edición: 2109 , Viernes, 2 diciembre 2016
25/09/2008
Observatorio Jurídico

Indemnización por clientela en la distribución en exclusiva

Datadiar

Se inició el litigio por parte de la sociedad distribuidora de productos agroquímicos y fitosanitarios, contra la fabricante de los mismos, por haberle comunicado verbalmente, que a partir del día siguiente, dejaba de ser distribuidora, remontándose la relación entre ambas partes aproximadamente a 10 años atrás. Se reclamó el pago de una indemnización de los daños y perjuicios causados por la rescisión unilateral y sin preaviso del contrato de distribución en exclusiva, así como una indemnización por clientela.

La posibilidad de que los contratos de concesión o distribución, por tiempo no sólo indefinido sino también determinado, generen por su extinción el derecho del concesionario o distribuidor a una compensación económica a cargo del concedente o fabricante por la clientela ganada gracias al esfuerzo empresarial del primero, y de la que pueda aprovecharse el segundo tras la extinción del contrato, se ha reafirmado en varias ocasiones por la jurisprudencia de esta Sala, fundamentándose dicha Jurisprudencia en lo injustificado del enriquecimiento o ventaja adquirida por el concedente merced a la extinción del contrato, enriquecimiento correlativo y no tanto al empobrecimiento del distribuidor, así como en la creación de un activo empresarial, gracias a su esfuerzo, que a partir de entonces va a aprovechar únicamente a aquél.

La evolución jurisprudencial en la materia ha sido patente y así, comienza aplicándose la indemnización por creación de clientela a los contratos carentes de regulación legal, sobre la base de una equiparación a las situaciones de enriquecimiento injusto que se produciría en los supuestos de que la clientela creada con el esfuerzo del agente fuera aprovechada por el concedente o principal,

La anterior doctrina se sostiene sobre la base de que el pago indebido sin error puede ser remediado por medio de una ´condictio sine causa generalis´, dando al artículo 1895 del Código civil un alcance más amplio del que deriva de su literalidad, lo que implicaría tener por ´cobro´ otros supuestos de adquisición y se aplicaría a desplazamientos patrimoniales de modo que sólo quedarían definitivos y eficaces cuando obedecieran a prestaciones realizadas para la consecución de finalidades lícitas, reales y existentes.

Frente a lo anterior, no faltan también sentencias en las que cabe advertir una posición crítica frente a la aplicación de la teoría del enriquecimiento injusto; y así, se dice que el posible enriquecimiento de la concedente debido a la extinción del contrato tendría una causa tan perfectamente identificada como indiscutiblemente lícita, y que no sería otra que el propio contrato´, pues ´la captación de clientes durante la vigencia del contrato no es sino una de las prestaciones propias, en realidad la más característica, del concesionario, quien al asumir la obligación de promover las ventas de los productos del concedente debe una prestación de la que no sólo resulta beneficiado este último, por una posible fidelidad futura del comprador a su marca, sino también el propio concesionario, porque a mayor volumen de ventas mayor es su ganancia, beneficiándose ambas partes del mismo modo que a ambas beneficia también el prestigio de la marca, normalmente debido al esfuerzo empresarial del concedente´.

El principal fundamento de la STS (Sala 1ª) de 15 de enero de 2008, para conceder el derecho a la obtención de una compensación por clientela, en los contratos de distribución, viene dado porque tal desequilibrio sobrevenido no se daría en las prestaciones de las partes durante la vida del contrato, sino en la situación patrimonial de cada una al extinguirse la relación contractual y tener ésta que liquidarse, liquidación con causa desde luego en el contrato mismo; y tampoco se debería a circunstancias extraordinarias, sino a la propia ejecución normal u ordinaria del contrato.

En definitiva, en los casos de extinción de un contrato de concesión o distribución, la compensación por clientela y la aplicación analógica del artículo 28 de la Ley del Contrato de Agencia no pueden obedecer a criterios miméticos o de automatismo, sino al contrario, se deberá probar la efectiva aportación de clientela y su potencial aprovechamiento por el concedente, del mismo modo que corresponderá a los tribunales ponderar todas las circunstancias del caso, como en especial sería la integración o no del concesionario en una red comercial que aproxime significativamente su posición a la del agente.

Equipo jurídico mercantil de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (D.O.U.E nº 136, de 24 de mayo de 2008).
El objetivo de la Directiva es facilitar el acceso a modalidades alternativas de solución de conflictos y fomentar la resolución amistosa de litigios promoviendo el uso de la mediación y asegurando una relación equilibrada entre la mediación y el proceso judicial. Se aplicará, en los litigios transfronterizos, en los asuntos civiles y mercantiles, con la salvedad de aquellos derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación pertinente. No se aplicará, en particular, a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos ni a la responsabilidad del Estado por actos u omisiones en el ejercicio de su autoridad soberana (acta iure imperii).

Orden EHA/889/2008, de 27 de marzo, por la que se actualiza el limite de las prestaciones económicas de las mutualidades de previsión social establecido en el apartado 1 del articulo 65 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
Por lo que se refiere a la previsión de riesgos sobre las personas, el precepto enumera, en primer término, las coberturas que pueden otorgar, señalando que podrán cubrir las contingencias de muerte, viudedad, orfandad y jubilación, garantizando prestaciones económicas en forma de capital o renta; asimismo, podrán otorgar prestaciones por razón de matrimonio, maternidad, hijos y defunción y podrán realizar operaciones de seguro de accidentes e invalidez para el trabajo, enfermedad, defensa jurídica y asistencia, así como prestar ayudas familiares para subvenir a necesidades motivadas por hechos o actos jurídicos que impidan temporalmente el ejercicio de la profesión.

En segundo término, el precepto establece un límite cuantitativo a las prestaciones económicas que garanticen, de manera que éstas no pueden exceder de 21.000 euros como renta anual ni de su equivalente actuarial como percepción única de capital.
El tercer párrafo del artículo 65.1 habilita al Ministro de Economía y Hacienda a actualizar el citado limite, considerando la suficiencia de las garantías financieras para atender las prestaciones actualizadas.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de homicidio. Atenuante de drogadicción. TRIBUNAL SUPREMO (Sala 2ª). Sentencia de fecha: 2 de junio de 2008.
Derecho a la presunción de inocencia: el Tribunal Superior de Justicia dispuso de prueba de cargo, legítimamente obtenida en el acto del plenario, suficiente para contrarrestar el derecho de presunción de inocencia invocado. Consta acreditada la presencia del recurrente en el lugar de los hechos,  la existencia de un enfrentamiento con la víctima, a quien cogió del cuello y tiró al suelo, si bien atribuye las puñaladas que causaron su muerte a un tercero desconocido, de forma claramente exculpatoria. Atenuante de drogadicción: consta acreditada la adicción del recurrente a sustancias estupefacientes. Sin embargo, no se dice que el mismo se hallaba en estado de intoxicación plena o bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impidiese comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Tampoco consta que su comprensión estuviese sensiblemente disminuida o alterada, lo que impide apreciar la atenuante como muy cualificada. Error en la apreciación de la prueba: las declaraciones testificales no son documentos casacionales por lo que se desestima el motivo.

Mercantil

Se han de imponer por ello a la entidad financiera demandada las consecuencias perjudiciales de la falta de prueba. Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 12 de mayo de 2008
Carece de regulación sistemática, pero jurisprudencia y doctrina aplican sin dudas el régimen de los    artículos 303 a 310 del Código de Comercio, integrado, con carácter supletorio    (artículos 2 y 50 CCom. y 4.3    CC) con los    artículos 1758 a 1784 CC. De los artículo 306 II y 307 III del CCom. y 1766 CC se deduce que el depositario responde por culpa de los menoscabos, daños y perjuicios de las cosas depositadas, de su conservación y riesgos, que naturalmente comprende, entre otros, la desaparición del numerario que sólo cabe restituir al depositante o a la persona y en la forma señalada en el contrato.

Revisión por maquinación fraudulenta. Requisitos. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 15 de mayo de 2008
Ha de ponerse de relieve, en primer término, que el Recurso de Revisión no es una nueva instancia en la que puedan ser discutidas otra vez las cuestiones que ya fueron analizadas en el proceso en el que recayó la sentencia impugnada. Su finalidad, la del Recurso de Revisión, se reduce a examinar si concurre alguna de las causas, taxativas, establecidas por la Ley y esgrimidas por el recurrente, que hacen procedente la anulación de la sentencia recurrida

Civil

Contrato de arrendamiento de local de negocio. Reclamación de cantidad. Denegación de la presencia de la figura de la compensación. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 4 de junio de 2008
no puede obstar la excepción de ´non adimpleti contractus´ alegada por la demandada, pues los hechos que la sustentan son los mismos en que funda su reconvención (incumplimientos de la contraparte referidas a la exclusiva de actividad de parque infantil y al funcionamiento del ascensor), con la invocación de una compensación de lo debido por rentas, con lo que se le adeudaría, por la indemnización que solicita en la reconvención, que no es procedente, pues para ello ambas deudas deber estar vencidas, y ser líquidas y exigibles (artículo 1196 del Código Civil), lo que no concurre respecto a la segunda, que es objeto de pretensión judicial y mientras ésta no sea acogida, mediante una resolución, acreditado el incumplimiento alegado conforme al artículo 1101 del Código Civil, no se considera existente en el espacio jurídico.

Accidente de trabajo. Incompetencia de la jurisdicción civil cuando el accidente se produzca como consecuencia de un incumplimiento del contrato de trabajo  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 4 de junio de 2008
En estos supuestos de reclamaciones civiles como consecuencia del incumplimiento de una relación laboral creada por un contrato de trabajo, para deslindar la competencia es decisivo determinar si el daño se imputa a un incumplimiento laboral o bien a una conducta ajena totalmente al contrato de trabajo. En el ilícito laboral el fundamento para imputar la responsabilidad se halla en la infracción de una norma reguladora de esta materia, ya sea estatal, o colectiva. Para delimitar el incumplimiento laboral se debe estudiar, por tanto, si existe la infracción del deber de protección y la calificación de los hechos, en los que se requiere que el empresario actúe como tal. Por ello, para que sea competente la jurisdicción civil, el daño ha de deberse a normas distintas de aquellas que regulan el contenido de la relación laboral, puesto que, cuando exista un incumplimiento de dicha relación, deberá declararse la competencia de la jurisdicción social.

Laboral

Abono por el trabajador de los daños ocasionados en el camión de la empresa por conducirlo a una velocidad el doble de la permitida, a 80 km/h, cuando el límite estaba en 40 km/h. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. Sentencia de fecha: 27 de febrero de 2008.
Al amparo del Art. 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral como primer motivo de recurso, apartado A) alega la parte recurrente que la reconvención formulada por la empresa y admitida por el juzgado de instancia le causó indefensión entendiendo vulnerado el art 24 de la Constitución Española así como el art. 85.2 de LPL al no haberse expresado los hechos en que se fundamentaba y los art. 7 del Código Civil en relación con el art. 247 de LEC al entender que la reconvención formulada era sorpresiva. Tal motivo del recurso debe de ser desestimado y ello teniendo en cuenta que el art. 24.1 de nuestra Constitución de 27 diciembre 1978 EDL 1978/3879 dice que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión, recordándonos al hilo de tal trascendente y decisivo principio, del Estado de Derecho que en España se constituye, a tenor del art. 1 EDL 1978/3879 y del preámbulo de la citada Constitución EDL 1978/3879 ´ el art. 5.1 de la LOPJ. de 1 de julio de 1985 que en tal Norma Fundamental EDL 1985/8754. en tanto eje sobre el que gira el total Ordenamiento Jurídico Nacional, y tal vulneración no existe cuando el recurrente puede acudir a los Tribunales a afectos de ejercitar sus derechos y ello indistintamente que se alcance o no éxito en las pretensiones ejercitadas.


El accidente litigioso no puede ser imputado al causante de la prestación a título de imprudencia temeraria, no se ha roto el nexo de causalidad pudiéndose considerar al accidente como de carácter laboral. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 13 de marzo de 2008.
No afecta a la existencia del presupuesto de contradicción, por ser irrelevante, el hecho de que el conductor, causante de la  prestación por muerte y supervivencia, circulara sin tener puesto el cinturón de seguridad, ni que el camión-remolque soportara  una sobrecarga de 423 kg. sobre los 40.000 kg. que constituía el límite de descarga, pues tales hechos no se configuran como  antirreglamentarios en el atestado realizado por la Guardia Civil -no incluye como infracción el no uso del cinturón de seguridad,  ni la sobrecarga por ser inferior al 2´5% de la tara- que, únicamente, estimó que la ´causa principal o eficiente de la producción  del resultado fue el exceso de velocidad´ (se dice, también, expresamente que ´si influye en el aumento del espacio requerido  para la total detención del vehículo´). 

Administrativo

Pagan 50.000 euros como indemnización por fallecimiento por infección de la madre de la recurrente. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. Sentencia de fecha: 3 de abril de 2008.
Se hace necesario, aludir a los parámetros que permitan determinar el grado  de corrección de la actividad administrativa a la que se imputa el daño, que permita diferenciar los supuestos en los que el  resultado dañoso se pueda imputar a la actividad administrativa y aquellos y aquellos otros en los que el resultado se ha debido  a la evolución natural de la enfermedad y al hecho de la imposibilidad de garantizar la salud en todos los casos.

Este parámetro de determinación de la normalidad en la asistencia sanitaria se encuentra, generalmente, en el criterio de ´la lex  artis´ (STS 14/10/02), basado en el principio básico de que la obligación profesional de la medicina es de medios y no de  resultados, es decir, la obligación es de prestar la debida asistencia médica y no de garantizar, en todo caso, la curación del  enfermo.

Indemnización de daños y perjuicios por el retraso en el diagnóstico de cáncer de mama a una mujer de 29 años con antecedentes familiares. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 29 de abril de 2008.
Cabe constatar omisión de la Administración sanitaria, al haber obviado los factores de riesgo tan relevantes que presentaba la recurrente, a la hora de prescribir las actuaciones adecuadas para realizar un diagnóstico que solo se realiza certeramente cuando aquella acude a otros profesionales y ese retraso en el diagnóstico determinó de forma directa y eficaz una evolución negativa del carcinoma que afecta directamente a sus posibilidades de supervivencia. Además tampoco cabe aceptar, como hace la sentencia recurrida, que fuese la paciente la que decidió no hacerse la punción, y ello no ya solo porque la actora ante el abandono a que se siente sometida cambia de medico y porque no hay ningún dato en su historia clínica que permita tener por acreditado que tal información se le dió, sino porque aun cuando se admitiera que se dio conocimiento a la recurrente de las opciones que se recogían en el propio informe de la ecografía, no se ha probado por la Administración como le hubiera incumbido y ninguna constancia hay de ello, que la información fuese acompañada de los mínimos detalles para que pudiera pronunciarse con un elemental conocimiento sobre la influencia de sus antecedentes familiares en los riesgos de padecer un carcinoma, así como de su adecuado y rápido diagnóstico, en función de tales antecedentes.

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