edición: 2362 , Martes, 12 diciembre 2017
15/10/2008
Nueva doctrina del Supremo

Incumplir los plazos en el proceso inspector no produce su caducidad

Javier Ardalán

El Tribunal Supremo ha publicado una interesante sentencia de ámbito tributario en la que se concluye, que el incumplimiento de plazos en el procedimiento inspector no produce la caducidad del mismo, que debe continuar hasta su terminación. Así, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye en esta sentencia (de 11 de julio de 2008), que con esta situación “se introduce una excepción a la regla general de caducidad de los procedimientos tributarios y a la especial del procedimiento sancionador”.

Las sentencias que aclaran o modifican la doctrina sobre la prescripción de las actuaciones inspectoras siempre levantan polémica, por cuanto la interpretación que realiza la Sala influye en la imposición o no de sanciones y constituyen un importante precedente al que oponer fallos en sentido contrario en los recursos de casación en el régimen contencioso-administrativo.

Así, la sentencia referida estima que el plazo máximo de paralización del antiguo artículo 31.4 del Reglamento General de Inspección Tributaria no era aplicable a la ejecución de resoluciones y sentencias, pues en tal caso la Inspección estaba desarrollando una función de ejecución económico- administrativa o judicial que no constituía, propiamente, una actuación inspectora de comprobación e investigación. Así, se fijó en las sentencias de 6 de Junio de 2003, 30 de Junio y 4 de Octubre de 2004.

Sin embargo, matiza la Sala, que el nuevo artículo 150-5 de la Ley General Tributaria (L. 58/3003), introduce una importante novedad relacionada con la duración de las actuaciones del procedimiento de inspección, que afecta a los procedimientos en las que una resolución judicial o económico-administrativa ordena su retroacción, al establecer que las actuaciones inspectoras deberán finalizar en el periodo que resta desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el apartado 1 de este artículo o en seis meses, si aquel periodo es inferior, agregando que el citado plazo se computará desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución.

En todo caso, la tesis que se propugna no coincide con la doctrina de la Sala, que señala, en relación a los expedientes instruidos conforme a la normativa anterior a la Ley 1/1998, que la consecuencia del incumplimiento del plazo establecido en el artículo 60.4 del Reglamento General de Inspección no es la de caducidad ni la nulidad o ineficacia del acto administrativo del Inspector Jefe que sea extemporáneo (sentencias de 4 de Febrero y 4 de Marzo de 2003, 3 de Junio de 2004 y 25 de Enero de 2005 ), porque en materia de comprobación e investigación tributaria la ley no fijaba un plazo de duración de dichas actuaciones, como se deducía de la Ley General Tributaria de 1963, y del Anexo 3 del Real Decreto 803/1993, que fue validado por sentencia de esta Sala de 4 de diciembre de 1998, existiendo una disposición específica (artículo 105.2 de la Ley ) que prohibía el efecto de la caducidad con motivo del incumplimiento de los plazos.

Por otra parte, aunque la Ley 1/1998, de 26 de Febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, modificó la situación, estableciendo en el artículo 29 que el plazo máximo para llevar a cabo las actuaciones de comprobación e investigación y liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos era de 12 meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las actuaciones, con posibilidad de prolongación por otros doce meses cuando se traten de actuaciones de especial relevancia, o cuando se descubrieran nuevas actividades profesionales o empresariales del investigado, no pretendió establecer un plazo de caducidad.

Esta afirmación, explica el ponente, el magistrado Frías Ponce, se sustenta en que al prever como único efecto del incumplimiento los plazos, tanto del de seis meses de interrupción injustificado como del de duración de las actuaciones, ´que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de tales actuaciones´, (apartado 3 del artículo 29 de Inspección), ordenando el artículo 31 quater del Reglamento de Inspección, (modificado por el Real Decreto de 4 de Febrero de 2000) en esta situación la continuación de las actuaciones hasta su terminación.

Estas circunstancias, se reiteran en el actual apartado 2 artículo 150 de la Nueva Ley General Tributaria, al contemplar únicamente la eficacia interruptiva de la prescripción en estos casos, señalando ahora la Ley de forma expresa que el incumplimiento de plazos en el procedimiento inspector no produce la caducidad del mismo, que debe continuar hasta su terminación, con lo que se introduce la excepción a la regla general de caducidad de los procedimientos tributarios contenida en el artículo 104 de la Ley, y a la especial del procedimiento sancionador, de la que hablábamos al principio.

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