterizan la situación de la mano de obra en España, puede perjudicar de hecho a un número mucho mayor de mujeres que de hombres.

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