edición: 2741 , Martes, 18 junio 2019
22/02/2011
OBSERVATORIO FISCAL

Indemnización e intereses cobrados derivados de un accidente de circulación

DATADIAR

El artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley 35/2006) establece en su apartado d) la exención para las indemnizaciones como consecuencia de la responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida. También se reconoce la exención para las indemnizaciones por el mismo tipo de daños derivados también de contrato de seguro de accidentes, salvo que sus primas sean deducibles de los rendimientos netos de la actividad profesional, en los supuestos de contratos de seguros concertados con Mutualidades que sean alternativa al régimen de autónomos de la Seguridad Social.

La normativa sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor determina que corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros y hasta el límite cuantitativo del aseguramiento obligatorio, indemnizar a quienes hubieran sufrido daños en sus personas, por siniestros ocurridos en España, en aquellos casos en que el vehículo causante fuera desconocido.

Por lo tanto, una indemnización como la que se analiza derivada de la responsabilidad civil en la que se incurre por un accidente de circulación y determinada por resolución judicial, le resultará de aplicación la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, antes referida.

La legislación del seguro también comprende en estos casos el pago de unos intereses por retraso en el cobro de la indemnización. En estos casos, sería discutible considerar incluidos estos intereses en el beneficio de la exención en la  medida que no están contemplados en el art. 7.d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Siendo lo anterior así, cabe plantearse otra controversia, cual es, la de la calificación en el impuesto de estos intereses, basándose en si tienen o no naturaleza indemnizatoria o remuneratoria.

Los intereses remuneratorios tienen como finalidad ser contraprestación de la entrega de un capital en un plazo de tiempo. Éstos tienen la consideración de rendimientos de capital mobiliario en el Impuesto.

Los intereses indemnizatorios tienen por finalidad no retribuir sino resarcir de algún perjuicio o daño, por el incumplimiento o por el retraso en el mismo respecto de una obligación. Este es el supuesto, en nuestra opinión, en el que nos encontramos y que por lo tanto, no pueden recibir el tratamiento de rendimientos de capital mobiliario, sino que deben tributar como ganancia patrimonial.

En cuanto al momento en que debe incluirse en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, consideramos que debe imputarse al periodo en que la resolución judicial de la que traen causa adquiera firmeza, formando parte de la base imponible del ahorro según el criterio establecido por la Dirección General de Tributos.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

La compensación económica por jubilación a los 65 años se considerará rendimientos del trabajo a integrar en la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. D.G.T. C, (01/10/2010).
El convenio colectivo de ámbito estatal para las entidades de seguros establece una compensación económica por jubilación a los 65 años, consistente en el abono por una sola vez de una cantidad determinada en función de los años de servicio. El consultante es empleado desde 1963 de una entidad que ha suscrito una póliza de seguros para instrumentar este compromiso por pensiones. La prima no es objeto de imputación fiscal. Tratamiento fiscal correspondiente a dicha compensación económica, en la vigente Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El régimen fiscal vigente a 31 de diciembre de 2006 calificaba igualmente estas prestaciones de rendimientos del trabajo y, de acuerdo con el artículo 94 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, los contribuyentes podían aplicar un porcentaje de reducción cuando la prestación se percibía en forma de capital. Así, en los seguros de vida cuyas primas no hubieran sido imputadas fiscalmente al trabajador, se podía aplicar una reducción del 40 por 100 a las prestaciones por jubilación percibidas en forma de capital que correspondían a primas satisfechas con más de dos años de antelación a la fecha de percepción, conforme disponía el artículo 94.1.b) del citado texto refundido. Teniendo en cuenta lo anterior, la compensación económica por jubilación a los 65 años se considerará rendimientos del trabajo a integrar en la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Además, al percibirse en un pago único, podrá resultar aplicable el régimen transitorio antes trascrito.

Existencia de dos pagadores a afectos de la determinación de la obligación de presentar declaración en un supuesto de sucesión empresarial. D.G.T. C, (04/10/2010).
Como consecuencia de una reestructuración societaria producida en 2010, la sociedad en la que venía trabajando el consultante es absorbida por otra que a su vez segrega dos partes de su patrimonio a favor de otras dos sociedades, produciéndose una sucesión de empresa en los términos del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Si, a efectos de la práctica de las retenciones sobre los rendimientos del trabajo de los empleados, es correcto el considerar en 2010 la existencia de un solo pagador. La incidencia que en los ámbitos laboral y tributario tiene la sucesión de empresa nos lleva a concluir que, por lo que respecta al IRPF, la sociedad cesionaria mantiene la condición de mismo pagador, a efectos de la determinación del tipo de retención aplicable sobre los rendimientos del trabajo a percibir por los trabajadores procedentes de la empresa cedente. Por tanto, para estos trabajadores no se produce (a efectos de la determinación del límite de la obligación de declarar por la obtención de rendimientos del trabajo) la existencia de más de un pagador por el hecho de pasar a formar parte de la plantilla del nuevo empresario: la sociedad cesionaria.

Tribunales

Ajustes extracontables por dotación de provisiones de fondos internos. Audiencia Nacional. Sentencia 7 de octubre de 2010.
Es correcta la imputación de la totalidad de los ingresos y gastos a la Sociedad Agraria de Transformación, no siendo ajustada a derecho la distribución de los ingresos a sus socios y cónyuges en proporción a las hectáreas de viñedo propiedad de cada uno, y en minorar los gastos deducidos en la Sociedad Agraria de Transformación, considerando no deducibles aquellos que correspondían a la explotación efectivamente realizada por las personas físicas. Consecuentemente existe una unidad de actuación en la SAT respecto no sólo a lo afectado formalmente a ésta sino también al resto de viñedos propios de los socios y sus cónyuges, siendo así que dicha conclusión se corresponde con el reconocimiento expreso efectuado por el representante de la sociedad en el curso de las actuaciones. En relación a la valoración del trabajo personal de los socios de la SAT,  la cesión de tierras de los socios y de sus cónyuges y el cálculo del gasto fiscal por amortizaciones, hemos de decir que estamos ante beneficios especiales que, siendo optativos debieron haber sido declarados por el sujeto pasivo, de forma que si en su día no se produjo la opción por el régimen fiscal de que se trate, como ocurre en el supuesto que se enjuicia, no pueden ser aplicados pues ni siquiera existe la contabilización del inmovilizado que justificaría el beneficio extraordinario.

No es aplicable la corrección monetaria y del régimen de diferimiento por reinversión de beneficios extraordinarios a los inmuebles que no tienen la calificación de inmovilizado material. Audiencia Nacional. Sentencia 7 de octubre de 2010.
No se integrarán en la base imponible las rentas obtenidas, una vez corregidas en el importe de la depreciación monetaria, en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado, material o inmaterial, y de valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de toda clase de entidades que otorguen una participación no inferior al 5 por 100 sobre el capital social de las mismas y que se hubieren poseído, al menos, con un año de antelación, siempre que el importe de las citadas transmisiones se reinvierta en cualquiera de los elementos patrimoniales antes mencionados, dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores. En el caso de autos, la inclusión de un elemento en el activo fijo o circulante de la contabilidad de la empresa depende del destino del bien en la empresa que, además, puede ser objeto de modificación en el periodo de su permanencia en la empresa. De esta forma, los inmuebles destinados a ubicar los servicios de la empresa a través de los cuales desarrolla su actividad y los destinados al arrendamiento son bienes del inmovilizado material, por tanto, acogibles a los beneficios fiscales controvertidos, mientras que los destinados a la venta, tanto construidos como adquiridos por la empresa, son bienes del circulante, en concepto de existencias y, por tanto, no pueden acogerse a los referidos beneficios fiscales. No es aplicable la corrección monetaria y del régimen de diferimiento por reinversión de beneficios extraordinarios a los inmuebles transmitidos pues no es procedente su aplicación a unas fincas que no tienen la calificación de inmovilizado material. Se excluye la aplicación del beneficio del diferimiento por reinversión a las sociedades que tributan en régimen de transparencia fiscal.

Tribunales Económico-Administrativos

Trato discriminatorio en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de sociedades matrices residentes en la Unión Europea con participaciones superiores al 5%. TEAC R, (26-10-2010).
Es contrario al derecho comunitario el trato diferente a sociedades matrices no residentes en España y residentes en la Unión Europea que alcanzan participaciones del 5% en filiales, pero no alcanzan los porcentajes superiores del artículo 14.1, de la LIRNR, con respecto al trato de las sociedades residentes en España que alcanzan ese 5%. La diferencia de trato supone una tributación mayor de las no residentes. (Sentencia de TJUE de 3 de junio de 2010, procedimiento de infracción C-487/10). Por ello las sociedades matrices no residentes en España que alcancen el nivel de participación del 5% deberán soportar el mismo nivel de tributación, por los dividendos distribuidos de sociedades filiales residentes, que las sociedades matrices residentes en España con la misma participación (en éstas el efecto final de tributación es nulo por la vía de la deducción del 100% en la cuota). Debe aclararse que en la sentencia se contempla el nivel de tributación por las rentas obtenidas en la fuente integrando también las reglas de tributación del país de residencia de la matriz. Por ello debe tenerse en cuenta si en el país de residencia puede ser deducida la retención soportada en España (lo que puede darse en el marco de convenios de doble imposición), ya que si fuera deducible la retención, el efecto impositivo final derivado de la tributación en España por las rentas sometidas a retención sería equivalente a no haber soportado retención, lo que acabaría equiparando la tributación entre residentes y no residentes. En el caso concreto se reconoce el derecho a la devolución de la retención, salvo que hubiera sido devuelta en todo o en parte, al retenido o al retenedor, ya que a una sociedad residente con participación igual que la reclamante, le hubiera sido aplicable una bonificación en la cuota del 100% (equivalente la exención) mientras que la entidad no residente soporta una tributación final igual a la retención.

La exención por primera matriculación sólo se aplicará si se produce el arrendamiento del bien a la empresa de navegación aérea. TEAC R, (16-11-2010).
El análisis de la procedencia de la exención del IEDMT concedida en la matriculación de una aeronave, al amparo del artículo 66.1.k) de la Ley 38/1992, exige determinar si realmente se ha producido el arrendamiento de cosa a favor de una entidad de navegación aérea ya que, las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez. En el presente caso, puesto que el importe de la renta que recibe el arrendador equivale al resultado económico de la explotación de la cosa y los ingresos del arrendatario no dependen de dicho resultado se llega a la conclusión de que no se trata de un contrato de arrendamiento de cosa, sino de un contrato de arrendamiento de servicios, por lo que no procede la exención. Sentencia Audiencia Nacional 26/05/08.

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